Las condiciones de seguridad de los miembros de la comisión de acusaciones

En la noche del martes 14 de junio, luego de haber interrogado por más de cinco horas al narcotraficante Hernando Gómez Bustamante, alias ‘Rasguño’, el representante Héctor Javier Vergara (La U) regresó al hotel donde se hospedaba en Nueva York. El teléfono de su habitación timbró un par de veces. Al otro lado de la línea, una persona le pidió unos minutos y le dijo que lo estaba esperando en el lobby.
 
Sin advertir las consecuencias, y con una ingenuidad que admite, Vergara bajó al rato. Mientras caminaba por la recepción, un hombre al que calificó de “intimidante” lo llamó por su nombre. “Doctor Vergara. Si aprecia su vida y la de su familia, deje las cosas como están”. El hombre dio la vuelta y salió por la puerta principal del hotel.
 
Vergara llevaba dos días en Nueva York y relacionó esas amenaza a las diligencias que adelantaba en ese país. Junto a los representantes Orlando Clavijo y Augusto Posada, recogerían el testimonio de ‘Rasguño’, quien asegura tener información sobre uno de los procesos que adelanta la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes: el homicidio de Álvaro Gómez Hurtado.
 
A mediados de abril, el representante Camilo Abril salía de su oficina en Yopal (Casanare). Una persona que se identificó como desmovilizado de las autodefensas también le sugirió “no meterse en problemas”. Apenas unos días atrás, relata el congresista, había trasladado a la Fiscalía un expediente que reposaba en la Comisión de Acusaciones y que correspondía a una investigación preliminar contra Álvaro Uribe por presunta irregularidad en contratos durante su época de gobernador de Antioquia. 
 
Augusto Posada, también investiga el magnicidio de Álvaro Gómez. Desde que llegó a ser miembro de la Comisión de Acusaciones ha recibido llamadas con el mismo tono 'sugestivo'.
 
Pero más allá de las amenazas, lo que preocupa a varios miembros de la Comisión de acusaciones es que sus condiciones de seguridad los ponen en situación “muy vulnerable”.
 
Vergara cuenta con un escolta y una camioneta entregada por el Congreso para sus desplazamientos en Bogotá. Dice que el vehículos es modelo 2000, registra fallas mecánicas y no tiene ningún blindaje.
 
El presidente de la Comisión, quien también adelanta una investigación contra el presidente Juan Manuel Santos por la operación Fénix, dice que ni él ni su familia tienen plenas garantías de protección. “estamos a merced de los violentos, si quieren cumplir sus amenazas”.
 
Camilo Abril, quien renunció a investigar el caso de las ‘chuzadas’ del DAS, al argumentar que su esquema de seguridad no daba las suficientes garantías, hasta hace pocos días recibió el vehículo que le adjudica el Congreso. Antes, era de los parlamentarios que se movilizaban en taxi, como un ciudadano común y corriente.

Orlando Velandia (Partido Liberal), otro miembro de la Comisión, dice que desde el año pasado los miembros de la célula judicial del Congreso le han remitido esas observaciones a la presidencia de la Cámara y al Ministerio del Interior. “Lo único que hemos recibido es que hagan oídos sordos a nuestras peticiones”.
 
El presidente de la Comisión reveló que al ministerio le han tramitado varias cartas para poner en conocimiento las amenazas y los esquemas de seguridad otorgados. “No solo no ha habido respuesta, los dictámenes de riesgo sobre nosotros señalan riesgo ordinario”.
 
Pese a la situación, Velandia dice que la conciencia en muchos de los miembros de la Comisión de Acusaciones es llegar “hasta las últimas consecuencias” en los procesos que les han sido asignados. “Además de esa voluntad, necesitamos las herramientas mínimas para hacer el trabajo con seguridad”.