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| 8/6/2010 12:00:00 AM

Los retos del Congreso de la era Santos

Recuperar la legitimidad, crear un estatuto de víctimas y reformar la justicia siguen siendo tareas pendientes del Congreso en esta nueva era. ¿Cumplirá la tarea?

Juan Manuel Santos llega al Gobierno con el respaldo de una mayoría abrumadora en el Congreso, que se instaló el pasado 20 de julio. En esa fecha tomaron asiento 102 senadores y 166 representantes a la Cámara en sus curules para dar comienzo a un nuevo cuatrienio legislativo.
 
Los partidos políticos alistan sus proyectos, argumentos y estrategias para orientar la política del país. Vuelven los debates a los proyectos de ley, a las reformas constitucionales y el control político a los ministros.

El nuevo Congreso, renovado casi en la mitad, tiene importantes retos, como recuperar su legitimidad, reglamentar la reforma política aprobada en 2009, reformar el régimen de salud, garantizar el ejercicio de la oposición, crear una ley para las víctimas del conflicto armado, reformar la justicia, entre otros.

Además, el Legislativo jugará un papel protagónico en el ejercicio de la gobernabilidad del nuevo mandatario. Es en el Congreso donde se decanta la correlación de fuerzas políticas, y para este cuatrienio la coalición oficialista tiene un nuevo actor: el Partido Liberal.

Esta coalición durante ocho años del Gobierno de Álvaro Uribe estuvo integrada por La U, el Partido Conservador, Cambio Radical (que se marginó del apoyo al referendo reeleccionista) y Convergencia Ciudadana (ahora el PIN).

Es decir, aunque se da por descontado que el Presidente tendrá a su favor una coalición mayoritaria, las tensiones internas de esa bancada, alentadas por el ingreso de nuevos participantes, pondrán a prueba el llamado de Santos a la ‘Unidad Nacional’.

A este hecho se suma que más de la mitad del Congreso está integrada por caras nuevas. No obstante, eso no quiere decir que la actividad legislativa se renovó. Es más, hay quienes aducen que esa renovación del Congreso es parcial y maquillada, y que el nuevo Legislativo corre el riesgo de verse salpicado por escándalos incluso mayores que los de sus antecesores.

Para el politólogo Luis Fernando Arévalo, profesor de la Universidad Javeriana de Cali, por ejemplo, la influencia de los grupos ilegales no ha llegado a su fin.

“La parapolítica no desapareció. Unas curules del nuevo Congreso son una suerte de herencia de los familiares y amigos de políticos que recibieron el apoyo paramilitar. Las investigaciones van a continuar”, sentenció el académico.

Para algunos analistas, la gran pregunta que está por resolverse es si esos nuevos congresistas harán su tarea basados en la argumentación de los proyectos, o a cambio de las cuotas burocráticas y contratos con los que se puedan favorecer. Ya el Presidente entrante anunció que su relación con el Congreso será institucional y no clientelista. Falta ver si, de esta manera, podrá gobernar o tendrá que echar mano de las prácticas tradicionales.

Recuperar la legitimidad

El Congreso entrante tiene como tarea primordial recuperar la legitimidad perdida. Cada una de sus actuaciones estará sometida al escrutinio público, más aún, cuando ya pesan graves denuncias sobre algunos de los nuevos integrantes.

Tradicionalmente, el Legislativo ha sido una de las instituciones más desprestigiadas no sólo en Colombia, sino en muchas democracias. Sin embargo, en el país esta institución alcanzó los más altos índices de imagen negativa en los cuatro años anteriores. ¿La razón? fenómenos como la parapolítica, la yidispolítica, el transfuguismo, el ausentismo, entre otros, fueron las principales causales de su descrédito.

“El Congreso es el centro de operaciones de la corrupción. Vamos a ver si el que entra es capaz de depurar la política, crear mecanismos de transparencia en la entrega de cuentas de los partidos, castigar a los partidos con infiltración ilegal”, dijo a Semana.com Armando Novoa, director del Centro de Estudios Constitucionales Plural.

Uno de los hechos destacados de las elecciones pasadas fue el ascenso de la ‘Ola Verde’ como rechazo a la corrupción política. Falta ver cómo el Congreso enfrenta ese desafío que le pusieron más de tres millones de votantes.

Novoa argumentó que hay serias dudas sobre la manera como los legisladores del Congreso entrante financiaron sus campañas, algunos con recursos de los programas del Estado y otros que están por rendir cuentas. “¿Llegarán a recuperar la inversión con lo que reciban de sus salarios, o lo harán buscando el favoritismo en la contratación pública?”, se preguntó Novoa.

En esa materia el Congreso tiene pendiente reglamentar la Reforma Política aprobada en 2009, que aunque dice que se establecerán sanciones a los partidos que permitan la infiltración mafiosa y buscará la transparencia, todavía no ha definido ni los castigos ni los mecanismos para hacerlo.

