La puerta a la intervención en política de mandatarios

Alonso Salazar está a poco más de un mes de culminar su periodo como alcalde de Medellín. Su gestión ha tenido importante respaldo, por lo que muchos advierten que su paso por la alcaldía podría significar el inicio de una carrera política de orden nacional.
 
Sin embargo, por estos días, Salazar no sólo está preocupado por culminar su administración. También por defenderse de una demanda disciplinaria que estaría adportas de poner fin a su carrera política.
 
En la pasada campaña, el alcalde de Medellín hizo públicas denuncias de presuntos nexos del entonces candidato Luis Pérez con la ilegalidad. Aunque Salazar dijo que eran simples opiniones, la Procuraduría podría calificarlos como intervención en política.
 
Y mientras este caso se resuelve, y cerca de 718 demandas parecidas en todo el país (según lo reveló recientemente la procuradora delegada para la función pública, María Eugenia Carreño), el Congreso empieza a resolver un polémico proyecto que blindaría a los mandatarios de estas posibles sanciones.
 
El proyecto
 
La participación abierta y directa en política de los funcionarios públicos es el objetivo de un polémico proyecto de ley que comenzó su tránsito en el Congreso y que cuenta con el respaldo del Gobierno.
 
Se trata de un proyecto que le abriría las puertas a que servidores públicos desde el Presidente de la República, el vicepresidente, los ministros, gobernadores y alcaldes, entre otros, puedan participar en campañas políticas, algo que hoy les es prohibido según el artículo 127 de la Constitución.
 
Precisamente, el proyecto pretende reglamentar esta norma y definir con precisión los casos en los que se puede constituir una indebida participación pública de los funcionarios.
 
Este martes, la Comisión Primera del Senado tiene que decidir, en primer debate, si aprueba o no esta iniciativa. O lo que es igual, si abre la posibilidad a que estos funcionarios tengan alguna participación en procesos electorales.
 
El autor del proyecto es el senador del PIN Juan Carlos Rizzeto, cercano al exgobernador del Valle, Juan Carlos Abadía, quien en 2010 fue destituido e inhabilitado por haber participado de reunión privada con diputados del Valle del Cauca y en la que hablaron de apoyar en el departamento la campaña presidencial de Andrés Felipe Arias.
 
Según el proyecto de Rizzeto, el ejercicio del gobierno, por naturaleza, “tiene una dimensión política que no se puede desconocer”. Los 10 artículos de la iniciativa, además, definen las actividades en los que los funcionarios pueden participar, tales como preparar propuestas de campaña, asistir a discusiones o actos políticos, e inscribirse abiertamente como miembros de partidos políticos y participar de sus decisiones.
 
La iniciativa pretende blindar estas posibilidades al señalar que los mandatarios locales o nacionales podrán participar de estas actividades dentro de los cuatro meses anteriores a las elecciones.
 
Eso sí, establece como claras prohibiciones el difundir propaganda, presionar a los empleados a su cargo para respaldar determinada campaña, utilizar las instituciones e instalaciones de su despacho para hacer proselitismo, aprovecharse del cargo, recibir dinero por su actividad política, y desde luego, destinar recursos públicos con fines políticos.
 
Aunque en el Senado, y en el propio gobierno, hay coincidencia en que la participación en política de funcionarios “debe reglamentarse”, hay quienes piensan que este proyecto podría ser riesgoso para la futura transparencia de los procesos democráticos.
 
Los riesgos
 
Si este proyecto se aprueba, dicen algunos, se podría desequilibrar la competencia por el poder, especialmente en los municipios, pues allí quien gana las elecciones controla la mayoría de instituciones. Y si se permite la participación de mandatarios en campañas, muchos temen que los funcionarios influyan a favor de determinados candidatos.
 
Por eso, el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, respaldó el proyecto, dijo que si no se reglamenta al detalle, la iniciativa “puede ser muy mala”.
 
Y además, ante los rumores sobre que este proyecto podría tener “nombre propio”, Vargas Lleras también mostró su preocupación sobre el futuro de las sanciones ya impuestas a funcionarios por participación en política, algo que deberá ser resuelto por el Congreso: “Otro elemento importante es qué va a pasar con las investigaciones disciplinarias que están en curso, o si a las personas que han sido sancionadas por participar en política, les rige o nos les rige el principio de favorabilidad”, dijo Vargas Lleras.
 
El senador Carlos Enrique Soto (la U), ponente del proyecto, explicó que lo que el único propósito es establecer "reglas claras" sobre cómo pueden participar en política los funcionarios públicos para que "no se les sancione por una simple opinión".
 
Y respecto de los funcionarios ya sancionados, el ponente aclaró que si las sanciones se produjeron sólo por emitir opiniones, podrían verse favorecidos.
 
La iniciativa, probablemente será aprobada, pues todos los partidos políticos, incluido el opositor Polo Democrático, han mostrado su apoyo.