¿Misión imposible?

Hay una barrera legal que está haciéndole la vida muy difícil al presidente Álvaro Uribe para que pueda ser candidato en las elecciones de 2010, y sobrepasarla implicaría poner a correr al Congreso, la Corte Constitucional y la Registraduría, incluso al punto de caminar al filo de lo legal. 

Se trata de la exigencia que hace la Ley de Garantías, que sigue vigente, según dijo el Consejo Electoral y la misma Corte Constitucional, de que “el Presidente o el Vicepresidente que aspiren a la elección presidencial deberán declarar públicamente y por escrito su interés de presentarse como candidatos, seis (6) meses antes de la votación en primera vuelta”, dice la Ley. 
 
Esto quiere decir que si Uribe se decide por un nuevo período deberá anunciar su candidatura el 30 de noviembre de este año. No obstante, para esa fecha es realmente difícil que ya se haya realizado y se conozca el resultado del referendo reeleccionista que lo permitiría. Le falta un debate en plenaria de Senado, la conciliación en ambas Cámaras, el concepto del Procurador, la revisión de la Corte (que toma tres meses), la convocatoria y contratación de los operadores electorales que debe hacer la Registraduría (que por más de emergencia que sea toma otros cuatro meses). Esto lleva, corriendo, a enero de 2010… demasiado tarde para que el candidato-Presidente cumpla con la Ley de Garantías. 

“Uribe está ante un dilema insalvable, desde el punto de vista jurídico”, dijo a Semana.com el precandidato presidencial, Alfonso Gómez Méndez del Partido Liberal. El ex fiscal se refería al hecho de que el Primer Mandatario debe anunciar su candidatura antes de terminar el año, pero no puede hacerlo porque para esa fecha lo más probable es que todavía no se haya aprobado el referendo. 

¿Qué salidas hay?
 
La Ley de Garantías fue creada en 2005, luego de que el Congreso aprobara la modificación de la Constitución para permitir una segunda reelección. Esta Ley tenía el propósito de garantizar unas condiciones mínimas de equidad en la competencia electoral, entre quienes gozan del poder del Estado y quienes aspiran desde el asfalto. 

Por ejemplo, el estatuto definió cuánto dinero aportará el Estado a las campañas presidenciales, cuáles son los requisitos para poder acceder a esos aportes, cuáles son las prohibiciones para los presidentes que aspiren a ser elegidos, en qué momento se deben inscribir los candidatos y cómo será su acceso a los medios de comunicación, entre otros temas. Todo con el objeto de regular las nuevas condiciones de la competencia electoral cuando hay un candidato- Presidente.

El pasado 19 de febrero, el Consejo Nacional Electoral emitió una comunicación dirigida a la Registraduría, en la que expresó que la Ley de Garantías sigue vigente, haya o no haya reelección. En esa comunicación el CNE cita la sentencia de la Corte Constitucional en la que este tribunal dice que esta ley “fijará las pautas del equilibrio electoral en todo tiempo de elecciones presidenciales, incluso en las que el Presidente decida no proponer su nombre para una reelección”.

Esto quiere decir que a menos de que se formule otro estatuto, la Ley de Garantías regirá las elecciones de 2010. Lo que según los analistas es una traba jurídica para la reelección.

Ante ese obstáculo surge la pregunta por ¿cuál va a ser el siguiente paso para habilitar a Uribe para una nueva candidatura Presidencial?

Para el representante Germán Navas, del Polo, quien fue ponente de esa Ley, “está demostrado que el uribismo puede hacer lo que quiera”. Incluso, el representante Navas dijo que si el Presidente quiere parecer cumplidor de los controles, podría anunciar su candidatura en noviembre, antes de que se conozca el resultado del referendo reeleccionista. “Al fin y al cabo a él lo investiga la Comisión de Acusaciones que puede argumentar cualquier cosa a su favor”, dijo.

No obstante, esa posibilidad no parece viable, pues además de ilegal, porque antes de la consulta popular la Ley no permite otra reelección, no es decoroso que Uribe anuncie su candidatura sin que se lleve a cabo siquiera la consulta.

