Marco para la paz: las críticas desde orillas opuestas

Que José Miguel Vivanco (director de Human Rights Watch para las Américas) y Álvaro Uribe (expresidente de Colombia) se pusieran de acuerdo en algo parecía una utopía.

Ambos, que representan dos orillas políticas opuestas, por primera vez coincidieron. Hicieron reparos al marco legal para la paz, un proyecto que al presidente Juan Manuel Santos le seduce porque puede ser su llave para encontrarla.

El marco legal para la paz, un proyecto de solo dos artículos, pretende elevar a rango constitucional (y de forma transitoria) los mecanismos de justicia transicional que permitirían, primero, que los actores armados se desmovilicen, y que otros actores del conflicto puedan recibir penas alternativas a cambio de cumplir con los propósitos de verdad, justicia y reparación.

"Impunidad para delitos atroces": Vivanco

Por un lado, Vivanco se opone a que el proyecto incorpore en la Constitución un nuevo artículo que concedería a las autoridades judiciales "la potestad de desistir del juzgamiento y suspender la ejecución de penas" a miembros de grupos armados irregulares y agentes del Estado responsables de hechos atroces.

Lo que quiere decir Vivanco es que el proyecto le concede a la Fiscalía la posibilidad de "limitar el procesamiento penal únicamente a los "máximos responsables" de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra".

Agrega Vivanco que otros actores del conflicto, partícipes que hayan intervenido directamente en la planificación, la ejecución y el encubrimiento de los mismos delitos, pero que no fueron considerados entre los "máximos responsables", podrían evitar su juzgamiento. La reforma, dice el director de HRW, podría incluso permitir que funcionarios judiciales eximan de investigación y juzgamiento penal las más graves violaciones de los derechos humanos, al excluir abusos en los que no están involucrados los "máximos responsables".

Pero lo que Vivanco alerta con mayor énfasis es que el proyecto le otorgaría al Congreso la facultad de suspender la ejecución de penas dictadas por los tribunales de justicia contra guerrilleros, paramilitares o militares condenados por delitos graves, incluidos los "máximos responsables" de delitos de lesa humanidad.

La razón, según el texto del proyecto, el Congreso podrá "mediante ley determinar criterios de selección que permitan centrar los esfuerzos en la investigación penal de los máximos responsables de delitos que adquieran la connotación de crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra... y autorizar la renuncia a la persecución judicial penal de los casos no seleccionados".

El proyecto, en su primer parágrafo, también incluye la disposición de que "La ley podrá autorizar un tratamiento diferenciado para cada una de las distintas partes que hayan participado en las hostilidades".

En el Congreso muchos sectores han alertado que por esta disposición del marco legal para la paz se pueden beneficiar hasta agentes del Estado comprometidos en delitos de lesa humanidad, y con esta disposición podrían beneficiarse de penas alternativas, muy inferiores a las que actualmente contempla el código penal colombiano.

"Vocería política a desmovilizados, golpe a la democracia": Uribe

Por otro lado, al expresidente Álvaro Uribe le asisten otros temores frente al marco para la paz. Y es que aún está latente la posibilidad de que quienes se desmovilicen por esta ley, y se acojan a los beneficios de justicia transicional, hasta podrían tener vocería política.

Es decir, que aquellos desmovilizados que por su sola pertenencia al grupo ilegal y no estén comprometidos con delitos de lesa humanidad, podrían aspirar a cargos de elección popular, como el Congreso, asambleas o concejos.

Uribe, en su twitter, dijo que el proyecto "vuelve elegibles a cargos y corporaciones a los cabecillas de FARC", circunstancia que calificó de  "enorme daño a la democracia".

Y como Santos le ha pedido al Congreso que le conceda esta herramienta para facilitar cualquier intención de paz, Uribe cuestionó al actual gobierno y lo calificó de debilitar la seguridad democrática. Estos escribió Uribe: "Nuestro Ejército es respetuoso del Gobierno, pero es el Gobierno el responsable de debilitar la seguridad democrática".

Roy Barreras (la U), autor del proyecto, se mostró "respetuoso" ante las críticas de Vivanco y Uribe. Aseguró que las opiniones serán recibidas y aclaró que al proyecto le quedan tres debates en los cuales se puede ajustar la redacción.

Barreras consideró que cuando se trate de actores del conflicto, de momento, no se incluyan a agentes del Estado y no se equiparen con los actores armados ilegales. El senador también defendió los mecanismos de priorización de judicialización de crímenes, al señalar que no fomentarán la impunidad.

Este es el ambiente que recibe al marco legal para la paz que este miércoles será debatido por la plenaria de la Cámara de Representantes, que de darle trámite, lo enviaría al Senado donde el proyecto entraría en la recta final de su aprobación.

A pesar de las fuertes críticas, el proyecto puede superar su sexto debate. Un nuevo guiño de Santos podría favorecer su aprobación, más aún cuando el Congreso no ha acogido anteriores sugerencias del expresidente Uribe, aunque las de Vivanco tengan mayor influencia en el propio gobierno: aún se señala a Vivanco como el que motivó que Santos ordenara retirar la ampliación del fuero militar de la reforma a la justicia.