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| 10/6/2012 12:00:00 AM

Ley de cuotas: lejos de su objetivo

La ley que establece un porcentaje mínimo de mujeres en los altos cargos del Estado estaría siendo incumplida por el Gobierno nacional, varios departamentos y ciudades capitales. Organizaciones proponen reforzarla.

El viernes 12 de septiembre, el presidente Juan Manuel Santos anunció, frente a la expresidente de Chile Michelle Bachelet, el lanzamiento de la Política de Equidad de Género en Colombia; “una hoja de ruta, para que las mujeres transiten en todos los escenarios de la vida nacional”, según dijo el mandatario. Cuando el turno de hablar le llegó a la exmandataria chilena, Bachelet se quejó de la “escasa presencia de mujeres en las entidades estatales colombianas”.

En ninguna entidad del Estado la participación femenina en cargos directivos sobrepasa el 40 por ciento, a pesar de que, según el Sistema Nacional de Información de Educación Superior, desde el 2002 las mujeres se gradúan más de carreras universitarias que los hombres. Pero esa realidad, palpable para una de las mujeres más influyentes en la región, era peor hace más de 12 años.

En el 2000, el Congreso aprobó una ley que buscó promover la participación de las mujeres en los cargos importantes del Estado a niveles nacional y regional con una cuota mínima del 30 por ciento para los puestos que sean de libre nombramiento y remoción. A partir de ese momento las cifras mejoraron. Sin embargo, actualmente hay varios indicios de incumplimiento de la cuota en los departamentos y en el Gobierno nacional.

Cuota por cada tipo de cargo

La llamada ‘Ley de cuotas’ (581 del 2000), que también establece mecanismos para la participación de las mujeres en el sector privado y en las ternas para nombramientos, ha tenido efectos importantes para las mujeres en Colombia, según Paola Molano, investigadora del centro Dejusticia.
 
El nivel de mujeres en los puestos de libre nombramiento es mayor que en otro tipo de cargos y al mismo tiempo hay un incremento en la cantidad de mujeres en el Estado con respecto a antes del 2000.

La falta de control a la cuota mínima es un lunar que la investigadora destaca. En su criterio, “hay un incumplimiento sistemático de la cuota del 30 por ciento en varios niveles del Estado”.
 
Lo mismo piensa Diana Espinoza, delegada de la Mesa de Género de la Cooperación Internacional en Colombia (MGCI), quien dice que la cuota ha sido inefectiva por falta de control, seguimiento y sanción gubernamental.

Aunque el artículo 4 de la ley dice que la cuota debe ser cumplida tanto para los puestos de ‘máximo nivel decisorio’ como para los de ‘otros niveles decisorios’, uno de los principales problemas es que el texto no es totalmente claro sobre los cargos en los que aplica.
 
El Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) debe sistematizar los datos para verificar el cumplimiento de la ley, pero asume que la cuota es para todos los cargos en general, por lo que cuentan el porcentaje de mujeres en la rama ejecutiva, por ejemplo, como uno solo.

La Corte Constitucional, sin embargo, fue muy clara en la sentencia que avaló la ley (C-371 de 2000), interpretando que la cuota es específica y no global, por lo que en la práctica cada tipo de cargo debe cumplir con la exigencia. En el texto dicen claramente: “A manera de ejemplo, significa que 30 por ciento de los ministerios, 30 por ciento de los departamentos administrativos, 30 por ciento de las superintendencias, etc. deben estar ocupados por mujeres”.

Incumplimiento presidencial

Al revisar quienes ocupan en este momento los cargos de máximo nivel (ministros, superintendentes o directores de departamentos administrativos) en las entidades que utiliza la Corte en su ejemplo, el grupo de ministros es en el único que hay un 30 por ciento de mujeres. En los seis departamentos administrativos sólo hay una directora, lo que implica un porcentaje del 17 por ciento. En las diez superintendencias el porcentaje es 0 por ciento y en caso de que la Superintendente (encargada) de Salud sea ratificada, sería de 10 por ciento.

La ley no obliga al mandatario a sacar de sus cargos a los hombres para nombrar mujeres, pero sí establece que en el momento de presentarse una vacante debe cumplir con la cuota al hacer el nombramiento. Hace dos semanas, el presidente la pasó por alto al nombrar en la dirección de Colciencias, un departamento administrativo, a Carlos Fonseca, perdiendo la oportunidad de obedecer lo interpretado por la Corte.

