Los indicios sobre la presunta corrupción en Bogotá

Quienes esperaban que Gustavo Petro revelara pruebas concretas contra el alcalde Samuel Moreno y su hermano, el senador Iván Moreno, sobre la presunta corrupción en la contratación de Bogotá, deberán esperar a que la justicia ordinaria verifique esta hipótesis.
 
El esperado informe de la Comisión de Seguimiento a la Contratación Distrital es un conjunto de indicios, o en palabras del concejal del Polo, Carlos Vicente de Roux, “hilos y gruesas cadenas” de lo que podrían ser “señales de corrupción”.
 
La principal tesis de Gustavo Petro, después del trabajo de investigación de esta comisión, es que la administración de Samuel Moreno ha beneficiado la “concentración de la contratación pública”, mediante prácticas que han eludido la licitación pública y transparente, y han auspiciado las “adjudicaciones cerradas o a dedo”.
 
Los indicios que presenta el informe pretenden demostrar cómo en la administración de Samuel Moreno se han reducido las licitaciones, y la “alta influencia” del hermano del alcalde, el senador Iván Moreno.

Pero, ¿cuáles son esos indicios?

Contrataciones a dedo

Según el informe, el porcentaje de contratos -mediante licitación pública- pasó del 45 por ciento en la administración de Lucho Garzón al 30 por ciento en la alcaldía de Moreno. Y según el informe, la contratación directa, es decir sin concurso, aumentó del 5 al 20 por ciento

El sector más comprometido con estas evidencias es el de la secretaría de Integración Social del Distrito, la que tiene la responsabilidad de uno de los programas sociales bandera del Polo en la ciudad: el de la seguridad alimentaria (Bogotá sin hambre).

Según el informe, durante el gobierno de Lucho Garzón la mayor parte de la contratación de esta Secretaria se hizo por licitación pública: 51,8 por ciento. Pero en la administración de Samuel Moreno esa proporción cayó al 13,5 por ciento.

Concentración de contratos

El informe señala que el 70 por ciento de la contratación de las grandes obras de infraestructura de Bogotá se concentraron en cinco grupos: Conalvías, el grupo de los hermanos Héctor y Carlos Solarte, Odinsa, Grupo Nuevo (de Julio Gómez y Emilio Tapia) y Sainc, sin mencionar al Grupo Nule, en proceso de liquidación.

Los indicios de corrupción que advierte el informe consisten en que estos grandes contratistas (salvo el Grupo Nuevo) son los principales beneficiarios de los contratos en el orden nacional, especialmente durante los ocho años del gobierno de Álvaro Uribe.

El informe advierte, además, que estas firmas tenían contratos por 1,6 billones de pesos y recibieron a dedo cesiones de contratos y adiciones y hasta reajustes de precios por 710.400 millones de pesos. Conalvías, según la investigación fue la mayor beneficiaria.

La investigación vuelve a señalar al contratista Emilio Tapia, a quien califica de “aparecido”, como cercano del senador Iván Moreno.

Según el informe, el 19 por ciento de los contratos celebrados por el IDU en 2009 le fueron adjudicados a empresas vinculadas al grupo de Tapia, y agrega que en los contratos con este contratista se pactaron anticipos del 40 por ciento cuando lo normal en obras civiles es de 25 por ciento.

Sostiene Petro que estas firmas pagan a intermediarios para favorecerse de los contratos con el único propósito de crear una burbuja para responder por sus contratos anteriores, y en caso de licitaciones, obtienen el contrato tras licitar con la oferta más baja del mercado.

¿Favorecimiento a amigos de Moreno?

Para la comisión, el programa bandera del Polo, el de la seguridad alimentaria de los pobres terminó favoreciendo el negocio de unos particulares. Las empresas relacionadas con dos dirigentes del partido de La U fueron las salpicadas.

Se trata del senador Efraín Torrado y su hermano el concejal Édgar Torrado quienes, según el informe, han celebrado contratos por 161.130 millones de pesos -3l,28 por ciento de la contratación de la Secretaria de Integración Social- entre 2008 y 2010.

Según el informe, estos contratos se han celebrado de forma “muy atípica” pues 96 mil millones de pesos fueron con cargo a vigencias futuras “para dejarlos amarrados”.
De acuerdo con la investigación, durante el gobierno de Garzón, los contratos a las empresas de los Torrado fueron de 15 mil millones de pesos, y una de sus empresas, Cooprosperar, fue mal calificada por la Contraloría.

El informe señala que Iván Moreno es amigo de los Torrado y que compartió la mesa directiva del Senado con Efraín.

El informe también señala que la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (Unad) ha celebrado contratos por 24 mil millones de pesos para interventorías en la actual administración, y el concejal De Roux asegura que los directivos de esta institución son amigos cercanos de los Moreno Rojas.

En la administración Garzón, la Unad tenía el 1 por ciento de la contratación. En la de Samuel Moreno, dice el informe, la participación de la Unad es del 34 por ciento. Eso en detrimento de la Universidad Nacional, que cayó del 52 por ciento (Con Garzón) al 19 % (con Moreno). “La Nacional está mucho mejor dotada que la Unad de centros de investigación y carreras y podría garantizar interventorías de mayor calidad”, dice el informe.

Esos fueron algunos de los hallazgos del informe que también ofrece ejemplos de presuntas licitaciones que beneficiaban a determinados contratistas.