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| 3/28/2011 12:00:00 AM

La U reclama al Gobierno: ¿dónde están las reformas sociales?

Once proyectos conforman la nueva agenda que el Gobierno pondrá en consideración del Congreso. Diez son de autoría del Ministerio del Interior y podrán colapsar las comisiones primeras.

A la congestionada agenda de proyectos que tiene el Congreso, el presidente Juan Manuel Santos le sumó once iniciativas que van a hacer más dilatado el trabajo del legislativo.
 
Santos, en presencia de varios sectores políticos, pidió al Congreso su concurso para contar con estos instrumentos legales. Incluso, para motivar el trabajo de los parlamentarios, señaló al Legislativo como “la sexta locomotora”.
 
“Así se ha comportado el Congreso de la República, como una sexta locomotora, que nos ha permitido el avance de las otras que impulsamos en el Gobierno, y estoy seguro de que seguirá marchando a todo vapor”, dijo Santos al presentar su ambiciosa agenda para el presente semestre.
 
Sin embargo, en el partido de Santos, La U, la ‘nueva agenda’ no cayó de la mejor manera. Porque las principales reformas con las que el mandatario se comprometió en campaña tenían mayor carácter social, mientras que las prioridades, de momento, se las están llevando otras iniciativas que, al parecer, o por lo menos para este partido, no estaban tan subrayadas en el llamado manifiesto de la ‘Prosperidad Democrática’.
 
Además, en la agenda de nuevas prioridades es visible la marcada influencia del ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, pues de la ‘nueva agenda’, diez proyectos pertenecen a esta cartera, la más activa en cuanto a proyectos de ley, y el otro, al de Defensa, como es la ley de inteligencia y contrainteligencia.
 
El senador Roy Barreras, codirector de La U, le dijo a Semana.com que esta nueva agenda tiene “algunos vacíos” porque sigue adoleciendo del impulso hacia las grandes reformas sociales.
 
“A nosotros, y al presidente Santos, nos eligió el país para hacerle frente al desempleo. La economía creció pero el desempleo volvió a subir. No basta con una ley de primer empleo. Se necesita una gran reforma laboral porque a eso que nos comprometimos en campaña, empleo, empleo, y más empleo, no lo estoy viendo en el afán reformista del nuevo gobierno”, dijo Barreras.
 
El senador de La U calificó de útiles las iniciativas presentadas por el Gobierno, pero advirtió que son solo del ministerio del Interior. “El impulso reformista no se puede quedar en códigos y reformas al Estado”.
 
Otro tema que puede preocupar es que esta nueva agenda podría generar un trancón pues la mayoría de proyectos concentrarán la ocupación de las comisiones primeras, que,  además, deberán dar segunda vuelta a las reformas constitucionales, dar el impulso final a la ley de víctimas y seguridad ciudadana, y que tendrán que ocuparse de la nueva ley de inteligencia.
 
Juan Lozano, presidente de la U, le dijo a Semana.com que hay un compromiso por escrito, en la Mesa de la Unidad Nacional, para dar igual prioridad a los proyectos sociales. Uno de ellos, la creación de 500 mil viviendas.
 
“En los informes escritos de la coalición son proyectos absolutamente priorizados y el compromiso se mantiene”, dijo Lozano, a pesar de que en dos anuncios públicos el presidente Santos no los haya mencionado.

La nueva agenda
 
Estos son los once proyectos que esta semana serán radicados por el gobierno en el Congreso.
 
Proyecto de ley inteligencia y contrainteligencia
 
Se trata del mismo que el Presidente Juan Manuel Santos, siendo ministro de Defensa, radicó y que fue aprobado por amplias mayorías en el Congreso, y que luego fue declarado inexequible por la Corte Constitucional, por asuntos de procedimiento.
 
El proyecto establece los fines legítimos y los límites de las labores de inteligencia. Define las funciones y limita los alcances de los organismos de inteligencia.
 
Se impondrán restricciones a seguimientos ilegales.
 
La iniciativa propone -entre otros aspectos- ‘limpiar’ las bases de datos de inteligencia, para excluir a cualquier ciudadano que esté allí por la simple razón de su pertenencia a un sindicato, a una organización de derechos humanos o a un partido político
 
La depuración de estas listas la realizará una comisión presidida por el procurador general de la nación.
 
Se establece mayor protección para agentes de inteligencia que participen de operaciones encubiertas a organizaciones ilegales.
 
Se le otorga más herramientas a la comisión del Congreso que hará control a la inteligencia del Estado y tendrán acceso al control y fiscalización de los gastos reservados.
 
Código Penitenciario y Carcelario
 
Contempla que los servicios de vigilancia interna -así como la administración de los centros penitenciarios- puedan ser contratados con particulares.
 
En el nuevo estatuto quedará consignada la obligación de las autoridades de implementar dispositivos para interrumpir comunicaciones ilegales (bloqueos de señal).
 
También busca fortalecer el sistema de vigilancia electrónica para los permisos de 72 horas y 15 días, que hoy se conceden sin ningún tipo de control.
 
Una de las nuevas disposiciones de esta iniciativa busca eliminar los traslados de internos para que cumplan diligencias judiciales.
 
Si el Congreso así lo determina, se establecerán como obligatorias las audiencias virtuales desde las cárceles. Según Juan Manuel Santos, un operativo de traslado, además de los riesgos ante posibles fugas, le cuesta al estado 100 millones de pesos y en casos supera los 200 millones cuando involucra a presos de más alta peligrosidad.
 
