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| 2/8/2012 12:00:00 AM

La U, el partido de gobierno, condiciona su apoyo a la reforma judicial

Juan Lozano le advierte al ministro de Hacienda que si no cambia la fórmula que le garantice un sólido presupuesto a la rama judicial, su partido, y otros de la Unidad Nacional, no acompañarían el proyecto.

Minutos después que el presidente Juan Manuel Santos le pidiera “efectividad” al Congreso en el próximo periodo legislativo, donde la reforma a la justicia será primer tema de la agenda, Juan Lozano, jefe único del Partido de la U, advirtió que el legislativo no impondrá (ni aprobará) el proyecto que impulsa el gobierno.

Una advertencia en tono de reflexión, aclaró Lozano, pero que según él, será clave para que el proyecto se convierta en reforma constitucional.

Para Lozano, la fórmula del gobierno “es insuficiente” para garantizar la eficiencia de los despachos judiciales. “El gobierno lo sabe y se comprometió a cambiarla. Hasta ahora no conocemos la nueva fórmula. Hay que exigirle al gobierno esa nueva fórmula”.

Según el proyecto de reforma a la justicia, que ha sido aprobado en cuatro debates, se destinará un porcentaje igual a la tasa de inflación esperado, más un incremento adicional del dos por ciento. Además, el gobierno asignará un billón de pesos durante los cinco años siguientes a la entrada en vigencia de la reforma.

Esa fórmula ha sido uno de los asuntos que ha motivado a las altas cortes a apartarse de la discusión del proyecto, pues sus exigencias se elevan al 5 porciento del presupuesto nacional anual.

Esa propuesta, en la práctica, busca que al poder judicial le sea asignado 8,8 billones de pesos anuales. El actual presupuesto para la justicia no supera los 2,4 billones de pesos.

Juan Lozano admite que al gobierno, y en particular al ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, “le choca” esa posibilidad de fijar un porcentaje del presupuesto anual. Pero lo invita a que estudie otras posibilidades.

Entre ellas, dice el jefe del partido de gobierno, pueden ser la asignación de recursos progresivos, según las necesidades de eficiencia y evacuación de procesos congestionados, o la fórmula de un porcentaje del presupuesto.

Lozano también considera que la pretensión de las altas cortes, de fijar su presupuesto en el 5 por ciento del presupuesto, “puede ser exagerada”, pero invita a que el gobierno llegue a un equilibrio.

Pero si el gobierno no revierte su propuesta, Lozano advierte: “no sólo en ‘la U’, en otras colectividades, difícilmente se pueda aprobar ese proyecto”.

Otro de los aspectos que reclama el jefe de la U es que el ministro de justicia, Juan Carlos Esguerra, haga claridad sobre cuáles serán los procesos que conocerán los abogados particulares y los notarios para colaborar en la descongestión judicial. Según Lozano se debe definir de forma explícita en el proyecto que causas podrán salir de la rama judicial.

Esas son las nuevas condiciones para que el Congreso apruebe el proyecto. La segunda vuelta, anunció Lozano, tendrá debates más profundos.
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