Reforma a la justicia

Una de las reformas que el Gobierno entrante tendrá como prioridad es la reforma a la justicia, que tiene el objetivo de equilibrar los poderes públicos, hacer más eficaz la tarea de la Rama Judicial y evitar la confrontación entre los organismos del Estado. La reforma, que en el Gobierno de Uribe fracasó, deberá pasar por el Legislativo. Como el cambio implica una reforma constitucional, el proyecto deberá cumplir ocho debates reglamentarios.

La propuesta de reforma incluye varios temas, tales como: ampliar los períodos a los magistrados, crear un cuerpo de jueces para que ayuden a descongestionar el represamiento de procesos judiciales, reabrir el Ministerio de la Justicia, modificar el Consejo Superior de la Judicatura y suprimir las tutelas contra sentencias de los Altos Tribunales, entre otras.
 
El ministro del Interior y de la Justicia del nuevo Gabinete, Germán Vargas Lleras, se ha reunido con los magistrados de las cortes para acordar esa reforma. Según anunció hace unos días, "todas las reformas que se propongan serán concertadas con los Altos Tribunales".

Falta ver de todas las propuestas, cuál será la que presente el Gobierno ante el Congreso y cómo se modifique en su tránsito por las cámaras.

Reforma a la salud

Para el politólogo Arévalo el asunto más urgente en materia social es la reforma al sistema de salud, que amenaza con colapsar por la falta de recursos.

Aunque el Gobierno emitió unos decretos para recaudar impuestos destinados al sistema, y la Corte Constitucional permitió su vigencia sólo hasta diciembre, estos recursos son insuficientes.

“Se necesita una reforma integral a las EPS, al POS y todo el sistema, que puede ser compleja por los intereses que tiene el sector privado”, dijo Arévalo. En su criterio, esta reforma no da espera.

Régimen de regalías y otras materias económicas

Andrés Mejía, investigador del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, adujo que un asunto de importancia es la regla fiscal, consistente en la creación de mecanismos para disminuir el déficit.

Como lo han señalado varios economistas, y el propio Santos durante la campaña, se prevé un aumento del capital extranjero en Colombia. “En un entorno de crecimiento energético es imprescindible una reforma a la economía fiscal”, dijo Mejía.

En su criterio, no será suficiente con reformar el régimen de regalías, es decir, con el cambio de la norma que regula el traspaso de dinero a las regiones en razón de la explotación de sus recursos.

“Se requiere la creación de mecanismos para impedir que el crecimiento energético impacte negativamente la economía”, agregó el analista.

Garantías a la oposición

En el Congreso que se instaló la oposición política quedó reducida, pues el Polo perdió algunas curules y el Partido Liberal decidió hacer parte de la coalición del Gobierno.

Para darles garantías a los contradictores, Santos propuso crear un estatuto para la oposición. Para cumplir su propósito, el Gobierno anunció una reunión con las directivas del Polo Democrático, que es el único partido que ha anunciado su oposición directa al Gobierno.

Novoa explicó que tradicionalmente esos estatutos han fracasado en el Congreso. En su lugar, el analista cree que es más efectivo darle un mejor trato. “La mejor garantía es no satanizarla, ni chuzarla, ni señalarla de terrorista”, dijo.

Ley de Víctimas

Otro de los temas pendientes de la agenda legislativa es la Ley de Víctimas. Este proyecto, impulsado por el Partido Liberal, alcanzó a cursar sus cuatro debates reglamentarios en el Congreso pasado, pero se hundió en el proceso de conciliación entre la Cámara y el Senado.

El Gobierno dio la orden de impedir su aprobación con el argumento de que resultaba muy costoso para la Nación, y la aplanadora uribista lo sepultó.

No obstante, para las organizaciones de derechos humanos, los veedores internacionales y algunos sectores políticos, la creación de un estatuto de víctimas que garantice la asistencia humanitaria y la reparación integral es una prioridad.

Dentro de esa población es urgente, según lo ha indicado la Corte Constitucional, una política que garantice los derechos de los desplazados. Hasta ahora, el Estado tiene una deuda social con ese universo de víctimas que, según los juristas, padece “un estado de cosas inconstitucional”, es decir, que esas personas sufren violaciones a sus derechos fundamentales a causa de su condición. Falta ver cuál es la voluntad de los congresistas entrantes para el diseño de esa política.

Otros temas

El Congreso entrante seguramente también discutirá una reforma al sistema tributario, la ley del trabajo (propuesta por el Vicepresidente Angelino Garzón), la posibilidad de acabar con el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), nuevos tratados de libre comercio, la reforma a la justicia penal militar y la reforma a la Ley de Justicia y Paz.

La suerte de estos asuntos, algunos pendientes desde la legislatura pasada, otros que marcan el comienzo de una nueva era política, deparará el curso de la democracia en los próximos años. Por todo esto, la invitación de los analistas a la ciudadanía es tener los ojos bien abiertos, ejercer la vigilancia ciudadana, para así evitar las sorpresas.


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