Reforma al régimen departamental
 
El propósito de esta reforma es dotar a los departamentos de un régimen político y administrativo que sea útil para su gestión, que los fortalezca y que impulse una descentralización efectiva.
 
La ley les dará a los gobernadores la responsabilidad de la prevención y la atención del riesgo para casos de emergencia, como la ola invernal.
 
Les dará, entre otras, la función de armonización de los planes de ordenamiento territorial municipales.
 
El proyecto también crea una regulación especial para departamentos de frontera, de manera que puedan convenir programas de cooperación e integración fronteriza con entidades territoriales de países vecinos, para impulsar el desarrollo sostenible, la prestación de servicios públicos, la protección del medio ambiente y la ejecución de obras públicas.
 
Reforma del régimen municipal
 
Este proyecto busca evitar desorden en la conformación política del territorio nacional. También endurece los requisitos para crear nuevos municipios, de manera que se tenga en cuenta su viabilidad fiscal e impacto político en la gobernabilidad territorial.
 
Uno de esos requisitos (para crear un nuevo municipio), por ejemplo, es el número mínimo de habitantes, que pasaría de 14 mil a 18 mil.
 
En concordancia con el proyecto de Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, se amplía el concepto de la asociación de municipios para que abarque la integración de sus respectivos planes de desarrollo en un modelo de planificación integral conjunto.
 
El presidente de la República aclaró que la reforma a las contralorías departamentales y municipales no irá en estos proyectos porque quedará incluida en el Estatuto Anticorrupción, que ya está haciendo trámite en el Congreso.
 
Derechos de autor
 
Busca ampliar la tipificación del delito de violación a los derechos patrimoniales de autor. La pena hoy es de 4 a 8 años de prisión, pero está limitada a la piratería de obras físicas; es decir, libros y discos compactos de música y películas que, por ejemplo, se vendan en la calle.
 
Este proyecto apunta a sancionar en igual medida a quienes ‘pirateen’ obras no digitales, es decir, a quienes comercialicen este tipo de material a través de las redes informáticas.

La ley regulará la responsabilidad de las empresas que prestan servicios en Internet, pues sus redes son las que usan los piratas.
 
Voluntariado
 
Con esta iniciativa se busca crear el Sistema Nacional de Voluntariado para articular los esfuerzos de la Defensa Civil, la Cruz Roja y los Bomberos. Ellos son el cuerpo de Primera Respuesta a las emergencias o calamidades.
 
Estos voluntarios tendrán algunos beneficios en educación, en subsidios de vivienda y programas de vivienda de interés social, y quienes no están afiliados a salud, quedarán incluidos en el régimen subsidiado.
 
Reforma al Sistema Nacional de Bomberos
 
La idea es consolidarlos como una institución sostenible. “No podemos tener unos bomberos que vivan de rifas y de bingos”, declaró el Jefe de Estado.
 
El proyecto pretende aumentar recursos del Fondo Nacional de Bomberos, que se alimenta actualmente del uno por ciento de las pólizas contra incendios.
 
Los municipios, además, quedarán obligados a establecer un rubro para su cuerpo de bomberos.
 
Código General del Proceso

Esta iniciativa responde a la exagerada lentitud con que se tramitan los procesos judiciales en Colombia. Dicho Código contribuirá significativamente a corregir ese cuello de botella y aplicará para procesos civiles, comerciales, agrarios y de familia.

No sólo prevé la oralidad. El proyecto contempla que sólo sea escrita la etapa inicial de la demanda y la contestación; el resto deberá ser oral, es decir, la audiencia para la práctica de pruebas, la audiencia del fallo y la misma sentencia.
 
La idea del gobierno es que los procesos no se demoren cuatro años, como en general es el promedio, y que puedan ser resueltos en menos de uno.
 
Estatuto de registro de instrumentos públicos
 
El proyecto establece que, en tres años, la Superintendencia de Notariado y Registro sistematice todos los folios de matrícula inmobiliaria. Esta medida servirá para tener mayor control y protección de la información relacionada con la propiedad inmueble.

El estatuto también busca ponerle ‘tate-quieto’ a quienes se apropian de terrenos baldíos -en algunos casos teniendo como cómplices a autoridades de registro-. Eso ha sido posible porque el Estado no tiene un sistema de identificación de esta clase de predios.

Este nuevo estatuto también implementa el concurso de méritos para quienes quieran acceder a las oficinas de registro, similar al concurso ya implementado en materia de notarios.

Jueces de paz

Los jueces de paz son a los que se acude para resolver conflictos por cuantías inferiores a 100 salarios mínimos, susceptibles de transacción y conciliación.

Los jueces de paz -si bien existen desde 1999- no han alcanzado logros significativos.

La propuesta del gobierno es rediseñar el sistema, de manera que tengan un papel más relevante en la resolución de conflictos.
 
El proyecto de ley prevé que los jueces de paz sean elegidos por concurso de méritos, lo cual permitirá eliminar el sistema de elección popular que ha sido nocivo e inoperante.
 
Estatuto Arbitral Nacional e Internacional

Será un instrumento de descongestión judicial. El proyecto exige que los árbitros se desempeñen en una sola materia, demostrando conocimiento especializado a través de sus estudios y experiencia laboral.

Además, prevé que sean elegidos por sorteo público, como medida de transparencia en la designación de árbitros para asuntos en los que intervenga el Estado.

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