Los candidatos y el conflicto armado

A diferencia de las elecciones presidenciales en 2002 y 2006, el tema que definirá el ganador no será el conflicto armado, debido a que los colombianos saben y son conscientes de que el próximo Presidente de la República tendrá que continuar con la línea de mano firme contra la insurgencia y demás grupos irregulares impuesta por Álvaro Uribe, sin importar su tendencia política. Sin embargo, muy a pesar de que este no sea el tema que más llame la atención de los electores para decidir quién sea el futuro mandatario, no deja de ser importante, si se tiene en cuenta que el problema sigue vigente, a pesar de que el gobierno Uribe le hizo frente durante ocho años.

Todos los candidatos presidenciales, sin excepción, han asegurado que van a continuar con el legado de orden público y seguridad nacional que dejará la administración de Álvaro Uribe. Sin embargo, no han sido claros en la manera como enfrentarán la situación durante el próximo cuatrienio, lo que generó malestar en algunos militares en retiro, quienes públicamente les pidieron a los aspirantes pronunciarse frente al tema.

En adelante, todos los candidatos dieron un mayor despliegue en sus discursos a la lectura que hace cada uno sobre el conflicto armado, pero sin tener en cuenta la realidad de éste, hablando de una manera muy general, sin puntualizar los distintos aspectos que tocan este asunto.

La Corporación Nuevo Arco Iris en su informe de 2009 analiza punto por punto la dinámica en la que se encuentra cada grupo armado, y coincide con análisis posteriores que sobre el tema harían otras organizaciones como el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Fundación Ideas para la Paz y la organización Human Rights Watch, en los que se revela la manera como las Farc han resistido a la seguridad democrática, el surgimiento de bandas emergentes del paramilitarismo y la combinación de los grupos armados al margen de la ley por el control territorial, con el fin de hacerse al negocio del narcotráfico, y el asentamiento de estos en las ciudades, puntos que muy poco se han tenido en cuenta en el debate presidencial.

No se ha visto por ejemplo a ningún candidato hablando sobre la manera como enfrentaría el problema de las minas antipersona sembradas por las guerrillas de las Farc y el ELN, las que han sido puestas ya no como estrategia defensiva, sino ofensiva en regiones como Meta, Cauca, el Bajo Cauca antioqueño, etc.

Tampoco se les ha escuchado hablar de la manera como neutralizarían la creación de nuevos frentes de las Farc, columnas móviles, interfrentes y minibloques, hecho que no previó la seguridad democrática en sus ocho años de ejecución y que les ha permitido a las Farc crear otros escenarios de guerra como el que actualmente se lleva a cabo en la cordillera central.

Pero, sobre todo, ninguno ha dicho qué acciones tomaría para bloquear las rutas del narcotráfico, negocio que ejercen las Farc y el ELN para financiarse.

¿Qué han dicho los candidatos?

El candidato liberal, Rafael Pardo, dijo en entrevista en Votebien que “las operaciones militares, aunque son muy importantes y es necesario mantenerlas, por sí solas no van a traer la paz a nuestro país". El aspirante liberal cree que éstas deben ir acompañadas de un debido y escalonado desarrollo en los municipios y pueblos lejanos, con el fin de que se genere lo que él llama empleo rural, "para así evitar que los jóvenes de estos lugares ingresen a los grupos armados”, y así, de paso, ir generando un desarrollo regional, gestión que sería apropiada a la hora de enfrentar las falencias sociales que viven algunos municipios y veredas en nuestro país. El problema es que este escenario que plantea Pardo corre el peligro de ser saboteado por acciones terroristas de los grupos insurgentes o filtrado por el neoparalimitarismo y puesto bajo sus propios intereses, cosa de que se debe prever en aras de garantizar ese desarrollo regional y que ayude a superar el conflicto.

Tampoco es claro en la manera como ha de enfrentar las guerrillas de las Farc y el ELN. ¿Dejaría las estructuras militares y de policía tal como están al día de hoy, o las reformaría o crearía más escuadrones antiguerrillas en el Ejército? ¿Bajo qué acciones fortalecería los lazos entre la comunidad y la Policía?

