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| 11/8/2011 12:00:00 AM

Los dividendos políticos en el Congreso del golpe a las Farc

Todo apunta a que tras el éxito de la operación Odiseo, dos polémicos proyectos que reclama el Gobierno adquirieron un clima más favorable: la reforma a la justicia y el marco legal para la paz.

El pasado viernes en la noche los asesores del Gobierno que tienen que velar por el éxito de los proyectos en el Congreso se fueron de sus oficinas con la conciencia de que este martes sería uno de sus días más difíciles en el Capitolio.
 
Tenían la misión de que las plenarias de Senado y Cámara de Representantes, respectivamente, aprueben (en segundo debate) la reforma a la justicia y el llamado marco jurídico para la paz, iniciativas que a pesar de ser reclamadas con urgencia por el propio presidente Juan Manuel Santos, no tenían garantizado su éxito.
 
Todo lo contrario. Las controversias políticas de los partidos, especialmente al interior de La U, amenazaban con el hundimiento de ambos proyectos. La misión iba a ser compleja.
 
Pero en la misma noche del viernes 4 de noviembre todo cambió. El certero golpe que las Fuerzas Armadas le asestaron a la guerrilla de las FARC, al dar de baja al número uno de la organización ilegal, alias 'Alfonso Cano', inmediatamente le despejaba el camino a los proyectos.
 
Y así parece que va a suceder. Probablemente, al filo de las 7 de la noche de este martes, las dos iniciativas superarán su segundo debate y se comprobará en el Congreso el impacto político de la operación Odiseo.
 
Por eso el senador Roy Barreras (La U), autor del llamado marco jurídico para la paz, le confiesa a Semana.com que este martes, después de la tormenta política que generaron algunas sugerencias del expresidente Álvaro Uribe en contra de ambos proyectos, “el clima se ha despejado y la gobernabilidad de Juan Manuel Santos está más legitimada”.
 
Pero es que más allá del respaldo del Congreso al gobierno Santos, la caída del máximo líder de las FARC tiene efectos directos en ambos proyectos de reforma constitucional. ¿Cuáles son?
 
Fuero militar: ¿premio a la fuerza pública?
 
Son 14 los artículos que faltan por aprobarse de la reforma a la justicia. Uno de ellos pretende ampliar el fuero militar para que todos los actos (o errores) de la fuerza pública se presuman como actos de servicio y sean conocidos, en principio, por la justicia penal militar y no por la justicia ordinaria.
 
El artículo no deja de ser polémico porque también hay la postura de que cuando esos actos comprometan los derechos humanos, deben ser conocidos, primero, por la justicia civil.
 
El reclamo para la ampliación del fuero ha sido del ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, y la propia cúpula militar. Y tras el golpe a 'Cano', hay una idea que ha surgido entre los partidos políticos: que esa herramienta, que brindaría mayor seguridad jurídica a los militares, debe ser entregada como una especie de reconocimiento a los resultados de las Fuerzas Armadas.
 
Quienes lideran la defensa de esta polémica propuesta son los partidos Conservador y La U.
 
El senador José Darío Salazar, presidente del Partido Conservador, asegura que la aprobación de ese artículo no debe ser vista como “un premio”, sino como “una necesidad de las Fuerzas Militares y una obligación del Congreso otorgarla”.
 
Salazar recuerda que han sido los altos mandos militares los que le han dicho al Congreso que “no confían en la justicia ordinaria”. Por eso el jefe de los conservadores considera que los uniformados “deben ser juzgados por jueces e investigadores que conozcan los riesgos de la guerra, que sepan el valor de las órdenes castrenses y la obediencia de la tropa a esas instrucciones”.
 
Salazar también señala que a los uniformados hay que ofrecerles la herramienta jurídica que establezca que todo se debe presumir como propio del servicio y que sea en la justicia penal militar la instancia donde haya que desvirtuar que se trataron de delitos contra los derechos humanos, “no al revés”.
 
El senador Carlos Enrique Soto (La U) coincide con esa postura. Le dice a Semana.com que no se trata de un premio, sino una herramienta que se debe entregar a las Fuerzas Militares. Y considera que el escenario adecuado es el proyecto de reforma a la justicia.

“Los temas hay que afrontarlos con respeto en cualquier momento. Este tema del fuero militar lo tenemos que afrontar de una vez. Lo podemos dar trámite ahora, en la reforma a la justicia, como lo ha planteado el ministro de Defensa”.

Sin embargo, hay quienes consideran que el debate sobre el fuero militar no sólo está mal planteado sino que el escenario no debe ser la reforma a la justicia, una postura que ha defendido el Partido Liberal.

El senador Juan Manuel Galán advierte, en diálogo con Semana.com, que el debate sobre el fuero militar está mal enfocado actualmente en el Congreso. “El fuero es sobre las funciones y no sobre las personas que afrontan procesos penales”, dice.

Galán también señala que la jurisprudencia emanada por la doctrina de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional indica que ante la mínima duda sobre la violación de derechos humanos debe ser conocida por la justicia ordinaria y no por la penal militar. “La Justicia penal militar, en todo el mundo, inspira desconfianza y hasta genera impunidad. Los militares no pueden ser juez y parte”, dice Galán.

