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Un nuevo estatuto e estupefacientes, que actualice la Ley 30 de 1986, presentará el gobierno en el Congreso.

DROGAS

La nueva política antidrogas del Gobierno

Un nuevo estatuto estupefacientes, que incluye nuevas normas contra la producción y medidas de prevención al consumo, será la ofensiva con la que el gobierno de Juan Manuel Santos pretende golpear la oferta y la demanda de drogas.

23 de junio de 2011

Pese a que en el mundo se allana el camino para abrir el debate sobre la legalización de las drogas y dar un giro a la guerra contra la producción, tráfico y consumo de estupefacientes, el Gobierno colombiano alista la que será su “nueva ofensiva” para combatir este flagelo.
 
La estrategia contempla un proyecto de ley que el Gobierno pondrá a disposición del Congreso el próximo 20 de julio. Se trata del nuevo estatuto de estupefacientes que pretende actualizar la Ley 30 de 1986, una iniciativa que para el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, requiere la incorporación de jurisprudencia y “ajustar materias que han quedado desuetas”.
 
El proyecto está siendo ajustado por el Ministerio del Interior y ha sido socializado con cerca de 40 instituciones y órganos del Estado, porque el propósito, explicó Vargas Lleras, es que todas las instituciones del Estado “adquieran nuevos compromisos” en la lucha contra las drogas.
 
Semana.com conoció que el nuevo estatuto estupefacientes pretende dotar a jueces y fiscales de mayores herramientas legales para atender los delitos de producción y tráfico de estupefacientes. Por eso se harán reformas al código penal.
 
El nuevo estatuto también obligará al Ministerio de Educación a implementar en colegios públicos programas de prevención del consumo de drogas. No se ha decidido si este proyecto de ley contempla la propuesta de incluir la adicción a las drogas como una enfermedad que deba ser atendida por el Plan Obligatorio de Salud (POS).
 
El nuevo estatuto también contempla un capítulo dedicado a la política de sustitución de cultivos y nuevas disposiciones en materia de la política de erradicación de cultivos ilícitos.
 
La liquidación de la DNE
 
Este proyecto de ley será un complemento a otras acciones que ha venido diseñando el Gobierno y que están a pocos días de entrar en plena vigencia.
 
Por ejemplo, la liquidación de la Dirección Nacional de Estupefacientes. Según el ministro del Interior, a más tardar el 5 de julio el Gobierno expedirá el decreto con el que las funciones de esta entidad se trasladarán a otras instituciones del Estado.
 
Vargas Lleras explicó que se creará una oficina de “alto nivel”, con jerarquía de viceministerio y adscrita a la nueva cartera de Justicia, que se convertirá en la “columna vertebral” del diseño de la política antidrogas del Estado.
 
El manejo de bienes incautados a la mafia pasará a la jurisdicción del Ministerio de Hacienda, para separar de forma definitiva las funciones de administración, liquidación y monetización de estas propiedades.
 
El ministro del Interior también explicó que estas nuevas acciones se complementan con otras disposiciones, como el estatuto de seguridad ciudadana, que será sancionado este viernes por el presidente Juan Manuel Santos en Medellín.
 
Otras es una disposición incluida en el Plan de Desarrollo, que le permite al Estado la monetización de los bienes de la mafia pero desde el mismo momento de su incautación, para agilizar los largos procesos judiciales de extinción de dominio.
 
Esto no significa que estos procesos se eliminen, explicó Vargas Lleras. El Estado puede monetizar los bienes, y en caso de que un fallo sea adverso, el Gobierno deberá reintegrar el dinero del bien.
 
Aunque el Plan de Desarrollo ya fue sancionado por el presidente, está bajo el estudio de la Corte Constitucional.
 
La meta concreta
 
Esta nueva política antidrogas del Gobierno busca metas “más ambiciosas”, según palabras del director de la Policía, general Óscar Naranjo. El propósito es reducir la oferta y demanda de droga, al menos en el mercado interno.
 
Según Naranjo, el objetivo concreto es que en 2014 las hectáreas con sembrados de coca no superen las 30.000 y bajar los índices de producción que en 2010 se elevaron a cerca de 350 toneladas, de las cuales 150 fueron incautadas por las autoridades.
 
Para el Director de la Policía Nacional, mientras en el mundo “parece estar de moda” hablar del fracaso de la lucha contra las drogas, “el modelo colombiano ha sido exitoso y debe continuar”.