Gustavo Petro, en cambio, propone ajustar el modelo judicial a uno de justicia transicional en donde quepan no sólo los actores armados ilegales que se desmovilicen, incluidos los narcotraficantes, con el fin de reconstruir la institucionalidad en todo el territorio nacional y así mismo frenar la acción de las Farc, el ELN, las bandas emergentes del paramilitarismo y los narcotraficantes. Esta idea, sin que sea mala, cabe dentro de un escenario de desmovilización, mas no en uno de confrontación como el que vive Colombia.

Por otro lado, el candidato de la izquierda democrática opina que la mejor manera de enfrentar y debilitar a las Farc es poniendo en ejecución una reforma agraria ejemplar que no sólo genere empleo en el campo, sino que defienda la tierra de las mafias locales. Con esta propuesta deja ver la intención de derrotar el argumento de las Farc para sostenerse en la guerra, pero además, según su respuesta al formulario de la Universidad del Rosario y Semana.com, en donde se le preguntó por su política de defensa y seguridad, afirma que mantendrá y expandirá el control militar del territorio, al tiempo que afianzará la confianza entre el Ejército, la fuerza pública y los ciudadanos, con el fin de que la población civil colabore en la lucha contra el crimen organizado y la insurgencia, propuesta que serviría como alternativa a la red de cooperantes creada en el gobierno de Álvaro Uribe, política con la que nunca estuvo de acuerdo.

Petro dejó ver su preocupación por el manejo que se les da en la fuerza castrense a los derechos humanos, por lo cual ha prometido una política de seguridad humana con el fin de evitar que se repitan los falsos positivos.

Antanas Mockus, candidato del Partido Verde, insiste en que cualquier actuación de la fuerza pública debe estar sujeta a la legalidad, el respeto por los Derechos Humanos y la Constitución, y deja claro que no está dispuesto a ceder ni un milímetro en lo que se ha ganado en materia de seguridad y orden público. El candidato ha sido insistente en una propuesta basada en el principio de colaboración y confianza de la ciudadanía con las instituciones, con lo cual deja ver su preocupación por la ética y la transparencia en la labor pública y el fortalecimiento a las acciones judiciales y militares para enfrentar a los violentos. A diferencia de Gustavo Petro, Mockus se muestra en desacuerdo con impulsar diálogos regionales con miras a facilitar un acuerdo nacional de paz con las guerrillas. Mockus opina que este se debe hacer desde un escenario nacional, siempre y cuando cesen las hostilidades a la población civil, los secuestros y las torturas, y se demuestre voluntad de paz.

En entrevista con Carlos Murcia para el diario La Nación, el ex alcalde de Bogotá dijo estar dispuesto a combatir a los armados no sólo con policías y soldados, sino también con jueces y fiscales.

Para el candidato de los verdes, es difícil plantear ideas en un escenario posconflicto mientras se esté en uno de conflicto. Para él, es claro que primero es necesario enfrentar el problema.

Noemí Sanín cree que el conflicto armado se debe enfrentar en los próximos cuatro años incrementando las plantillas de militares y policías con el fin de aumentar la presión sobre los grupos irregulares y de narcotraficantes, sin mencionar de dónde saldrían los rubros. Lo anterior equivaldría a un mayor gasto militar, que ya se encuentra sobre el 6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), para lo que sería necesario reducir la inversión en seguridad social o educación.

La candidata conservadora va más allá y pide mayor cooperación internacional para enfrentar la amenaza terrorista de las guerrillas y el narcotráfico en Colombia, al exigirles a los países consumidores mayor corresponsabilidad en las formas de lucha.

Germán Vargas Lleras asegura en su propuesta que es necesario continuar con la reestructuración de las fuerzas militares con miras a una mayor profesionalización de la tropa, aumentando a 120.000 el número de soldados profesionales, idea que acarrearía un mayor gasto para enfrentar a los grupos insurgentes y al igual que en el caso de Noemí Sanín, valdría la pena preguntarle si es necesario aumentar el gasto militar en Colombia para derrotar a la violencia.

El ex senador no ve posibles unos diálogos de paz con los alzados en armas, según él porque esto les traería ventajas en el panorama internacional y aprovecharían la ocasión para avanzar en lo militar, como sucedió durante el gobierno de Andrés Pastrana.

