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| 10/28/2011 12:00:00 AM

¿Logró el Gobierno blindar las elecciones?

Colombia cumple 25 años de elecciones locales. La fórmula permitió, en muchos lugares, que el poder local fuera cooptado por intereses de ilegales, tal como lo ha descubierto la justicia. Este 30 de octubre se sabrá si se aprendió la lección.

“Siento nostalgia porque en toda mi vida pública esta es la primera vez que no participo en las elecciones”. La frase fue de Germán Vargas Lleras, actual ministro del Interior, en el último de los foros académicos que sobre las elecciones adelantó Foros SEMANA.
 
Y aunque Vargas Lleras hacía referencia a que las de 2011 serían sus primeras elecciones en las que no se jugaba nada, como dirigente político, respaldando candidatos por todo el país, sí serán las elecciones en las que, probablemente, su papel haya sido determinante, pero como garante del proceso democrático.
 
El ministro del Interior fue el más activo, y quizás el que más se juega este 30 de octubre. Tuvo que coordinar a todos los estamentos de las tres ramas del Estado involucrados con las elecciones con el único propósito de evitar que las autoridades locales que escogerán los colombianos queden en manos de intereses de ilegales.
 
Las elecciones regionales cumplen 25 años. Las primeras fueron en 1987. Dos décadas después, la elección popular de alcaldes y gobernadores supuso, en teoría, un avance de nuestra democracia, pero también se convirtió en la oportunidad para que mafias ilegales aprovecharan el ejercicio del voto popular para tomarse, gracias al constreñimiento y el fraude –tal como la demostrado la justicia–, el poder local y regional.
 
Por eso, las de 2012 podrían ser las que marquen la ‘mayoría de edad’ de la democracia colombiana. La oportunidad para demostrar que el poder local está plenamente blindado de los intereses de los ilegales.
 
En buena parte los electores tienen la palabra. La ofensiva del Gobierno nacional no ha sido en vano, no solo a través de cuñas y propagandas publicitarias con las que trata de motivar el voto a conciencia, sino de discursos del presidente Juan Manuel Santos en la semana previa a las elecciones.
 
“El próximo domingo escogeremos a nuestros mandatarios regionales, y es el momento ideal para que, a través del voto, castiguemos a los corruptos y elijamos a los más probos, los más capaces y los más honestos”. Frases como estas pronunció el presidente Santos durante toda la campaña y en diversos escenarios.
 
Pero más allá del discurso, la gran prueba de fuego del Gobierno nacional es el blindaje de las elecciones, y el interrogante es si hizo todo para conseguir ese propósito.
 
La reforma política y el estatuto anticorrupción
 
Entre agosto y diciembre de 2010 el Gobierno llevó al Congreso dos instrumentos que consideró determinantes para depurar la política y proteger las elecciones: la reglamentación de la reforma política y el estatuto anticorrupción.
 
La reforma política estableció sanciones para los partidos políticos y sus directores si avalaban candidatos que resultaran comprometidos con delitos como concierto para delinquir (promoción y financiación de grupos armados al margen de la ley), narcotráfico y delitos atroces.
 
La idea de la norma era obligar a los partidos políticos a ser escrupulosos a la hora de entregar avales y conformar sus listas de candidatos a corporaciones públicas. Si fallaban en ello, los partidos se exponen a sanciones como la pérdida de personería jurídica y la suspensión de sus directores.
 
¿Sirvió la norma? Durante el proceso, los partidos políticos pudieron consultar los antecedentes de quienes aspiraban a ser candidatos. Pero de los más de 100.000 aspirantes, casi 11.000 aparecieron con algunos antecedentes.
 
Estas son las cifras:
 
- Personas con antecedentes en DAS: 2.289.
- Antecedentes disciplinarios (Procuraduría): 2.307.
- Con procesos fiscales (Contraloría): 40.
- Requeridas por la Policía (orden de captura): 85.
- Investigaciones penales abiertas (Fiscalía): 9.112.
 
Pero los partidos políticos cuestionan que la norma (la reforma política) pudo haber sido insuficiente, pues que se hayan “colado” casi 11.000 candidatos (el 10 por ciento de los aspirantes) es una muestra de que la norma pudo haber dejado algunos vacíos.
 
El senador Juan Manuel Galán dice que la reforma política "no le otorgó facultad discrecional” al Consejo Nacional Electoral (CNE) para revocar avales. Por eso dice que el CNE, al no tener esa potestad, “deja a los partidos políticos maniatados”.
 
