Los intereses electorales de las 'bacrim'

Según los mapas de riesgo evaluados por el gobierno, en 24 de los 32 departamentos del país las próximas elecciones locales de octubre están amenazadas. No sólo por la presencia de candidatos cuestionados, por las fallas del sistema electoral y las debilidades de los partidos políticos para blindarlas. También por el uso de “todas las formas de violencia”, la financiación de campañas con dineros del narcotráfico y la promoción de la corrupción como método de poder territorial”.
 
La conclusión es del senador Juan Manuel Galán quien adelantó una investigación sobre la radiografía de las elecciones del próximo 30 de octubre. Y según sus hallazgos, afirma que los grupos ilegales no están lejos de influir en el proceso democrático, sino que las de este año serán elecciones cruciales para sus próximos “planes criminales”.
 
Más allá de la influencia de las guerrillas de las FARC y el ELN, las bandas criminales (bacrim) se constituyen en una soterrada amenaza de las elecciones.
 
El propio gobierno lo admite, sin embargo, para las instituciones del Estado las bandas criminales son organizaciones de delincuencia común, asociadas con el negocio del narcotráfico, la extorsión y el secuestro, pero que no tienen motivaciones políticas.
 
Sin embargo, el senador Galán controvierte esta tesis, al afirmar no sólo que las bacrim son herederos del paramilitarismo, sino que llevan años diseñando su estrategia ilegal para capturar el poder local en las zonas del país donde ejercen su influencia.
 
La investigación, según explicó Galán, se sustenta en versiones de varios miembros de las bacrim que se entregaron a las autoridades, trabajos periodísticos en la zona y denuncias recogidas por la Defensoría del Pueblo que demuestran que la realidad es una y las intenciones de los ilegales son otras.
 
Si el gobierno dice que hoy son siete las bandas criminales, y que no superan los tres mil hombres, otra parece ser la realidad, dice Galán. Porque, afirma, estos grupos no tienen campos de entrenamiento, están en sus casas y sólo se agrupan a la hora de recibir la orden del ‘jefe’ de la bacrim. Es una estrategia propia de la guerra de guerrillas.
 
Las bacrim prestan servicios de seguridad a terceros, principalmente a los narcotraficantes que necesitan proteger todos los eslabones del negocio, rutas y corredores de movilidad, y a otro tipo de negocios conexos como el tráfico de armas. Además, el control territorial les permite explorar en la extorsión y el lavado de activos, otras fuentes de financiación, especialmente aquellas que se denominan como de ‘caja menor’.
 
El vínculo de las bacrim con el narcotráfico no es más que la oferta del control territorial. A los narcos les interesa blindar su negocio y deciden financiar a la bacrim, pagar su nómina, que en promedio tiene un ‘salario base’ de 650 mil pesos.
 
Por eso, las conclusiones de esta investigación adelantada por el senador Galán permiten afirmar que las elecciones del 30 de octubre son determinantes para las bacrim.
 
En consecuencia, necesitan de políticos que ayuden a “mantener a raya” a las instituciones del Estado, es decir a la misma ley.
 
Por eso, explica Galán, a las bacrim les conviene un alcalde que no denuncie, que insista en que todo está en orden con el único propósito de no atraer la atención del gobierno central.
 
No les conviene, por ejemplo, personas como la actual gobernadora de Córdoba, Martha Sáenz, quien se ha atrevido a denunciar públicamente que la radiografía que tiene el gobierno sobre su departamento es lejana a la realidad.
 
Pero los alcaldes -como máxima autoridad policial del municipio- también les convienen a las bacrim para mantener controlada la Policía. Y de paso afectar las principales obras públicas de desarrollo.
 
“Si el alcalde quiere hacer una vía no se hace porque eso trae a la ley, a veces se hace el contrato pero no la obra y la verificación no se hace porque se mantiene el control. Les interesa que no haya desarrollo para facilitar su negocio, que no haya carreteras, que no haya medios de comunicación para su control territorial”, explica Galán.
 
Pero, ¿cómo están actuando las bacrim para capturar el poder regional en las próximas elecciones?
 
El interés fundamental no es robarse el presupuesto del municipio, sino que alcalde y concejales colaboren con el grupo. Los concejales ayudan con motos, camionetas. Logística en general.
 
La estrategia indirecta es, dice Galán, mandar a la fuerza pública a otras zonas donde operan bandas rivales. El ‘jefe urbano’ es el encargado de las relaciones públicas. Ellos exploran quién puede ser el candidato que se pueda prestar para sus intereses y hacen acuerdos. De hecho, las bacrim no sólo financian la campaña sino que además ofrecen los votos. Si hay algún candidato que no facilite los intereses, pasa a engrosar la lista de políticos amenazados y asesinados.
 
Luego, según los relatos de los propios integrantes de esas organizaciones, el ‘jefe’, el ‘patrón’ de la bacrim, envía la orden de por quién votar. La orden llega a todo el mundo en determinado territorio. Se refuerza con las sumas de dinero en efectivo que circulan los días de las elecciones, para asegurar por esa vía que el candidato que puede prestarse a dichos intereses, sea el que gane.
 
Pero la orden no es suficiente. Las bacrim buscan mayor seguridad para que sus propósitos no fracasen.
 
Por eso, además de insinuar la votación y, por qué no, pagar por los votos, explica Galán, también buscan la colaboración de los jurados. “Las bacrim tienen infiltradas las mesas de votación”, dice el senador al mencionar el caso de una maestra en un departamento de la Costa Caribe que reveló esa estrategia. “El gran eslabón perdido en el sistema electoral son los jurados de votación”, dice Galán.
 