Juan Manuel Santos se ha limitado a decir que lo mejor para Colombia es trabajar sobre lo construido durante el gobierno de Álvaro Uribe, que serviría como base para continuar en la lucha por derrotar a los actores ilegales hasta llevarlos a un punto de no retorno. En este caso, surge nuevamente la pregunta de si mantendría el gasto militar sobre el 4 por ciento del PIB en el que se encuentra al día de hoy o lo aumentaría y en el caso de que dé la segunda opción, de dónde saldrían los recursos.

En una eventual negociación con la guerrilla, Pardo, que como ministro de Defensa la combatió y se mostró dispuesto a negociar con ella, aseguró estar dispuesto a explorar un acercamiento siempre y cuando la iniciativa venga de allá, a diferencia de Gustavo Petro, que dijo que todos deben estar dispuestos a propiciar esa negociación.

Entre tanto, Juan Manuel Santos reforzaría las condiciones para las desmovilizaciones, lo de que deja ver que no considera diálogos o algún acercamiento con los grupos insurgentes.

¿Cómo enfrentar el crecimiento de las bandas emergentes del paramilitarismo durante los próximos cuatro años?

El gobierno del presidente Uribe llevó a cabo la desmovilización de las Autodefensas Colombianas (AUC), con lo que ha argumentado que el paramilitarismo desapareció en Colombia y que el fenómeno que surge posterior a esto es provocado por bandas criminales.

El Observatorio del Conflicto Armado de la Corporación Nuevo Arco Iris, con base en información del Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República, pudo establecer en 2008 que para ese entonces existían más de 100 núcleos armados con 21 denominaciones diferentes y que en los lugares donde operaban se habían constituido como poderes de facto, al igual que lo hicieron las AUC durante su surgimiento y después ejercieron control político y social en el lugar donde operaban.

El estudio sobre la realidad del conflicto armado en 2008 en Colombia de la Corporación Nuevo Arco Iris, publicado en la Revista Arcanos, habla de 246 municipios afectados y en la publicación sobre 2009 habla de 296, lo que demuestra que año tras año el fenómeno ha ido creciendo, con la diferencia de que estos grupos, a diferencia del paramilitarismo anterior, no tienen un discurso contra la izquierda, aunque en ocasiones realicen prácticas similares, como asesinatos o desapariciones a líderes de izquierda o de organizaciones comunitarias. En este caso, los motiva el control del negocio del narcotráfico, por lo cual han realizado alianzas bien sea con la guerrilla de las Farc en la región del Bajo Cauca antiqueño y con el ELN en el departamento de Nariño.

El próximo mandatario deberá hacerles frente y evitar que éstas filtren la institución pública bien sea a través de las fuerzas militares y de policía, o del orden civil, lo que reafirma la presencia estatal en las zonas de consolidación.

Hasta el momento, quienes mejor discurso han presentado en este asunto son los candidatos Rafael Pardo, Antanas Mockus y Gustavo Petro, quienes reconocen el problema y no relegan la solución a un tema netamente policivo, sino a fortalecer la relación Estado-Sociedad Civil. Juan Manuel Santos, Germán Vargas Lleras y Noemí Sanín, en cambio, estiman que la solución al problema pasa por el uso de la fuerza pública y, a diferencia de los primeros, quienes creen que es necesario tratar la presencia del conflicto armado en las ciudades principales de Colombia de manera conjunta con los gobiernos locales de manera especial, estos opinan que se debe hacer de manera unificada.

A diferencia de las elecciones de 2002, el ganador de estas elecciones no lo va a definir el tema del conflicto armado en primera vuelta, como sucedió con el presidente Uribe, pero sí será uno de los tres primeros temas con los cuales se ha de medir o calificar a los dos candidatos que logren pasar a segunda vuelta, por lo que es necesario que a partir del primero de junio analistas y medios de comunicación cualifiquen el debate de manera que las respuestas que den los dos aspirantes ganadores en primera vuelta permitan a los colombianos escoger cuál de estos tiene una mejor visión en este asunto y logren despejar el camino de la pacificación de las armas, bien sea por la vía militar o por la vía del diálogo.