¿Marcha el Congreso al ritmo que quiere Santos?

Los cien primeros días de Gobierno de Juan Manuel Santos han sido la excusa para el primer balance y corte de cuentas al Presidente, que obtuvo el mayor número de votos en la historia, más de nueve millones. Y entre los temas de evaluación, sin duda, la agenda legislativa es uno de los más trascendentes.
 
Germán Vargas Lleras, ministro del Interior, es quien tiene el reto de que los objetivos del Gobierno marchen en el Congreso. Y su primer balance lo deja “satisfecho”.
 
De las trece iniciativas, once ya han tenido trámite. Esta semana se espera que la ley de víctimas supere su primer debate, pero aún falta el proyecto de primer empleo, que fue cobijado con mensaje de urgencia y podría centrar la atención en las próximas semanas.

Por eso Vargas Lleras afirma que el Congreso marcha a buen ritmo y la coalición de gobierno está al compás del gobierno.

Sin embargo, hay quienes afirman que el Ministro del Interior quiere imprimir un ritmo más acelerado. Por ejemplo, el presidente del partido de La U, senador Juan Lozano, reiteró que están acompañando la agenda, pero que “no hay afán” para sacar “buenas leyes” que respondan a las “reales urgencias” del país. "La agenda de Santos es de cuatro años, no de seis meses", resaltó.
 
Los conservadores también han hecho parte del respaldo, pero ellos manejan otra agenda de prioridades. La ley de tierras y la política de seguridad ciudadana son sus principales urgencias, según palabras del presidente de la colectividad, senador José Darío Salazar.
 
El Partido Liberal y Cambio Radical han sido los incondicionales del Gobierno en el Congreso. Aparte del proyecto de regalías -donde al interior de todos los partidos se ha dejado en libertad a los congresistas que consideran que la iniciativa puede afectar a sus regiones- el grueso de la agenda ha contado con el acompañamiento a ojo cerrado de estos partidos, que quizás sean los que marchen al ritmo que quiere el Gobierno.

Por eso se explica la comodidad de Vargas Lleras en sus relaciones con estos dos sectores con los que guarda muchas afinidades. Una prueba de ello es que la mayoría de proyectos de origen gubernamental cuentan con ponentes del liberalismo y de Cambio Radical.

Estatuto anticorrupción, muy rezagado

Pero la mayor preocupación del Gobierno, tal como lo admitió el Ministro del Interior, se concentra en el estatuto anticorrupción. “Aquí tenemos un rezago”, dijo. Por eso se convocó para este miércoles a la Mesa de la Unidad para que se destrabe el proyecto.

Cuando se habla del estatuto anticorrupción, y especialmente su demora en la discusión, todas las miradas recaen en dos parlamentarios: Manuel Enríquez Rosero, de La U, y Eduardo Enríquez Maya, del Partido Conservador.

Ambos nariñenses, Enríquez Rosero fue designado ponente de la iniciativa y tardó casi un mes en radicar la ponencia del proyecto, lo cual dilató su ingreso en la agenda. Mientras que Enríquez Maya, presidente de la Comisión Primera del Senado, lo ha colgado en la cola de la agenda, lo cual ha hecho imposible su discusión.

El Partido de La U se defiende al afirmar que antes de rendir la ponencia se discutió el proyecto al interior de la bancada. Mientras que los conservadores afirman que apoyarán el estatuto, aunque darán la discusión, y eso no significa un pupitrazo limpio como aprobación.

El ministro Vargas Lleras dice que el contenido del estatuto anticorrupción “refleja una política de Estado y contiene invaluables instrumentos que beneficiará una acción conjunta de las entidades de control, pero también del Gobierno”. Y este ha sido uno de los temas que Santos le ha insistido a su ministro.

Pero Vargas Lleras dice que en materia de lucha contra la corrupción el Gobierno no se ha concentrado exclusivamente en este proyecto. Como ejemplo puso sobre la mesa de evaluación las acciones judiciales iniciadas en la Dirección Nacional de Estupefacientes a raíz de una denuncia interpuesta por el propio director de esta entidad ante la Fiscalía General de la Nación.

