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| 6/6/2012 12:00:00 AM

Marco para combatir a las 'bacrim', la nueva apuesta del Congreso

No se trata de herramientas jurídicas para que dejen la violencia ni fórmulas para su sometimiento a la justicia. Sería una norma para que la fuerza pública combata esas organizaciones con la misma contundencia que a las FARC. Gobierno la apoyará. Por su parte, avanzó en el Legislativo la reforma a la justicia penal militar

El partido de La U anunció, durante el debate del fuero militar, que el próximo 20 de julio presentará al parlamento un proyecto para que la fuerza pública pueda combatir "con mayor contundencia" a las bandas criminales.

El presidente de La U, Juan Lozano, explicó que las bacrim están ejerciendo control territorial y la capacidad del Estado para enfrentarlas "es insuficiente".

La propuesta pretende crear "un estatuto o un nuevo marco jurídico" para que las bandas criminales no sean combatidas como si se tratara de delincuentes comunes, sino como lo que son: organizaciones armadas de alta peligrosidad.

Según conoció Semana.com, el proyecto, que aún está en borrador, busca que en Colombia se puedan aplicar las normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH) para combatir el crimen organizado.

Hoy, las normas del DIH sólo pueden ser aplicadas para la confrontación con los actores ilegales de un conflicto armado. En el caso colombiano, sólo para las FARC y el ELN.
Las Fuerzas Armadas requieren de ese marco para combatir a las bacrim, pues hoy la ley colombiana sólo les da un tratamiento "como si fueran apartamenteros", explicó el senador Juan Carlos Vélez.

Uno de los argumentos que presentarán los parlamentarios de La U es un concepto del Comité Internacional de la Cruz Roja, y los distintos tratados internacionales suscritos por Colombia, que, según dijo Vélez: "no se oponen a que se combatan fuerzas ilegales organizadas y de alta peligrosidad" con este marco. Hoy las bacrim, explicó el congresista, reúnen esas dos condiciones.

El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, después de aprobarse el cuarto debate de la reforma al fuero militar, apoyó la iniciativa de los parlamentarios de La U. Dijo que para las Fuerzas Armadas será "una herramienta de la mayor utilidad" y expresó su confianza de tenerla antes de que termine el año.

Sin embargo, Pinzón rechazó las afirmaciones de que la fuerza pública, por no tener mayores herramientas, no está combatiendo con contundencia a las bandas criminales.

Por el contrario, el ministro de Defensa dijo que las bandas criminales, en este año, han perdido a la mayoría de sus jefes. Los jefes de los llamados 'urabeños', 'paisas' o 'rastrojos', o han sido abatidos, o capturados, en Colombia o en el exterior, o por la persecución de la fuerza pública, han llegado a acuerdos con la justicia de Estados Unidos.

Según los parlamentarios de la U, hoy las Fuerzas Militares no pueden desplegar una mayor ofensiva contra estas organizaciones porque la primera ley que reconoció el conflicto (la Ley de víctimas) las excluyó.

El debate que puede alterar el propósito de esta iniciativa es que, si se aplican las normas del DIH contra las bacrim, se les pueda abrir un reconocimiento político a los miembros de estas organizaciones.

Definida columna vertebral de reforma al fuero militar

El pleno del Senado, con una votación de 68 parlamentarios a favor y ninguno en contra, aprobó el cuarto debate de la reforma a la justicia penal militar, con lo que la reforma constitucional superó su primera vuelta.

La reforma establece que la justicia penal militar conocerá de los delitos que hayan cometido los militares, con excepción de los de genocidio, desaparición forzada, tortura, ejecución extrajudicial, desplazamiento forzado, violencia sexual y reclutamiento o uso de menores, conductas que serán conocidas por la justicia ordinaria.

La reforma crea un tribunal de garantías conformado por civiles y militares en retiro con calidades de magistrados, que ejercerá funciones de juez de control en los procesos contra uniformados que se lleven en las jurisdicciones militar y ordinaria.

También se crea una comisión especial que, en caso de conflicto de competencias entre la justicia ordinaria y la militar, rendirá un concepto ante el Consejo Superior de la Judicatura o quien haga las veces si esta corporación se elimina en la reforma a la justicia.

La reforma también establece que los jueces de las cortes marciales tendrán independencia de la estructura de mando de las Fuerzas Militares.

También se incluyó un artículo transitorio que le da un plazo de tres meses al presidente de la República para que expida "los decretos con fuerza de ley necesarios para poner en marcha el fondo de defensa técnica y especializada" de los miembros de la fuerza pública.
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