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| 6/20/2012 12:00:00 AM

Los 'goles' del Congreso en la reforma a la Justicia

Casi que en tiempo de descuento, y aprovechando el silencio del Gobierno, los congresistas, con contadas excepciones, decidieron reducir las causas para que sean sancionados con la muerte política. Además cambiaron las reglas de juego a los actuales procesos que adelanta la justicia contra excongresistas y exministros.

La reforma a la justicia, tal como se la vendió el Gobierno al país, buscaba descongestionar los despachos, hacer más eficaz la administración de justicia, acercarla a los ciudadanos, superar los críticos choques de trenes generados por las tutelas contra sentencias, y fortalecer los principios de independencia y autonomía de la rama judicial.

Y aunque varios ajustes pudieran estar en esa vía, el proyecto tuvo una extraña metamorfosis en el parlamento, pues la mayoría de reformas se concentraron en la forma como los altos funcionarios del Estado van a ser investigados.

El Congreso aprovechó la 'papaya' de que el proyecto era del Gobierno y con la autonomía que les otorga la ley, cambiaron las reglas de juego en materia de juzgamiento, con el agravante de que a partir de este 21 de junio, cuando las nuevas normas constitucionales entren en vigencia, se podrían afectar las actuales investigaciones que la Corte Suprema de Justicia adelanta contra quienes tienen fuero de congresistas, ministros y exministros, y que para muchos podría acabar con los procesos por parapolítica, carrusel de la contratación, Agro Ingreso Seguro, o Yidispolítica, por mencionar los que más impacto han generado en la opinión pública.

Pero quizá la más alarmante de las decisiones del Congreso fue el excesivo blindaje que hizo a sus miembros, incluidos los secretarios de Senado y Cámara, para que no sean sancionados con la muerte política si violan el régimen de inhabilidades que consagró la Constitución de 1991.

Los goles que el Congreso metió en el último minuto de la legislatura fueron celebrados a rabiar por varios de sus integrantes. Pero algunos, que habían venido acompañando el proyecto, decidieron rechazar esas nuevas disposiciones.

Todos los congresistas del Polo Democrático; los del movimiento MIRA; algunos del Partido Verde como Ángela Robledo, Gilma Jiménez, Jhon Sudarsky; del Partido Liberal como Guillermo Rivera y Juan Manuel Galán, y de La U como Juan Lozano, Juan Carlos Vélez, decidieron votar negativamente el proyecto ante la nueva evidencia de que el parlamento habría legislado en propia causa.

Violar las inhabilidades ya no es casusa de pérdida de investidura

Los congresistas decidieron que el régimen de inhabilidades consagrado en la Constitución ya no será causa de pérdida de investidura. En adelante, si algún parlamentario, en el momento de ser elegido en las urnas, viola ese régimen, sólo le podrán anular su elección, pero ya no se le puede decretar la muerte política.

Las inhabilidades que establece la Constitución son las que impiden que los condenados en cualquier época por sentencia judicial puedan aspirar al Congreso, así como aquella que impide a los empleados públicos presentarse como candidatos al Senado o la Cámara si no han renunciado un año antes a sus cargos.

Entre las inhabilidades también está contemplado que aquellos congresistas que hayan perdido su investidura por orden del Consejo de Estado no podrán aspirar de nuevo a un cargo en el Congreso de la República.

¿Las nuevas reglas de juzgamiento afectarían los actuales procesos contra aforados?

También se dio vía libre a la creación de una sala de instrucción e investigación en la Corte Suprema de Justicia, integrada por seis magistrados que serán elegidos por la Corte Constitucional de ternas que remitirán el presidente y el mismo tribunal penal. Llevará la primera instancia de los aforados, incluidos los congresistas, y la segunda estará a cargo de la Sala Plena de la Corte Suprema.

