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| 3/27/2012 12:00:00 AM

La U, ¿nuevo obstáculo de la reforma a la justicia?

El presidente del partido de gobierno, Juan Lozano, califica de "precario" al proyecto prioritario del presidente Juan Manuel Santos. Le exige al ministro de Hacienda que mejore la fórmula para garantizarle un mejor presupuesto al poder judicial.

Juan Lozano, el jefe del partido de la U, volvió a oponerse a uno de los proyectos prioritarios del presidente Juan Manuel Santos en la presente legislatura. Esta vez, sus nuevos dardos, u observaciones, como prefiere llamarlas, fueron dirigidos a la reforma a la Justicia.

Lozano destapó las cartas del Partido de La U frente al proyecto. Y aunque no utilizó palabras como las de oponerse a la iniciativa, o pedir que el Congreso hunda el proyecto, sí anticipó que el gobierno no la va a tener fácil para aprobar el proyecto. O por lo menos, no contará con la incondicionalidad de La U.

Según lo explicó en la Comisión Primera del Senado, Lozano insistió en que la reforma a la justicia es "precaria". Sobre todo, en lo que él considera que debe ser la naturaleza del proyecto: la descongestión de los procesos y el fácil acceso de los ciudadanos a la administración de justicia.

Es más, para Lozano, este proyecto del gobierno Santos se ha convertido en un escenario para que el Congreso rediseñe el sistema de pesos y contrapesos de la democracia, pero no para resolver "los verdaderos" problemas de la rama.

Por eso Lozano anticipó una especie de oposición al corazón de la reforma: las fórmulas del Gobierno para descongestionar la justicia. El jefe de La U asegura que la propuesta de nombrar abogados particulares y notarios para que resuelvan algunos procesos congestionados en la rama no es más que quitarle las facultades constitucionales al poder judicial, y sacar de su órbita procesos judiciales.

Una afirmación que fue acogida por los miembros de la oposición al Gobierno, los senadores del Polo Democrático. Luis Carlos Avellaneda, la voz del Polo en el proyecto de reforma a la justicia, dice que esa propuesta del gobierno no es más que "la privatización de la justicia".

Avellaneda, además, dice que la propuesta de entregar procesos judiciales es peligrosa. Pues los notarios dependen de la Superintendencia de Notariado y Registro, que está adscrita al Gobierno. "Eso es un despropósito. Que la justicia quede en manos de personas que están jerarquizadas dentro del poder Ejecutivo".  

"Que el ministro de Hacienda cumpla su palabra"

Pero los dardos de Juan Lozano no se concentraron en las fórmulas para la descongestión de la justicia. Quizá sus más fuertes exigencias se dirigieron a la propuesta del Gobierno para mejorar el presupuesto de la rama judicial.

Según el proyecto, el presupuesto de la rama judicial será incrementado de acuerdo con la tasa de inflación más el 2% por un período de cinco años a partir de la vigencia de la reforma.

Los cálculos hechos por varios parlamentarios establecen que con esa fórmula, la rama judicial recibirá 200.000 millones de pesos adicionales, pero cinco años después el presupuesto se reducirá, incluso por debajo de los actuales recursos de la rama.

Lozano insistió que "el Gobierno sabe" que esa fórmula es "insuficiente" y que el ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, se comprometió a presentar otra propuesta.

Sin embargo, dice Lozano, el compromiso de Hacienda fue suscrito el año pasado y fue clave para que la reforma a la justicia se aprobara en sus cuatro primeros debates. Pero ahora, días antes de que se inicie la discusión del quinto debate, la respuesta del ministro Echeverry “brilla por su ausencia”.

Por eso Lozano le pidió al presidente de la Comisión primera, senador Luis Fernando Velasco, que no se presente ninguna ponencia del proyecto hasta tanto no se conozca la respuesta del Ministerio de Hacienda. "No pidan una ponencia a las carreras. Primero hay que tener claridad de cómo se va a financiar la rama judicial".

El jefe del partido de la U confesó que "está mortificado" con las declaraciones de los presidentes de las altas cortes, en el sentido de que advierten que en el Congreso "se está tramitando una reforma que invierte el equilibrio de poderes y que cercena al poder judicial".

Lozano aclaró que no pretende ser la voz de la rama judicial, pero afirma que las preocupaciones del poder judicial, en parte, "les asiste la razón".

Y frente al presupuesto de la rama, Lozano dice que las cortes consideran que en el Congreso "les están metiendo conejo".

¿Se enreda la reforma?

La petición de Lozano pareció tener eco. El quinto debate, que estaba previsto para esta semana, se volverá aplazar. Hay consenso en que se escuche en la Comisión al ministro de Hacienda Juan Carlos Echeverry, como requisito previo para adelantar el debate.

Luis Fernando Velasco, al advertir que el tiempo es el peor aliado de la reforma, aseguró que el quinto debate se hará en los días hábiles de Semana Santa, y está buscando un compromiso con los partidos políticos para hacerlo.

El viceministro de Justicia, Felipe Robledo, dijo que se le pedirá al ministerio de Hacienda que presente la nueva fórmula para la financiación de la rama judicial, al confesar que esta petición del parlamento está dilatando la discusión de la reforma.

Luis Carlos Avellaneda, que es ponente del proyecto, dijo que sin ese requisito estaría pensando en salirse del equipo de ponentes y presentar una ponencia distinta, incluso que pida el hundimiento de la reforma a la Justicia, pues en días pasados, la presidenta del Polo, Clara López, le mandó una carta al presidente Santos pidiendo el archivo de la iniciativa.

De momento, La U vuelve a ser una piedra en el camino para el Gobierno, esta vez con la reforma a la justicia. Un día antes, Juan Lozano, también calificó de "precario" y hasta más peligroso el nuevo proyecto del gobierno con el que pretende fortalecer el fuero militar.

Por eso hay miembros de la Unidad Nacional que califican las palabras de Lozano como las de un jefe de la oposición. Pero en el partido de gobierno lo controvierten y advierten que el único propósito es que el Congreso apruebe una buena reforma a la administración de justicia, y un fuero militar que le dé plena seguridad jurídica a los uniformados. 
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