Liberales: ¿piedra en el zapato de la sostenibilidad fiscal?

El dilema que enfrenta el Partido Liberal no es de poca monta. Y todo por cuenta de un controvertido proyecto, el acto legislativo que busca elevar como principio constitucional la responsabilidad fiscal.

De ser aprobado, como es propósito del presidente Juan Manuel Santos, en adelante todas las decisiones que adopten las tres ramas del poder público deben estar orientadas por el principio de sostenibilidad fiscal para el Estado.

En otras palabras significa que futuras leyes que comprometan un elevado presupuesto, o incluso, sentencias judiciales que para garantizar derechos fundamentales del ciudadano, deberán estar regidas, en primer término, por marcos de responsabilidad fiscal.

El dilema del liberalismo, y que tendrá que ser resuelto en la tarde de este martes por el director de la colectividad, Rafael Pardo, se concentra, primero en la defensa de la naturaleza de la constitución de 1991, una de las joyas más defendidas por el partido, y segundo, en que está en juego la incondicionalidad profesada al presidente Juan Manuel Santos.

Para muchos de los que se oponen al proyecto, entre ellos el Polo y el Partido Verde, este proyecto, más que una reforma, “es una sustitución” de la Constitución del 91. “Se pretende pasar de un Estado Social de derecho a un Estado Económico de Derecho”, dice el representante del Polo Germán Navas Talero.

Otros, como el representante Alfonso Prada, advierte que uno de los proyectos que se verá minado con esta reforma es el de la ley de la reparación a las víctimas, proyecto del cual el Partido Liberal no sólo ha sido su principal defensor sino que reclama su paternidad y autoría. “Si la ley de víctimas es muy costosa, el principio de sostenibilidad fiscal la convertirá en inviable”, añade Prada.

Parece extraño pero son dos partidos alejados de la Unidad Nacional los que se han convertido en la voz de los principios liberales. Y quizás, refugiados en esas voces, los liberales han asumido una postura poco definida, más cercana a un silencio cómplice, muy incómodo.

Por eso, el dilema para el Liberalismo trasciende sus propios principios ideológicos. Es por eso que este proyecto se ha convertido en un auténtico dolor de cabeza para muchos dirigentes de este partido que, en primera vuelta, como sucedió en el Senado, se opusieron a su aprobación, pero que ahora tienen más división de opiniones por cuenta de que es un proyecto que lo reclama el gobierno Santos.

Porque fue el propio presidente Juan Manuel Santos, cuando se reunió el pasado mes de marzo con la dirigencia liberal, quien pidió el respaldo al proyecto, en un evento en el que resaltó el papel que ha desempeñado el partido en la Unidad Nacional, al punto que calificó de “decisivo e incondicional” ese apoyo.

Rafael Pardo tiene en sus manos ese ‘chicharrón’. Deberá tomar la última palabra, o en última instancia, en algo que no sería muy conveniente para el partido, dejar en libertad a sus representantes.

Si Pardo decide que apoya al gobierno en este proyecto, puede ir en contravía de algunos de sus principios ideológicos, especialmente en la defensa de la Constitución del 91, en la cual el Partido Liberal tuvo mayorías en la asamblea constituyente y la Carta fue firmada por el entonces presidente César Gaviria, quien públicamente ha señalado como principal avance la creación de la acción de tutela para la garantía de los derechos fundamentales.

Y es que uno de los argumento de los opositores del proyecto también se concentra en que esa reforma constitucional eliminaría los alcances de la tutela, un argumento que ha sido rechazado por el ministro de hacienda, Juan Carlos Echeverry.

La polémica maniobra

El proyecto de sostenibilidad fiscal debía de ser aprobado en la noche del lunes en sexto debate. Para eso estaba citada la plenaria de la Cámara de Representantes.

Sobre el papel, el gobierno, con sus mayorías en el Congreso, no tendría mayores inconvenientes para aprobar el proyecto que sólo tiene cuatro artículos. Más aún cuando sólo el Partido Verde y el Polo radicaron una ponencia negativa.

Sin embargo fue el Partido Liberal quien, sin tomar posición, obstaculizó el propósito del gobierno.

Cuando iba a empezar el debate, el representante Guillermo Rivera pidió el aplazamiento de la votación al señalar que el Partido Liberal no ha tomado una decisión de bancada y que el presidente de la colectividad, Rafael Pardo, quería discutirlo al interior del partido.

El anuncio tomó por sorpresa incluso a miembros del liberalismo que, como la representante Adriana Franco, es ponente del proyecto. “Hay muchos en el Partido Liberal que apoyamos la sostenibilidad fiscal. Hasta hoy me enteró que la decisión será en bancada”, dijo Franco.

El anuncio de Rivera sirvió para que otros socios de la Unidad Nacional lanzaran dardos contra el Partido Liberal, más aún cuando los liberales habían señalado de opositores a miembros de La U cuando habían utilizado la misma estrategia para dilatar o posponer debates, por ejemplo, el de la ley de víctimas.

“Si hay ánimo del Partido Liberal de acompañar la Unidad Nacional no es con este tipo de palos en la rueda a un proyecto importante para el gobierno” dijo uno de los representantes de La U. “Nosotros respaldamos la Unidad Nacional, pero dimos papaya y no la están cobrando”, admitió el liberal John Jairo Roldán.

En la Comisión Primera de la Cámara, la bancada liberal había dividido sus votos frente al proyecto, y para no tomar una decisión que estuviera respaldando las tesis de la oposición, la estrategia sirvió, al menos para posponer la decisión definitiva y aplazar el debate.

El ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, tuvo que afrontar en solitario el debate, pues su compañero de gabinete, el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, quien ha triunfado en muchos proyectos convenciendo a todos los partidos, decidió marginarse del Capitolio. Echeverry lo intentó. Pero le vino encima la media noche y no lo consiguió.
La plenaria de la Cámara fue citada para este martes a las dos de la tarde. Este proyecto está en primer orden del día. Una hora antes los representantes liberales se reunirán con Rafael Pardo y el ministro Echeverry para tomar una decisión que, a pesar de todo, no parece del todo definitiva. Pues en tres semanas el proyecto volverá al Senado. Allí, el semestre pasado, la bancada liberal fue unánime en rechazar este proyecto.