Miércoles, 7 de diciembre de 2016

| 2008/10/01 00:00

La Ley de víctimas está empolvándose en el Congreso

La ley que busca la reparación integral a las víctimas del conflicto está estancada en la Cámara de Representantes. El representante ponente, Guillermo Rivera, le pidió al gobierno y a sus aliados retomar la discusión para sacarla adelante.

Las víctimas de los paramilitares, que están registradas en la Fiscalía ascienden a más de 140 mil. Foto: Foto: AP

A través de una carta, el representante a la Cámara por el Partido Liberal, Guillermo Rivera Flórez, solicitó al Ministro del Interior Fabio Valencia Cossio, retomar el diálogo para sacar adelante la Ley de Víctimas. En la carta, Rivera le indica al Ministro que los acercamientos entre los interesados en aprobar el proyecto y el gobierno, se han frustrado y el proyecto está estancado en la Cámara de Representantes.

“Quedamos en volvernos a reunir para trabajar en los puntos en los que no estábamos de acuerdo, el Viceministro (Gilberto) Orozco me dijo que al día siguiente me llamarían, sin que ello haya ocurrido”, dice la carta, que también menciona la cancelación por parte del gobierno de varios encuentros programados para discutir la iniciativa.

La Ley de Víctimas comenzó a discutirse en la legislatura pasada, y ya ha cursado dos debates, uno en la Comisión Primera del Senado y el otro en la Plenaria de la misma corporación. Le faltan solo dos debates.

El proyecto de ley contempla una reparación integral consistente, no solo en entregar dineros a las personas que han sido víctimas del conflicto en Colombia, sino la creación de un museo en memoria de quienes han muerto producto de la guerra. El proyecto de Ley busca también incluir dentro de las personas a reparar, a aquellas víctimas de agentes del Estado.

La iniciativa ha sido aplaudida por las organizaciones sociales y por la Oficina para los Derechos Humanos en Colombia de Naciones Unidas. El gobierno se ha mostrado en desacuerdo con varios puntos. Por ejemplo con el que reconoce dentro de las víctimas a las de agentes del Estado y con la de devolverle las tierras a quienes han sido desplazados por la violencia.

El llamado de Rivera Flórez se da en medio de dos noticias graves de violación a los derechos humanos: el hallazgo de 46 cadáveres de jóvenes que primero fueron reportados como desaparecidos, hecho que la Fiscalía investiga sin descartar la tesis de que fueron asesinados por grupos de limpieza en connivencia con agentes del Estado; y la denuncia, hecha por la ONG Codhes, del aumento inusitado de las cifra de desplazados en lo corrido de este año.

En la legislatura pasada, el entonces Ministerio del Interior, Carlos Holguín Sardi, adujo que no había presupuesto para aprobar esa Ley, sin embargo fue aprobada, ya que la mayoría en la Plenaria del Senado estuvo de acuerdo en que al país le hace falta una norma que repare y reconozca las víctimas del conflicto.

Sin embargo, en este período legislativo el tema ha pasado a un segundo plano. Las reformas a la Política y a la Justicia, y ahora el referendo, han concentrado la atención de los congresistas, aunque ninguno de estos proyectos de Ley se ha empezado a discutir.
El representante Rivera, quien es uno de los ponentes de la iniciativa en la Comisión Primera de la Cámara, le pide al gobierno que retome la discusión sobre la Ley, y advierte que no aprobarla “solo va a perjudicar a las miles de víctimas de la violencia en el país, quienes han encontrado en este proyecto de ley, una luz que les alivie en algo el calvario que ha sido hasta ahora”, dice Rivera.

Rivera también le recuerda al Ministro en su carta, que en aras de acercar las víctimas al Congreso, se han hecho seis audiencias públicas en las que han participado varios congresistas, el propio Viceministro del Interior, Gilberto Orozco, y grupos de víctimas de diferentes partes del país. “Cuatro mil personas han asistido y se han presentado un gran número de propuestas al articulado del texto aprobado en el Senado de la República”, dice Rivera.

Todo con el fin de volver a poner en la agenda política a las víctimas de la violencia de un país donde la crisis humanitaria es una de las más graves del mundo.


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