Galán también cuestiona que la norma no fue suficiente porque en el actual proceso electoral no hay nada que controle el fenómeno de dirigentes políticos condenados que tienen sus intereses “en cuerpo ajeno”.  
 
El senador cita ejemplos de candidatos de excongresistas y exdirigentes condenados por parapolítica, como Juan Carlos Martínez, que “tiene candidatos en Valle del Cauca”; otro caso que menciona es el de Richard Aguilar, hijo del exgobernador de Santander Hugo Aguilar, condenado por parapolítica.
 
Galán también se pregunta qué candidatos serán escogidos en la Costa Caribe “gracias al guiño” de la empresaria del chance Enilce López, ‘La Gata’, también condenada por parapolítica.
 
Eso sucedió con la purga que intentó Cambio Radical. No pudieron salir candidatos que tenían investigaciones en la Fiscalía.
 
Pero el Gobierno sostiene que la reforma política sí fue un instrumento eficaz que permitió que todos los partidos “tomaran la decisión, bien de no otorgar los avales o bien de rechazarlos, o bien de valorar en todos los eventos las circunstancias políticas”, explica Vargas Lleras.
 
La otra norma que el Gobierno calificó de determinante fue el estatuto anticorrupción, que consagró en uno de sus 150 artículos la prohibición para que particulares que hayan financiado campañas políticas pudieran ser contratistas del Estado.
 
El Gobierno espera que esa prohibición corte las relaciones entre contratistas, mandatarios y recursos públicos. La norma sólo demostrará su eficacia en los próximos cuatro años, según las relaciones entre concejales, diputados, alcaldes y gobernadores.
 
De momento, las investigaciones del cartel de la contratación en Bogotá tienen a 17 concejales en interrogatorio en la Fiscalía, y estos son serios aspirantes a mantener sus curules en las elecciones del domingo.
 
Los mapas de riesgo
 
La opinión pública en general ha reconocido que el actual Gobierno trató de detectar las principales amenazas del proceso democrático. Y por eso hizo su propio mapa de riesgo, para determinar los municipios más críticos.
 
El mapa de riesgo del Gobierno se determinó con cuatro variables:
 
1.Municipios relacionados con la cadena del narcotráfico.
2. Municipios con históricas anomalías y fraude electoral.
3. Municipios donde hay presencia permanente de grupos ilegales: FARC, ELN, Bacrim.
4. Municipios de mayor concentración de recursos por regalías, o contratación por efectos de la ola invernal.
 
Según el Gobierno, se detectaron 67 municipios en alto riesgo, pues cumplían tres o las cuatro variables. Allí se anticipo el llamado Plan Democracia, una estrategia que le correspondió diseñarla a Rodrigo Rivera, pero que tuvo que aplicar el nuevo ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón y la nueva cúpula de las Fuerzas Militares. 
 
El diseño de este mapa de riesgo contó con diversas fuentes. Inteligencia de la Policía y el Ejército, investigaciones en terreno de organizaciones como la Fundación Nuevo Arco Iris y la Misión de Observación Electoral, así como el sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo.
 
El Gobierno adelantó las medidas preventivas necesarias, pero sólo los resultados de las elecciones determinarán si fueron efectivas o no.
 
La transhumancia, ¿difícil de acabar?
 
Los delitos electorales siguen siendo uno de los principales obstáculos de la democracia colombiana. Y entre ellos, la transhumancia parece la conducta más difícil de eliminar.
 
Según cifras del propio Ministerio del Interior, en los 32 departamentos del país se han registrado 1.098 denuncias (marzo – octubre 2011) por posible fraude electoral. De ellas, según Vargas Lleras, el 18 por ciento corresponden a la transhumancia (la acción de inscribir la cédula para votar en un lugar distinto a aquél en el que se reside).
 
El Gobierno dice que se investigaron la inscripción de cerca de un millón de cédulas y el Consejo Nacional Electoral decidió anular 370.000 cédulas. El ministro del Interior calificó el hecho como “sin precedentes”.
 
También dispuso el Gobierno 10.000 millones de pesos para que la Registraduría pudiera implementar, este 30 de octubre, el sistema de identificación biométrico de los electores. Este se adelantará en 10 municipios críticos, donde históricamente se ha denunciado y detectado la suplantación del elector.
 
El Gobierno parece haber dispuesto todos las herramientas legales, haber coordinado todos los estamentos del Estado para depurar y darle transparencia a las elecciones. La prueba de fuego será este 30 de octubre, cuando además se estrenarán disposiciones como los escrutinios inmediatos.
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