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| 6/13/2012 12:00:00 AM

Marco para la paz: conservadores defenderán tesis de Uribe (y de Vivanco)

En el último debate, los senadores del Partido Conservador insistirán en que todos los integrantes de los grupos armados ilegales, y no sólo los "máximos responsables", sean investigados y juzgados. Senado en pleno resolverá la fórmula definitiva para eventuales procesos de paz.

Tan solo horas antes del último y definitivo debate del marco para la paz, el senador Hernán Andrade, vocero del Partido Conservador para este tema, dejó constancia de las preocupaciones de su partido frente a esta reforma.
 
Unas preocupaciones que defenderá en la plenaria del Senado y que están en sintonía con las opiniones de quienes se han convertido en los mayores críticos de la iniciativa, casualmente el expresidente Álvaro Uribe y el director de la Human Rights Watch, José Miguel Vivanco.

Tanto Uribe como Vivanco han coincidido que la reforma impulsada por el Gobierno podría ser una puerta a la impunidad e incluso han considerado que se trataría de una especie de "amnistía encubierta" para los miembros de las organizaciones armadas ilegales, y dejaría sin sanción a los responsables de muchos de los crímenes cometidos en el contexto del conflicto armado.

Andrade, a diferencia de la opinión de los ponentes de los demás partidos de la Unidad Nacional, y del Polo Democrático, considera que el marco parta la paz se debe referir a los "responsables" y no sólo a los "máximos responsables" de los crímenes de lesa humanidad. El senador conservador considera que "los esfuerzos de investigación penal se deben concentrar en todos los integrantes de los grupos armados".

La recomendación no fue acogida por los demás ponentes por considerar que era contraria al espíritu de la reforma, "cuyo objetivo es precisamente garantizar que sea posible concentrar los esfuerzos de investigación y juzgamiento en los máximos responsables" mediante criterios de selección y priorización, según explicó Roy Barreras (La U), autor del proyecto.

Andrade también les pidió al resto de ponentes que el marco para la paz incluyera las "garantías de investigación y juzgamiento" sobre todos los delitos cometidos por las partes del conflicto "con el fin de garantizar la satisfacción del derecho de las víctimas a la justicia". Los demás ponentes se opusieron a tal inclusión por considerar que ello estaba incorporado en la referencia general a los derechos de las víctimas, pero además, porque suponía judicializar los mecanismos alternativos que contempla la justicia transicional.

Andrade también se opuso a que el marco para la paz consagrara que, una vez terminado el conflicto armado en el país, los recursos destinados al Ministerio de Defensa para la guerra puedan ser destinados a la inversión social y de manera prioritaria a financiar el posconflicto. Según Andrade, esta disposición, propuesta por el Polo Democrático y que fue una especie de condición para que el partido de oposición al Gobierno por fin respaldara esta iniciativa, "atenta contra el deber de protección y garantía de la fuerza pública".

Al dejar estas observaciones como constancias en la ponencia que se discutirá este miércoles en la plenaria del Senado, tendrán que ser debatidas.

Por eso los parlamentarios conservadores, tal como lo hicieron hace un mes en la plenaria de la Cámara de Representantes (ver conservadores son más fieles a Uribe que congresistas de La U), serán los que defiendan las tesis del expresidente Álvaro Uribe, y en algún modo, las del director de la HRW. Incluso por encima de los parlamentarios de La U. Por lo que se puede decir que los conservadores son los que mantienen mayor sintonía con el pensamiento uribista.

Uribe y Vivanco arrecian críticas

Horas antes del debate, Uribe y Vivanco arreciaron sus críticas al marco para la paz. El expresidente, en su cuenta en twitter, volvió a referirse al controvertido tema de la elegibilidad y la vocería política.

Sobre la ponencia para el último debate del marco para la paz Uribe cuestionó que no se excluyera la elegibilidad de personas responsables de delitos de lesa humanidad, de graves violaciones al DIH y de narcotráfico.

"En el anterior debate no lo hicieron, al contrario, agregaron al delito político, que es elegible, los conexos, no limitaron la conexidad al menos excluyendo los delitos mencionados, y difirieron a la ley estatutaria la definición de los delitos conexos con el delito político. Si el acto legislativo no limita la conexidad del delito político, la ley podrá extenderla hasta donde el legislador quiera, lo cual es sumamente grave y pone al país en la incertidumbre de esperar la ley que seguramente podrá ser moldeada por el comportamiento del terrorismo", dijo el expresidente.

Mientras Vivanco, a través de un comunicado expedido en Washington, y recogido por el diario El Tiempo, señaló que el marco para la paz "permitirá al Congreso suspender la ejecución de penas dictadas contra guerrilleros, paramilitares o militares condenados por crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad, incluidos aquellos que se consideren los máximos responsables de tales abusos".

Vivanco señala que la reforma "limitará el juzgamiento de atrocidades sólo a sus máximos responsables, con lo que se eximiría de responsabilidad a innumerables guerrilleros y paramilitares responsables por crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad".

Si parecía que en el penúltimo debate la suerte del marco para la paz había quedado definida la discusión que se anticipa en el debate crucial de la reforma puede ser la más encendida. De momento serán los conservadores los que liderarán el mayor número de observaciones al proyecto.
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