Los seis puntos de la 'hoja de ruta' de la paz

Dicen que cuando el río suena piedras lleva. Los rumores cada vez más insistentes de que se habría firmado un principio de acuerdo entre el gobierno y las Farc para encontrar una salida negociada a más de medio siglo de conflicto interno han vuelto a poner más cerca el escenario de la paz.
 
Señalan esos rumores que habría diálogos secretos. El presidente Juan Manuel Santos no los ha confirmado. Pero en sus discursos no sólo ha dicho que conserva la llave de la paz, sino que recientemente ha apuntado a que en el segundo tiempo de su gobierno la podría utilizar. 
 
Ahora, la información procedente del canal Telesur de que las partes han firmado un acuerdo para comenzar las conversaciones en Oslo, Noruega, en noviembre próximo, apuntan en esa misma dirección y le dan más peso a un hecho: el martes pasado, en un mensaje a la tropa en la base militar de Tolemaida (el mismo día en que su hijo se enlistó en el Ejército), las palabras del presidente Santos fueron más directas: “la victoria, es la paz”, fue su sentencia.
 
Muchos sectores políticos advierten que la paz podría ser la principal apuesta del presidente Santos para alcanzar la reelección y varios hechos políticos durante los primeros 24 meses del actual gobierno lo ratifican.
 
De hecho, ya existen cinco leyes y normas constitucionales, discutidas y aprobadas por el Congreso desde agosto del 2010, que adquieren su real trascendencia en estos momentos, pues se han convertido en el principal marco legal para ambientar una posible negociación.
 
La columna vertebral de ese paquete de normas es la prórroga de la Ley de Orden Público, que además se complementa con la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, la ley para desmovilizados, el fuero militar, la reforma a la Ley de Justicia y Paz, pero, sobre todo, el llamado Marco Jurídico para la Paz.
 
1. Ley de Orden Público: la columna vertebral de la paz  

En diciembre del 2010, Santos sancionó la prórroga a la Ley de Orden Público. La misma que en 1997 posibilitó el despeje de una zona comprendida entre San Vicente del Caguán (Caquetá) y otros cuatro municipios en el departamento del Meta, pero que el Congreso modificó, atendiendo las peticiones del actual gobierno.
 
Esa ley es la que delimita los alcances de cualquier futuro proceso de paz. Y al tener vigencia hasta el 21 de diciembre del 2014, podría entenderse como la ‘hoja de ruta’ del actual gobierno para alcanzar la paz, por la vía negociada.
 
Cómo se contemplan los acercamientos
 
La ley de Orden Público faculta al presidente de la República a autorizar a “representantes” para realizar actos tendientes a propiciar acercamientos y adelantar diálogos previos con los grupos armados ilegales.
 
Esos acercamientos tendrán fines específicos. “... Obtener soluciones al conflicto armado, lograr la efectiva aplicación del Derecho Internacional Humanitario, el respeto de los Derechos Humanos, el cese de hostilidades o su disminución, la reincorporación a la vida civil de estos grupos o lograr su sometimiento a la ley, y enmarcados en la voluntad de crear condiciones que propendan por un orden público, social y económico justo”, reza el texto de la ley.
 
El presidente Santos, de momento, no ha autorizado a ningún “representante”, o por lo menos públicamente no se ha conocido. Es más, ni siquiera ha encomendado el cargo de Comisionado para la Paz.
 
Santos asegura que cuando haya las condiciones para un proceso de paz “el país lo sabrá”, y por eso manifestó que todo lo que se ha dicho, que Santos viajó a Cuba también para pedir algunas gestiones reservadas al gobierno de Raúl Castro, “no son más que pura especulación”.
 
Sin ‘caguanes’ ni ‘ralitos’
 
El gobierno Santos le pidió al Congreso esa prorroga de la Ley de Orden Público pero eliminando la facultad al presidente de despejar o desmilitarizar cualquier zona del territorio colombiano. Es decir un eventual proceso de paz no repetiría ni zonas de despeje como la del Caguán ni zonas de concentración como la de Ralito, donde se firmaron los acuerdos con las Autodefensas.
 