La investigación también señala que las bacrim y las guerrillas, FARC y ELN, pueden hablar el mismo idioma. La prueba son los casos en que se ha comprobado esa especie de uniones temporales entre estos grupos ilegales. Recientemente el diario El Colombiano de Medellín reveló los contactos de alias ‘Tabaco’, miembro de la bacrim ‘Los Urabeños’, con alias ‘Molina’, uno de los cabecilla del Frente 18 de las FARC.
 
Estas ‘uniones temporales’ tienen control del comercio en determinados municipios, para ‘blindar’ el lavado de activos, ofrecen seguridad y se ganan la confianza de la población en lugares donde actúan.
 
En campaña, afirma Galán, deciden quién puede recorrer las calles, constriñen a los electores, y en algunos casos tienen el control del transporte municipal.
 
La principal conclusión de esta investigación es que “la democracia colombiana está siendo sitiada e infiltrada por los grupos armados ilegales”.
 
Por eso Galán enumera doce casos en los que esta estrategia ya estaría consolidada:
 
- Se conoce que un candidato a la Alcaldía de Santa Bárbara (Nariño) está buscando apoyo de guerrilleros del ELN, en su campaña política.
 
- El Magüi Payán, Roberto Payán y Barbacoas (Nariño), miembros del Frente 29 de las FARC se están reuniendo con candidatos a cargos de elección popular con el fin de pedir apoyo financiero del grupo a sus campañas.
 
- En Policarpa (Nariño) un candidato a la Alcaldía habría entregado a la bacrim ‘Los rastrojos’ la suma de 100 millones de pesos, para adelantar actividades proselitistas. Después el grupo armado ilegal recibirá aportes económicos cuando sea elegido.
 
- En el medio Atrato (Chocó) un exalcalde está buscando una reunión con integrantes del frente 57 de las FARC, para coordinar el apoyo a una candidatura en el municipio.

- Guerrilleros del Frente 57 de las FARC están coordinando con candidatos en el municipio de Quibdó (Chocó) la adquisición de elementos logísticos para la estructura terrorista.
 
- En Quibdó (Chocó) miembros del ELN a través de sus cómplices inscribieron de manera fraudulenta cédulas para incrementar el número de sufragantes que beneficien en las elecciones a sus candidatos.
 
- Un candidato a la alcaldía de Heliconia (Antioquia) sería integrante de la Oficina de Envigado. Existen intereses del narcotráfico.
 
- En Vigía del Fuerte (Antioquia) guerrilleros del Bloque José María Córdoba de las FARC, estarían favoreciendo una candidatura a la alcaldía del municipio.
 
- En Arauca, uno de los candidatos a la Gobernación está siendo investigado por la Corte Suprema de Justicia por narcotráfico y presuntos vínculos con las FARC, y otro fue capturado por sus presuntos vínculos con esta organización terrorista.
 
- En el departamento de Arauca, un candidato es sobrino del tercer cabecilla del frente de guerra oriental del ELN.
 
- En Villavicencio (Meta) el narcotráfico está interesado en financiar la campaña política de un candidato a la alcaldía.
 
- En la Macarena (Meta) un candidato a la Alcaldía estaría visitando a una compañía de milicianos de las FARC.
 
El Estado y el blindaje de las elecciones
 
Estas conclusiones, al parecer, no toman al gobierno “fuera de base”. El ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, explica que los mapas de riesgo ya han venido alertando de los intereses de los ilegales y que las previsiones para evitarlos ya se han venido adoptando.
 
Explicó que los mapas alertaron sobre 67 municipios en alto riesgo, en los cuales confluyen tres factores, como son presencia de grupos ilegales, ubicación territorial vinculada con los corredores del narcotráfico y recursos por cuenta de regalías.
 
Vargas Lleras señala que la reforma política, sancionada en julio por el presidente Juan Manuel Santos, “es un formidable instrumento” para blindar las elecciones. El funcionario asegura que las decisiones judiciales, administrativas, adoptadas con motivo de las elecciones, “no tienen antecedente” en la historia de la democracia colombiana.
 
Porque, dice Vargas Lleras, las autoridades del Estado, a través del mecanismo de la ‘ventanilla única’, absolvió 167.000 consultas en relación con antecedentes de candidatos, las cuales fueron formuladas por los propios partidos.
 
Las consultas arrojaron que 2.289 candidatos inscritos tenían antecedentes en el DAS; 2.307, con antecedentes disciplinarios; procesos fiscales en la Contraloría, 40; requerimientos y órdenes de captura vigentes, 85; y 9.112 candidatos con una o varias investigaciones en la Fiscalía.
 
Esta información, dice Vargas Lleras, sirvió para que los partidos políticos tomaran sus decisiones y anularan avales. “Antes -dice el ministro- no pasaban de diez los candidatos cuestionados”.
 
Vargas Lleras también reconoció lo que hacen otros organismos del Estado. Valoró la creación de la Unidad Especial de delitos electorales en la Fiscalía, y las decisiones administrativas del Consejo Nacional Electoral en materia de inscripción de cédulas.
 
Las mayores denuncias de irregularidades se concentraron en trashumancia y comprometían cerca de un millón de cédulas inscritas. “El CNE decidió anular las inscripciones de cerca de 370 mil cédulas. Otro hecho sin precedentes”.
 
Este lunes 10 de octubre, y aprovechando la presencia de la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos, Vargas Lleras pidió vigilancia internacional especial, sobre todo en aquellos municipios que por su ubicación geográfica hacen parte de la cadena del negocio ilegal del narcotráfico.
 
Para el gobierno, las previsiones están tomadas. Se adelantó el despliegue del plan democracia y se va a implementar en determinados lugares la identificación biométrica de los electores.
 
Pero serán los resultados, y el tiempo, los que determinaran si el sistema electoral ha quedado blindado o si la estrategia del Estado aún no consigue unas elecciones transparentes.