Viernes, 9 de diciembre de 2016

| 2010/09/29 00:00

Los alcances de la prórroga de la ley de orden público

Sólo dos debates le faltan a este proyecto que el Gobierno ha calificado de crucial para el mantenimiento del orden público. Además de la eliminación de las zonas de despeje, contempla otras disposiciones que pueden determinar eventuales procesos de negociación. , 122647

Los alcances de la prórroga de la ley de orden público

La Cámara de Representantes decidió de forma unánime prorrogar la ley de orden público. Con 153 votos a favor por ninguno en contra, este proyecto superó su segundo debate, y en menos de un mes podría ser el primero de los proyectos de la agenda del gobierno en ser aprobado en el Congreso.

La prórroga de la ley de orden público fue calificada por el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, como crucial para el Gobierno, sobre todo, como complemento a la estrategia de seguridad ciudadana, una política que será presentada el próximo lunes por el propio presidente Juan Manuel Santos.

El tema que más ha trascendido en este proyecto ha sido la solicitud del gobierno de eliminar la posibilidad de establecer zonas de despeje para eventuales procesos de negociación con grupos armados ilegales.

Sin embargo, la ley de orden público tiene otros alcances.

Al prohibir las zonas de despeje, otros son los mecanismos para eventuales procesos de negociación.

Según explicó el Ministro del Interior, se pueden suspender órdenes de captura para miembros de grupos ilegales que adelanten diálogos con el Gobierno, y estos podrían hacerse dentro del país (sin la desmilitarización de ningún milímetro del territorio nacional) o en el exterior.

“El Gobierno Nacional podrá acordar, con los voceros o miembros representantes de las organizaciones armadas al margen de la ley a las cuales se les reconozca carácter político, en un proceso de paz, y para efectos del presente artículo, su ubicación temporal o la de sus miembros en precisas y determinadas zonas del territorio nacional. En las zonas aludidas quedará suspendida la ejecución de las órdenes de captura contra éstos, hasta que el Gobierno así lo determine o declare que ha culminado dicho proceso”, señala el proyecto.

Los eventuales procesos de negociación quedarán en manos del presidente de la República, sin ninguna intermediación de terceros, a menos que los autorice el Jefe de Estado.

Según explicó el ministro Germán Vargas Lleras, la prórroga de la ley de orden público también establece la posibilidad de conceder eventuales indultos o cesación de procesos penales, pero para delitos que no comprometan la seguridad nacional, no vulneren el derecho internacional humanitario, ni sean tipificados de lesa humanidad.

La prórroga de la ley de orden público también modifica las sanciones penales para el delito de reclutamiento de menores. Esta ley contemplaba castigos entre tres y cinco años, pero el Gobierno consiguió que en esta prórroga el reclutamiento sea castigado conforme al actual código penal, que establece penas entre seis y diez años de cárcel.

El coordinador ponente de este proyecto, representante Roosevelt Rodríguez (la U) dijo que la prórroga de esta ley, además, elimina beneficios o subrogados penales para quienes incurran en este delito.

El Ministro del Interior también explicó otros de los alcances aprobados de forma unánime por la Cámara de Representantes.

Le permite a los fondos de seguridad locales y departamentales tener un soporte para financiar la estrategia de seguridad ciudadana, gracias a que el Fonsecon se nutre de recursos.

El Fonsecon es una cuenta especial sin personería jurídica, administrada por el Ministerio del Interior, y que tiene como objeto la financiación del diseño y ejecución de programas, proyectos y actividades orientadas a la preservación y conservación del orden público.

Vargas Lleras explicó que la prórroga de esta ley también permite soporte legal a los programas de protección a sindicalistas, organizaciones defensoras de derechos humanos, testigos y periodistas, entre otros.

También amplía las pólizas y seguros que contra el terrorismo tiene el transporte terrestre y además las extiende al transporte fluvial.

En quince días, este proyecto se discutirá en el Senado. Allí el Partido Liberal pretende incluir beneficios que favorezcan las desmovilizaciones de miembros de grupos al margen de la ley.

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