“... En ningún caso podrán establecerse órdenes especiales de localización a la Fuerza Pública para la creación específica de zonas de ubicación o de despeje de cualquier parte del territorio nacional”.
 
En consecuencia, cualquier mesa de diálogo entre el gobierno colombiano y las FARC sólo podrá tener lugar en el exterior.
 
¿Quiénes participarían de los diálogos?
 
Una mesa de diálogo estaría integrada, además del gobierno, por los ‘miembros-representantes’ de las FARC y los ‘voceros’ de esa guerrilla.
 
La ley define a los ‘miembros-representantes’ como la persona que el grupo armado designe como representante para participar en los diálogos, en la negociación o en la suscripción de acuerdos. Pueden ser los mismos miembros del secretariado.
 
Y los ‘voceros’ son definidos como aquellas personas de la sociedad civil que sin pertenecer al grupo armado ilegal, pero con el consentimiento expreso de este, puedan participar de los diálogos. No podrán ser voceros, dice la ley, aquellas personas que antes del inicio de los diálogos tenga vigente una resolución de acusación en su contra. Por ejemplo la exsenadora Piedad Córdoba perfectamente podría participar en este tipo de negociaciones.
 
Las garantías de negociación
 
La foto de Santos dialogando con Timochenko podría ser posible en la medida que la ley de orden público ordena a las autoridades judiciales suspender las órdenes de captura vigentes contra quienes representen a la guerrilla.
 
Y además se suspenderán las órdenes de captura que se puedan producir contra voceros del grupo armado ilegal con posterioridad al inicio de los diálogos y negociaciones.
 
La suspensión de las órdenes de captura será exclusivamente por el tiempo que duren los diálogos.
 
Sin indultos ni amnistías
 
Jurídicamente, el gobierno no puede ofrecerle nada distinto a los miembros de las Farc que su sometimiento a la justicia o la reincorporación a la vida civil, siempre que abandonen las armas.
 
Pero Colombia, por haber suscrito el Tratado de Roma en 1998, ya no puede culminar ningún proceso de este tipo con amnistías, indultos o leyes de perdón y olvido.
 
Los crímenes de lesa humanidad, según ese tratado, tienen que ser judicializados. Por eso, el gobierno Santos ha apostado por ofrecerle a la guerrilla la posibilidad de pagar “penas alternativas” a las contempladas por el Código Penal, que, para muchos delitos de lesa humanidad, contempla hasta 60 años de prisión.
 
La ley de Justicia y Paz contempló este mecanismo para la desmovilización de las Autodefensas y algunos miembros de la guerrilla que abandonaron las armas de forma individual.
 
Pero los actuales miembros de la guerrilla no pueden acogerse a este proceso, porque dicha ley solo cobijó a quienes abandonaron las armas antes del 2006.
 
En consecuencia, Santos no tenía más salida que ofrecer el sometimiento a la justicia. Por eso aceptó el llamado marco legal para la paz, que no es más que el establecimiento en la Constitución de mecanismos de justicia transicional (similares como los contemplados en la Ley de Justicia y Paz).
 
Ese marco ya fue aprobado por el Congreso, y puede ser activado en el momento en que el propio presidente de la República presente un proyecto de ley que lo reglamente. Una eventual norma de esa naturaleza le permitiría entregarle a los miembros de las FARC la posibilidad de pagar condenas de máximo 8 años, a cambio que dejen las armas, se comprometan con revelar la verdad de los hechos y resarcir a las víctimas.
 
2. Marco jurídico: la "llave de la paz”
 
Es por eso que ese marco jurídico, aprobado por el Congreso en la pasada legislatura, ha sido llamado por sus autores como la verdadera llave de la paz. Lo que busca esa iniciativa es dotar al mandatario de facultades para que, a través de la justicia transicional, pueda iniciar diálogos con grupos ilegales. Establece el trato diferenciado para los actores del conflicto, permite la priorización de casos para las investigaciones y autorizaría la vocería política a quienes inicien un proceso de paz.
 