En abril de este año, en una intervención en el Seminario Internacional de Sistemas Electorales en Bogotá, cuando hablóde las cuotas femeninas en las listas al Congreso, el presidente confesó que no era muy amigo de la ley de cuotas obligadas. “Creo que las mujeres tienen su espacio ganado en la política y en todos los sectores de la sociedad por derecho y por sus capacidades, no porque una ley se los impone” aseguró.

Los defensores de la cuota dicen que esta se ha creado en otros países como un mecanismo temporal que acelera progresivamente la participación de las mujeres en la vida pública, y que cuando llega a un nivel alto y constante, ya no hay necesidad de usarla. En Colombia, sin embargo, la falta de control y de sanciones la ha hecho ineficaz y 10 años después, según Diana Espinoza, “no ha logrado cambiar la cultura institucional en el país”. Las cifras muestran, además, que en los países que aplican estrictamente la cuota, los índices de desarrollo (como el Producto Interno Bruto (PIB)) han aumentado año tras año.

De vieja data

Aunque con la vacante en la Superintendencia de Salud hay una oportunidad para que el presidente comience a cumplir el mandato legal, Dejusticia y otras organizaciones tienen los ojos puestos en el nombramiento debido a que hay más antecedentes de incumplimiento por parte del Gobierno.

En marzo pasado, la bancada de mujeres representantes a la cámara del Partido Liberal le envío una carta al mandatario en la que le reclamaron por incumplir la ley, y el portal de La Silla Vacía publicó un análisis que demostró que sólo se estaba cumpliendo la cuota en los ministerios.

A pesar de estas advertencias, el 23 de abril, cuando hizo uno de sus remesones ministeriales, Santos sacó del Ministerio de Vivienda a Beatriz Uribe y nombró como titular de esa cartera a German Vargas Lleras. Pocos días después, anunció a Federico Rengifo como ministro del interior y finalmente nombró a Miguel Peñaloza a la cabeza del Ministerio de Transporte.

En ese momento, ni siquiera en los ministerios se cumplía con la cuota mínima de mujeres. A finales de mayo, Dejusticia, SISMA Mujer y la Red Nacional de Mujeres demandaron el nombramiento de los tres ministros. El incumplimiento se alargó por casi dos meses, hasta que Ruth Stella Correa fue nombrada ministra de Justicia.

Las demandas alcanzaron a llegar al Consejo de Estado y la entidad reconoció en su decisión que el presidente no hizo caso a la ley antes del último nombramiento y lo exhortó a abstenerse de seguir incumpliendo la cuota en futuras oportunidades. El presidente cumplió este mandato a finales de agosto, cuando pidió la renuncia protocolaria de todos sus ministros y reorganizó el gabinete, pero en departamentos administrativos y superintendencias el incumplimiento se ha mantenido durante estos años.

A nivel regional no escampa

En un balance realizado por la MGCI se encontró que algunas entidades no han presentado sus informes al DAFP acerca del porcentaje de mujeres en su nómina, entre ellas varios departamentos.
 
Al mirar las cifras en las entidades territoriales, solo siete de las 32 gobernaciones (Antioquia, Cundinamarca, Nariño, Putumayo, Risaralda, Tolima y Valle) han informado y cumplido la ley, mientras que el 78 por ciento ha incumplido la cuota en alguno de los últimos 12 años. En las 32 ciudades capitales el cumplimiento sólo se da en el 15 por ciento (Bogotá, Neiva, Villavicencio, Armenia y Bucaramanga).

Las entidades encargadas de verificar el cumplimiento de la ley y de poner las sanciones correspondientes son la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, pero no han tomado decisiones ni sancionado a ninguna autoridad al respecto.
 
Esa falta de control ha generado la movilización de varias organizaciones para vigilar la participación de mujeres en el Estado, pero demuestra la falta de voluntad política.

La bancada de mujeres en el Congreso de la República tiene en su agenda para este año una reforma que busca fortalecer la ley de cuotas. Las organizaciones que apoyan la iniciativa recomiendan dejar claro en el texto en qué tipo y cuál categoría de cargos debe aplicar el 30 por ciento para evitar que se escude el incumplimiento en interpretaciones, así como imponer sanciones e incentivos para que las entidades cumplan.

A pesar de los beneficios que la ley ha traído, es obligación del Estado dar ejemplo desde su máximo nivel y vigilar que las entidades públicas del país la cumplan; de esa manera los anuncios del presidente en el marco de la Política para la Equidad de Generó no se quedarán en simples saludos a la bandera.
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