Por eso, la propuesta que defenderá este martes en la plenaria del Senado es crear, dentro de la justicia ordinaria, un cuerpo de justicia especializada que conozca los procedimientos castrenses. “hay que dar un giro al debate”, insistió.

Galán también pide que los recientes acontecimientos no determinen el rumbo de la discusión, al referirse al impacto que pueda tener el golpe de las Fuerzas Militares contra el máximo líder de las FARC. “El Congreso no puede legislar al calor de los acontecimientos porque sería una irresponsabilidad. Acá no se trata de dar premios o gabelas, se trata de resolver un problema a fondo”.

Sin embargo, todo indica que la U y los conservadores ejercerán sus mayorías y con el voto favorable de sus parlamentarios, este polémico artículo será aprobado.

Marco jurídico, “más necesario” tras la muerte de 'Cano'

El otro proyecto de reforma constitucional es el llamado marco jurídico para la paz. Plantea que la Constitución contemple, de forma temporal (hasta que se acabe el conflicto armado), mecanismos de justicia transicional que les permitan a las actuales organizaciones ilegales desmovilizarse y poder reincorporarse a la vida civil, tras cumplir con los propósitos de verdad, justicia y reparación a sus víctimas.
 
La propuesta ha sido polémica y cuenta con muchos detractores, que consideran que sería una especie de amnistía o indulto a los miembros de la guerrilla.
 
El autor del proyecto, Roy Barreras (la U), aclara que el proyecto no busca la impunidad sobre los delitos de los guerrilleros ni ofrece ninguna clase de “perdón y olvido”. Y advierte que tras la muerte de alias 'Alfonso Cano', en la operación Odiseo, la iniciativa “es cada vez más oportuna”.
 
Porque Barreras considera que cualquier escenario para poner fin al conflicto, “necesariamente”, debe pasar por un proceso de desmovilización o dejación de armas. Y cualquier desmovilización necesita del marco de justicia transicional que ofrece el mencionado acto legislativo.

Barreras, en diálogo con Semana.com, dice que el proyecto, además, es un mensaje político para cualquiera que asuma la jefatura de las Farc en el sentido que es una herramienta jurídica que “les permitiría allanar el camino de la paz y la democracia”.

El representante Miguel Gómez (la U), crítico frente al proyecto, considera que aunque la redacción de los tres artículos del proyecto “no es la ideal”, considera que “en este momento es una necesidad del país buscar herramientas para ponerle fin al conflicto”.
 
Gómez, sin embargo, advierte que aún hay temas por aclarar. Por ejemplo, si los miembros de las Fuerzas Militares estarían incluidos en los procesos de justicia transicional, un escenario que el proyecto plantea y al que el representante se opone, porque, en su criterio, sería igualar a los miembros de la fuerza pública con los terroristas.
 
El representante insinúa que este martes se aprobaría el segundo debate, además porque el proyecto tendría otras seis discusiones en las cuales se depuraría la iniciativa.
 
El Partido Liberal, que también tenía ciertos reparos frente a la iniciativa, estaría a favor del proyecto.
 
Así lo advierte el vocero del partido en la Cámara, el representante Orlando Velandia, al afirmar que el Gobierno ha dado “clara señales de demostrarle a la insurgencia su férrea decisión de combatirlos”, pero que también le está demostrando a todos aquellos que quieran deponer las armas que hay condiciones jurídicas para lograr su reinserción a la vida civil. “Con este proyecto, que eleva a rango constitucional la justicia transicional, estamos dando ese marco jurídico requerido”.
 
Y frente a la gobernabilidad de Santos en el Congreso, tras los recientes episodios, Velandia asegura que la muerte de 'Alfonso Cano', además de ser el más duro golpe que ha sufrido la guerrilla, “dejó sin argumentos a quienes veían el tema de la seguridad como caballito de batalla para atacar al presidente Santos. La suerte del presidente Santos es la suerte del país”. 
 
El Partido Verde también reconoce no sólo el ambiente favorable, sino la necesidad de aprobar la iniciativa.
 
En un comunicado emitido como reacción a la muerte de 'Cano', el codirector del movimiento, Lucho Garzón, advierte que "después de este exitoso operativo militar, el Gobierno tiene la gran oportunidad de incrementar las campañas de desmovilización y reinserción, darle trámite urgente a la justicia transicional y dar pasos seguros para un proceso de solución política del conflicto armado interno, que signifique el fin de una costosa e inútil guerra de varias décadas (...)".
 
Los dos mensajes del Congreso

Al parecer, dos proyectos que la semana pasada parecían seriamente comprometidos y con todas las condiciones para que se archivaran adquirieron un ambiente muy favorable tras el operativo donde cayó abatido el número uno de las FARC. 
 
Por eso el senador Roy Barreras considera que este 8 de noviembre será “un martes especial”, en el que el Congreso enviará dos mensajes al país si avanza en la aprobación de estas dos iniciativas: “el primero, que es posible el camino hacia la paz. El segundo, que la fuerza pública necesita de la protección jurídica para que sus acciones permitan complementar el sueño de una solución al conflicto armado”.

Todo indica que después de la tormenta política de la semana pasada, una operación militar exitosa sería determinante para volver a la calma.
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