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| 3/9/2011 12:00:00 AM

Los cinco obstáculos que enredan las facultades extraordinarias

El proyecto que separa las funciones de tres ministerios se enreda por cuenta de las facultades con las que el gobierno pretende hacer ajustes a la administración del Estado. Estas son las observaciones que el Congreso le hace al proyecto.

Parecía que el proyecto que revivía los ministerios de justicia, ambiente y trabajo sería el primero en convertirse en ley. Le faltaba un solo debate el pasado mes de noviembre. Y ahora, la plenaria del Senado no lo quiere aprobar.

Incluso, los propios partidos de la coalición de gobierno lo rechazan y lo califican como un “cheque en blanco” para un presidente que tenía plena gobernabilidad en el Congreso.

¿Qué pasa? El proyecto incluye un controvertido artículo en el que el Gobierno pide facultades extraordinarias para reformar la administración del Estado. Esas facultades habían superado sin mayor obstáculo tres debates, pero en el Senado hay muchos temores por esa concesión que el Congreso está a punto de hacerle al ejecutivo.
Estos son los obstáculos del proyecto:

Despojo de funciones al Congreso

El proyecto dice: “revístase al presidente de la República de facultades extraordinarias, por el término de seis meses para: crear, escindir, fusionar y suprimir, así como determinar la denominación, número, estructura orgánica y orden de precedencia de de los departamentos administrativos”

Para el senador Luis Carlos Avellaneda (Polo) esas facultades son “una tronera para hacer daño a la institucionalidad”. Dice Avellaneda que las reformas al Estado deben ser competencia del congreso, y si se deja en manos del ejecutivo, “se aumenta el presidencialismo”.

El senador Alexander López Maya dice que son inconstitucionales porque el artículo 150 de la Carta Política determina que las facultades deben ser específicas. “En este proyecto las facultades son generales y el gobierno tendría la facultad para hacer todo tipo de reformas sin que las conozca el Congreso”.

El gobierno argumenta que el Congreso tiene la facultad de hacer control político a cada una de las determinaciones que surjan en el marco de esas facultades.

Liquidación del DAS

Con las facultades, el Gobierno ha anunciado la restructuración del DAS. Dice que la nueva entidad que surja solo se concentrará en funciones de inteligencia y contrainteligencia, y le serán despojadas sus funciones de extranjería y policía judicial.

Para los miembros de la coalición, el Gobierno no es concreto en decidir si elimina o reestructura el DAS. En el partido Liberal sostienen que tras el escándalo de las chuzadas, el DAS no se puede eliminar porque podrían desaparecer pruebas judiciales.

Para los miembros de la oposición, con la supresión de las funciones del DAS estaría ad portas una “masacre laboral” porque más de 1.500 funcionarios perderían sus plazas de trabajo.

El gobierno argumenta que los funcionarios que salgan del DAS serán reubicados en la Fiscalía.

Liquidación y privatización de entidades públicas

En el proyecto, el Gobierno pide facultades para modificar la “naturaleza jurídica” de entidades públicas. El senador Jorge Enrique Robledo (Polo) advierte que con esa redacción el presidente tendría la facultad de privatizar empresas públicas como Ecopetrol.

El ministro del Interior dice que eso es falso y que el gobierno no tiene intenciones de acudir a las facultades para privatizar entidades.

Reforma a administración departamental

El numeral e del artículo 17 del proyecto dice: “Crear y escindir superintendencias, establecimientos públicos y otras entidades u organismos administrativos del orden nacional”.

El senador Roberto Gerlein (P. Conservador) señala que esa redacción podría facultar al gobierno para reestructurar entidades del orden departamental y municipal.

El partido de la U tiene inquietudes sobre el futuro de otras entidades como el Inpec, el SENA, el ICBF, que puedan ser objeto de reestructuración gracias a esa redacción.

El gobierno dice que las facultades son sólo para reestructurar entidades de la administración central.

Reforma al código de tránsito

El numeral k del artículo 17 del proyecto contempla: “Expedir el régimen sancionatorio aplicable al transporte, servicios conexos a estos, la infraestructura, los organismos de tránsito y las
entidades que constituyen apoyo al tránsito y al transporte. Dicho régimen incluye la definición de las infracciones, las sanciones aplicables en cada caso, los sujetos pasivos y el procedimiento para su imposición y aplicación”.

El senador Carlos Baena (Mira) dice que se trata de un ‘mico’ para que el Ejecutivo reforme el código de tránsito, una competencia exclusiva del Congreso. “Conforme a la Constitución, la potestad del Congreso para facultar al Presidente para expedir normas con fuerza de ley no puede incluir códigos, leyes estatutarias u orgánicas”.

El ministro del Interior se comprometió a revisar la posibilidad de suprimir ese numeral.

Aunque la mayoría de reparos surgieron entre partidos independientes o de oposición, los partidos que conforman la ‘Unidad Nacional’ acogieron varios de esos argumentos para oponerse al proyecto.

Las facultades extraordinarias tienen enredada la decisión política de revivir las funciones de tres ministerios fusionados en el gobierno de Álvaro Uribe, una decisión que contó con el respaldo absoluto de todos los partidos políticos con asiento en el Congreso.
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