Para que dicho marco entre en vigencia, el Presidente debe tramitar el proyecto que lo reglamente. Desde el mismo momento en que esto se produzca, tendrá cuatro años para hacerlo efectivo. En otras palabras, el presidente que radique dicho proyecto le empezará la cuenta regresiva que es de cuatro años.
 
El marco legal para la paz fijó como condición la liberación de todos los secuestrados en poder de la guerrilla para que se pueda activar.
 
3. Ley de víctimas y restitución: el paso a la reconciliación
 
Es la primera ley de la República que por iniciativa del presidente Santos reconoció la existencia de un conflicto armado. Ese reconocimiento es trascedente porque el escenario del conflicto, según la ley colombiana, admite una solución política.
 
El autor de dicha ley, el senador liberal Juan Fernando Cristo, la calificó como “la cuota inicial para un proceso de paz y de reconciliación”. El dirigente también advierte que la ley de víctimas y restitución de tierras “no es un elemento aislado”. “No fue algo que el presidente Santos acogió del Partido Liberal por satisfacer un interés político ni mucho menos para molestar al presidente Uribe. Es parte de un conjunto de normas, como la del fuero militar, el marco legal para la paz, la reforma a la ley de justicia y paz, y la ley de desarrollo rural, que juntas son un compendio de estrategias de gobierno que tienen un propósito muy claro y es buscar el fin del conflicto en el país”, dice Cristo.
 
La ley de Víctimas, calificada como "histórica" por el propio Santos, establece medidas de reparación económica, administrativa y simbólica a quienes logren acreditarse ante el Estado como afectados por la violencia. También se incluyeron duros castigos para quienes se hagan pasar como falsas víctimas. Además, se adoptaron las medidas jurídicas que permitirán restituir las tierras despojadas a sus verdaderos dueños.
 
4. Ley 1424 para desmovilizados

Esta norma se tramitó con mensaje de urgencia en el Congreso, en el 2010, para salvar de un limbo jurídico a por lo menos 19.000 desmovilizados de grupos armados ilegales, que no estuvieran involucrados en crímenes de lesa humanidad. Con la norma se les cobijaron los delitos de pertenencia a grupos ilegales, porte ilegal de armas y porte de uniformes de uso privativo de las Fuerzas Armadas.

5. Reforma de justicia y paz

Es un proyecto de ley al que le restan solo dos debates en el Congreso y lo que busca es ampliar por dos años la vigencia de la Ley de Justicia y Paz, para que el Gobierno pueda seguir promoviendo desmovilizaciones individuales y colectivas. Se aclara que aunque la nueva extensión irá hasta el 2014, solo cubrirá los delitos cometidos entre el 2005 y el 2012 para quienes se acojan a los procesos de reinserción. También establece medidas de priorización y regionalización para investigar los delitos más graves de los 'paras'.

6. Reforma al fuero militar

Es una reforma constitucional a la que le faltan solo cuatro debates en el parlamento y que pretende que los actos de servicio, cometidos por los miembros de las Fuerzas Militares, sean juzgados por las justicia penal militar, exceptuando aquellas conductas que se constituya en graves infracciones a los Derechos Humanos.

Esta reforma tiene como objetivo darles mayor seguridad jurídica a los miembros de la tropa. Y aunque muchos sectores defensores de derechos humanos la rechazan, pues la califican como una ampliación del fuero de los militares, para el gobierno es clave para la fase de debilitamiento de la guerrilla, con lo cual facilitaría una búsqueda de diálogo por parte de la subversión.

Este conjunto de normas demuestran que los pasos hacia la paz los ha dado el gobierno Santos desde el mismo momento de su posesión, y no sólo son producto de la actual circunstancia en la que los rumores y versiones periódicas indican que el escenario de la salida negociada estaría más cercano.