Al interior de la misma Corte Suprema se creará otra sala que se encargará de los temas disciplinarios de algunos aforados, la cual estará integrada por seis magistrados. Así las cosas, este alto tribunal, que hoy tiene 23 magistrados, quedará, con esta reforma, con 35 togados.

La reforma a la justicia en ningún artículo establece que los cambios en los procesos judiciales y disciplinarios se aplicarán desde la entrada en vigencia de la reforma, sino que los procesos que, con antelación al 20 de junio del 2012, adelante la justicia también se verían beneficiados.

Como la reforma estableció la doble instancia para los aforados (congresistas y ministros) y las adelantará dos nuevas salas dela Corte Suprema de Justicia, los procesos que actualmente no tengan sentencia, y que se adelantaban en la Corte, podrán empezar desde cero para garantizar estos derechos.

Varios ejemplos fueron enunciados en el Capitolio. Por ejemplo, en el caso de los ministros, antes eran investigados por la Fiscalía y juzgados por la Corte Suprema. La reforma dice que deberán ser investigados y juzgados por la Corte Suprema de Justicia.

Casos como los del exministro Andrés Felipe Arias se podrían ver beneficiados, pues a este funcionario lo investigó la Fiscalía y no la Corte Suprema de Justicia.

O por ejemplo, aquellos congresistas detenidos por parapolítica que venían siendo investigados en una sola instancia, y que no tienen condena, pueden acogerse al principio de favorabilidad (que es acogerse a la norma más favorable) para que sus procesos empiecen de cero, o por lo menos para salir de la prisión.

Los actuales procesos que adelanta el Consejo de Estado contra congresistas también serán beneficiados con la doble instancia, así lo establece un parágrafo transitorio, también incluido a última hora.

Otra disposición es que ningún congresista puede ser capturado hasta tanto haya una acusación. Actualmente eran detenidos con la apertura de la investigación

Es una buena reforma, aunque hay cosas que no gustan: Esguerra

El ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, calificó la reforma a la justicia como un instrumento útil y necesario, pero admitió que hay cosas que el Congreso incluyó sin su consentimiento, pero que el deber del Ejecutivo es respetar la independencia del parlamento.

Entre las cosas que no gustaron está que el período de los magistrados, que pasó de ocho a 12 años, pueda ser aplicado a los actuales magistrados de las Cortes.

Tampoco le gustó la decisión del parlamento en materia de pérdida de investidura al contemplar que habría sanciones modulares, como la suspensión, antes de la muerte política. "Es como si en un partido de fútbol hubiese muchas tarjetas amarillas antes de la tarjeta roja".
 
Anuncian referendo contra la reforma
 
El Polo Democrático y varias organizaciones civiles, entre ellas la MOE, anunciaron que demandarán la norma por considerarla una "sustitución de la Constitución" y una campaña de recolección de firmas para que vía referendo se deroguen las nuevas disposiciones.

Aseguran los promotores que una de las causales para estas acciones será que los congresistas violaron la norma de legislar bajo el interés general y preponderaron el interés particular.

Duros dardos a la reforma

El senador Jorge Enrique Robledo, en la conciliación que adelantó el Senado, le lanzó varias críticas al proyecto.
 
En su intervención calificó la reforma como un "engendro" y denunció que el presidente Juan Manuel Santos, con ayuda de sus parlamentarios, terminó por apoderarse del poder judicial.

"Con la conciliación, la reforma a la justicia quedó peor, lo que parecía imposible. Más gabelas a los congresistas y más poder a Santos. (…) La manera como Santos se consiguió el respaldo político para este engendro abochorna: gabelas para congresistas y magistrados. Descrédito. (…) Santos logró así lo que otros no pudieron en relación con el sometimiento de la justicia el presidente. Peor que los demás en este sentido (…) Aumenta la toma de la rama judicial por el Ejecutivo, que ya controla el Legislativo. Menos democracia en un país muy poco democrático", fueron algunos de sus dardos.
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