Emilio Otero, secretario general del Senado y Jesús Alfonso Rodríguez, secretario general de la Cámara, fueron salpicados en el escándalo derivado de la aprobación de la reforma a la Justicia. La razón fue un mico que se introdujo en el informe de conciliación a última hora, y que decía que estos funcionarios administrativos del Congreso ahora tendrían un fuero constitucional especial, a la altura de los presidentes de la República y los magistrados.

Otero está en el ojo del huracán pues él también estuvo presente como secretario durante la conciliación de la reforma.
 
Este miércoles La W le increpó, no solo por su participación, sino por no haberse opuesto a la medida que claramente lo beneficiaba. Otero se defendió argumentando que la propuesta para recibir el beneficio no fue de su autoría, sino que más de 30 senadores presentaron una proposición en el último debate en la plenaria del Senado. En la misma entrevista, el funcionario admitió que él no tenía por qué objetarla.

En la última semana se conoció que el secretario del Senado ha sido denunciado penal y disciplinariamente por varias razones, y que el fuero constitucional podría beneficiarlo porque ya no sería investigado como los demás funcionarios, sino que su juez cambiaría, en caso de que la reforma a la Justicia entre en vigor.

SEMANA conoció la proposición que le daría estos beneficios a los secretarios del Congreso y confirmó que fueron más de treinta los congresistas que la radicaron.  Estos son 20 nombres que corresponden a firmas que SEMANA pudo identificar, comparándolas con otros documentos del parlamento: Juan Carlos Restrepo, Mauricio Aguilar, Martín Morales, Nora García Burgos, Samy Merheg, Lidio García, Alfonso López, Olga Suárez, José Herrera, Karime Mota, Germán Hoyos, Samuel Arrieta, Antonio Guerra, Carlos Barriga, Bernardo Elías, Luis Fernando Duque, Jorge E. Ballesteros, Honorio Galvis y Manuel E. Rosero. Las demás firmas son ilegibles en el documento y es difícil su confirmación. Vea la proposición.
 
En diálogo con La W, Otero señaló que los parlamentarios consideraron que los secretarios de las dos cámaras “tenemos una función notarial” que “significa una responsabilidad muy grande”, por lo cual “vieron” que deben tener un aforo.

En ese sentido, el funcionario advirtió que no quiso blindarse para dilatar las investigaciones en su contra, las cuales, según él, fueron abiertas por denuncias de anónimos.
 
Otero también explicó que al ser aforado su juez natural sería la Corte Suprema de Justicia e indicó que esa condición no significa "impunidad". No obstante, en caso de que la reforma sea promulgada, los secretarios del Congreso, antes de ser procesados penalmente, deberían ser sometidos a un juicio político, un beneficio del que gozan los presidentes de la República, fiscales, procurador y contralor.
 
Según Otero, el artículo que proponía que los secretarios fueran aforados obtuvo 57 votos a favor. Aclaró que previo a la votación, el ministro de Justicia y el viceministro de esa misma cartera, revisaron el tema y “no hicieron ningún reparo”.

“Consideraron (los congresistas) que los secretarios generales de Senado y Cámara tenemos una función notarial frente a los acotos que se debaten en plenaria en ejercicio de control político (…) Significa que es una responsabilidad muy grande (…) Y ven que la función notarial es grande y que tienen que tener aforo”, explicó.
 
Con respecto a su participación en la conciliación del proyecto, Otero aclaró que como secretario está presente en las actuaciones de los trámites legislativos

"Yo no me siento culpable, en mi vida por el Congreso solo ha habido frutos" , concluyó.