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| 6/1/2011 4:00:00 PM

Ley de Víctimas, a sanción presidencial

Senado y Cámara de Representantes aprobaron la conciliación, el último trámite del proyecto. Juan Manuel Santos sancionará la ley en presencia del secretario general de la ONU.

Desde el mismo momento de su posesión, el 7 de agosto de 2010, el presidente Santos anunció que durante su gobierno aspiraría “a sembrar las bases de una verdadera reconciliación entre los colombianos”.
 
La Ley de Víctimas del conflicto armado fue calificada por el propio gobierno como el principal paso para ese propósito. Tanto que el 27 de septiembre de 2010 el presidente Juan Manuel Santos, en lo que fue el mensaje político decisivo para la aprobación de esta ley, radicó el proyecto personalmente en el Congreso.
 
El día de su posesión santos también se comprometió con una Ley de Tierras para que los terrenos que han sido despojados “regresen a las manos campesinas, a los que de verdad las trabajan con vocación y con sudor”.
 
Ese capítulo de tierras fue incluido en la Ley de Víctimas que Santos sancionará el próximo 11 de junio, en un acto que contará con la presencia del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, el surcoreano Ban Ki-moon.
 
El proyecto bandera del gobierno espera ahora la rúbrica del mandatario, luego de que las plenarias de Senado y Cámara de Representantes aprobaran este miércoles la conciliación del texto en un trámite ágil que contó con el respaldo de siete partidos políticos.
 
El martes, tras casi dos horas de negociación en el despacho del ministro de Interior, Germán Vargas Lleras, representantes de estos movimientos firmaron un último acuerdo político en torno a la Ley de Víctimas.
 
Los representantes a la Cámara aceptaron que la ley que sancionará el presidente Juan Manuel Santos corresponda al texto que aprobó el Senado en la noche del pasado 24 de mayo.
 
De esta manera, la Cámara cedió en varios puntos neurálgicos. Por ejemplo en la fecha de reparación pecuniaria, que será a partir del 1 de enero de 1985, y no a partir del 1 de enero de 1991, como lo había aprobado la plenaria de la Cámara.
 
Para que los representantes cedieran en sus pretensiones, dos hechos fueron determinantes. Primero, la jurisprudencia de la Corte Constitucional que establece que para las conciliaciones se deberá acoger uno de los dos textos aprobados y no revivir debates o discusiones, tal como lo explicó el ministro Germán Vargas Lleras.
 
El segundo, que los senadores reconocieron que la columna vertebral de la Ley de Víctimas fue la que aprobó la Cámara de Representantes el semestre pasado y que el Senado se encargó de “pulir y afinar algunos términos”, según explicó el senador liberal Juan Fernando Cristo.
 
También se reconoció que durante el debate en el Senado hubo más participación del Gobierno, directamente del presidente Juan Manuel Santos, para lograr los consensos políticos en torno a la ley.
 
El acta del martes fue suscrita por los cuatro partidos de la Unidad Nacional (La U, Partido Conservador, Partido Liberal y Cambio Radical) así como el Partido Verde, el PIN y el representante Jair Acuña, en representación de las negritudes.
 
El único partido que se abstuvo de firmar el acta de conciliación fue el Polo Democrático, movimiento que calificó la ley como “importante” pero con “graves falencias” y que anunció que recurrirá a su derecho de revisión para que sea la Corte Constitucional la que fortalezca los alcances de la ley.
 
Estos fueron los puntos centrales de la conciliación:

- La ley de víctimas hará reconocimiento del conflicto armado interno.

- Serán reparadas simbólicamente todas las víctimas sin importar la fecha, y podrán acceder a indemnización administrativa las victimas desde el 1 de enero de 1985.

- La definición de víctimas incorpora a parejas del mismo sexo.

- Se elimina el criterio de sostenibilidad fiscal como criterio para aplicar la ley.

- Se crea una nueva institución, adscrita a la Presidencia, para encargarse de la reparación a las víctimas (La Cámara había delegado toda la competencia a la agencia presidencial Acción Social).

- Aquellos servidores públicos y empresarios que hayan financiado a los victimarios deberán reparar a las víctimas.
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