Estatuto de oposición, sin aparecer

Cuando Juan Manuel Santos ganó la presidencia, y sumó el acompañamiento de cuatro partidos políticos que acumulan el 88 por ciento de representación en el Congreso, surgió la preocupación en torno a las garantías de quienes ejercieran la oposición.

Aunque en el único partido que se declaró en oposición, el Polo Democrático, reconocen en el gobierno de Santos un nuevo lenguaje, en palabras de su presidenta Clara López la promesa de reglamentar el estatuto de la oposición parece que no será realidad al menos por este año.

Germán Vargas Lleras admitió que el proyecto probablemente se presente el próximo mes de marzo, pero asegura que ya está en un 99 por ciento concertado con el Polo Democrático.

Según el Ministro del Interior, el Gobierno ha accedido a que los sectores que crean estar en la oposición tengan de manera preferente un asiento en la Comisión de Relaciones Exteriores, una veeduría en el Consejo Nacional Electoral, y que se garantizará el derecho a réplica.

Sin embargo, dentro de ese mínimo porcentaje que aún no está concertado está la propuesta de que organismos de control como la Contraloría y la Procuraduría estén en manos de la oposición. Para el Gobierno no es viable la propuesta porque sería politizar aún más estos escenarios y ponerlos en términos de confrontación política. El Polo considera que serían instancias adecuadas para ejercer el control y la veeduría.

¿Qué leyes habrá en diciembre?

Las estadísticas de la agenda pueden ser el soporte para que el gobierno pueda tener un alentador balance.

Tal como van las cuentas, a diciembre, probablemente hayan al menos tres leyes de la República y dos actos legislativos que garanticen su permanencia en el Congreso.

El 16 de diciembre, cuando se acabe el primer periodo de sesiones legislativas, estas podrían ser las primeras leyes en el Gobierno Santos:

- Facultades especiales para crear nuevos ministerios y reformar departamentos administrativos (le falta solo un debate).

- Prórroga a la ley de orden público, que prohíbe las zonas de distensión (le falta un solo debate).

- Reglamentación de la reforma política, un proyecto que establece sanciones a partidos políticos y busca blindar las elecciones futuras (aunque le faltan dos debates, está en stand by).

Y tendría vivos los siguientes actos legislativos:

- Eliminación de la Comisión Nacional de Televisión, a través de la supresión del artículo 67 de la Constitución del 91, ya superó los cuatro debates de la primera vuelta y solo le falta su conciliación. El otro año se surtirán los cuatro debates restantes, que por lo visto, no tienen ninguna oposición.

- Reforma al régimen de regalías, la reforma constitucional más álgida de estos primeros 100 días. Ha motivado profundas discusiones políticas y solo le falta un debate.

Pero los proyectos que están más enredados y que muy seguramente no serán leyes en diciembre son:

- Estatuto anticorrupción, no se ha debatido.

- Ley de primer empleo, no se ha debatido, aunque se darán debates conjuntos que agilizarán su trámite. El gobierno no descarta que se convoque a sesiones extras exclusivamente para este proyecto.

- Transformación de equipos de fútbol en sociedades anónimas, sólo ha superado uno de cuatro debates.

- Ley de Víctimas y restitución de tierras, no ha superado un solo debate, y las controversias políticas en torno al proyecto, no augura que supere dos debates este año, y pueda ser ley solo hasta junio de 2011.

- Política de seguridad ciudadana, el instrumento que reforma el código penal, la ley de infancia y adolescencia, y el código de procedimiento penal, para acomodar la ley a los desafíos de seguridad, tampoco ha superado un solo debate.

- Reelección de alcaldes y gobernadores ya fue archivada y será el único proyecto del gobierno que, de momento, no prosperó.

El estatuto de oposición, la reforma a la justicia y la reforma política integral, son proyectos con los que el Gobierno se ha comprometido, pero sólo serán presentados hasta el próximo mes de marzo.