Lo que le puede pasar a Arias por la investigación del CNE

Después de que el periodista Daniel Coronell denunciara públicamente en su columna que la campaña de este ex ministro de Agricultura está usando una fundación para recoger dineros para su campaña, el Consejo Nacional Electoral (CNE) abrió una investigación.
 
Coronell denunció que la fundación Colombia Cambió fue creada por personas que trabajan en la campaña de Arias para “recibir donaciones y otorgar préstamos”. Según el columnista, “hay una evidencia que demuestra que la gerente nacional de la campaña de Arias, Beatriz Uribe Botero, ha usado a “Colombia cambió” para buscar donaciones de empresas, aportes que están expresamente prohibidos por la ley para ese tipo de procesos”.

Lo que se teme es que esta posible tercería en las cuentas de la campaña de Arias sirva para sobrepasar los topes de los gastos, reglamentados por el CNE justamente para promover la competencia justa entre los candidatos.

“Una corporación similar fue usada por los promotores del referendo reeleccionista para burlar el tope máximo de 334 millones de pesos para la recolección de firmas y recibir cerca de 2.000 millones, por la conveniente puerta de atrás de la fundación. Por esa razón hay una decisión en contra de los miembros de ese comité en el Consejo Nacional Electoral y en la Fiscalía avanza -lentamente- un proceso contra ellos por fraude procesal”, dice Coronell.

Recientemente, el CNE asumió, pues, la investigación, que por sorteo fue a dar a manos del magistrado Joaquín José Vives, liberal.

La misión que tiene este organismo de control no es fácil si se tiene en cuenta que no hay jurisprudencia sobre casos como el de Arias. Una fuente del CNE consultada por Semana.com, explicó que no se han tramitado procesos de precandidatos que hayan intentado, o logrado exceder, los topes de dineros de sus campañas.

Se sabe que un precandidato tiene las mismas obligaciones que un candidato. En este sentido, Arias no puede gastar más de 17 mil millones de pesos en su campaña, como tampoco puede hacerlo nadie más que quiera ser Presidente de la república, en la primera vuelta. Ese es el tope reglamentado por la Resolución 20 de 2010.

Pero, ¿existe un tope diferente para un precandidato y para un candidato o toda la campaña tiene ese mismo tope? Es algo en lo que el CNE debe sentar jurisprudencia con el caso de Arias.

En caso de que el CNE no logre comprobar las acusaciones de que ha sido objeto el ex ministro, Arias proseguirá su campaña, y en el caso de ser elegido para la primera magistratura, no tendrá ningún tipo de inconvenientes.


Pero, si el CNE llegara a descubrir que se violó ese tope, el futuro para Arias sería uno de cuatro castigos estimados en las normas.

Así, si queda elegido Presidente, podría perder su cargo. No se sabe si sería sancionado como candidato, porque es primera vez que ocurre algo así y hasta ahora se está analizando qué hacer en este caso.

Otra posible sanción es que no reciba los dineros que da el Estado como reposición por votos. Es decir, después de las elecciones, a los candidatos se les giran unos recursos según el número de votos que hayan sacado. Esa plata sale de los aportes de todos los colombianos. Un castigo que contempla la ley es que no se le dé este dinero a quien haya violado los topes en sus gastos.

Si el castigo no es ninguno de los anteriores, en caso de que Arias haya excedido los topes, posiblemente deba pagar una multa que tendrá un mínimo de casi 10 millones de pesos y un máximo de 90. A decir verdad, estos montos son pírricos en comparación con la cantidad de dinero que maneja una campaña. Es fácil violar los topes y pagar esta pequeña multa.

Valga decir que el CNE no ha sido muy juicioso en los castigos a quienes burlan los topes en las campañas. Según Votebien.com, de 12 investigaciones que se abrieron en 2006 por estas irregularidades, no ha habido sanción alguna.

Lea el artículo ‘Las cuentas sin sanciones’.

“La razón es porque si se comprueba que se violaron los topes en las campañas, el partido puede perder la personería jurídica”, dice el portal. Y cuestiona que “mientras los magistrados del Consejo sean nombrados por el Congreso, será difícil que tengan la suficiente autonomía para investigar y sancionar a los partidos que violan la ley”.