A todas luces, la aprobación del proyecto de referendo reeleccionista no cumplirá con ninguno de los controles contenidos en la Ley de Garantías, empezando por el que reglamenta el tiempo en el que el Presidente debe anunciar una nueva candidatura. Pero hay quienes aducen que esta no rige las condiciones de una nueva reelección por la vía referendo.

En ese sentido el ex magistrado de la Corte Constitucional y decano de Derecho de la Universidad de los Andes, Eduardo Cifuentes adujo que el requisito de que el Presidente anuncie su candidatura con seis meses de anterioridad fue pensado para el contexto de la segunda reelección y no para el de una nueva reelección. Según él, “el incumplimiento de ese requisito no es tan grave, porque lo que puede hacer el Congreso es crear una nueva Ley de Garantías una vez aprobado el referendo”, dijo el ex magistrado a Semana.com.

De hecho, los promotores de la reelección ya están analizando el tema de las garantías, que seguramente será motivo de un gran debate. Según el senador y presidente del Congreso, Hernán Andrade, la única salida es crear una Ley estatutaria nueva para reglamentar las garantías de los demás competidores por la Presidencia y los controles para el Presidente. Sin embargo, en la actual legislatura no será posible, por la misma razón: todavía no se sabe qué va a pasar con el referendo.

Analistas y opositores ven con preocupación el hecho de que para las próximas elecciones sea necesario cambiar nuevamente las reglas de juego. Los más afectados serán los competidores del candidato-Presidente, que mientras mantenga en vilo su decisión de aspirar a la jefatura del Estado, seguirá disponiendo de los medios de comunicación, del enorme presupuesto de la Presidencia para programas especiales, transporte y viajes por cuenta de los contribuyentes por todo el país, etc.

El cronograma para la reelección no cuadra 

Esta fue una semana que el Senado perdió para debatir el proyecto de referendo reeleccionista. Su debate no fue programado en la Plenaria de esta corporación, pues al parecer dentro del uribismo todavía no hay pleno convencimiento para aprobarla. Un día que pasa para el referendo es un día que agrava su agonía.

El debate quedó programado para el próximo 6 de mayo. Sin mayor problema la mayoría uribista puede que lo apruebe como salió de la Comisión I del Senado: para consultarle a la ciudadanía si quiere que el Presidente pueda aspirar a ser reelegido hasta dos veces seguidas. Pero una vez salga de allí, el proyecto se encontrará con su primer escollo: la Cámara de Representantes.

Esta corporación votó el proyecto pero para que el Presidente se pueda presentar a una segunda reelección después de que pasen cuatro años de su último mandato, es decir, para que Uribe pueda presentarse en 2014 a las elecciones. Por esta razón el proyecto deberá enfrentar el proceso de conciliación en el que participan tres representantes y tres senadores que se ponen de acuerdo para redactar un articulado común. Si no hay acuerdo la propuesta se hunde.

Si es aprobado, el proyecto pasa a la Corte Constitucional, que tiene tres meses de plazo para declarar si el referendo cumplió con sus trámites legales. Allí el proyecto enfrentará un nuevo escollo: que la propuesta se tramitó a pesar de los cuestionamientos sobre su financiación (actualmente la CNE está investigando si los promotores se volaron los topes). Puede que la Corte Constitucional se demore solo dos meses en pronunciarse, pero no es muy probable. Varios de los magistrados que avalaron la anterior reforma fueron muy explícitos en que la reelección era posible por una sola vez, porque de lo contrario dejaría averiada la arquitectura fundamental de la democracia, aún siguen allí y darán la pelea por sus convicciones. Y de todos modos, que el referendo no se hunda será posible solo si el Registrador Nacional certifica la financiación del proyecto.

La Registraduría tiene un plazo de cuatro meses para convocar la consulta. Aunque disponga de toda la infraestructura y el dinero, puede que logre agilizar el trámite y llamar a las urnas al cabo de tres meses haciendo un gran esfuerzo pues no sólo deberá planear la logística para este referendo sino para las consultas internas de los partidos y para otros dos referendos (el del agua y el de la cadena perpetua para violadores). Así el calendario, después de un maratónico trabajo es improbable que el resultado pueda conocerse en noviembre de este año.

La consulta quedaría programada para el año entrante lo cual sería inconveniente, en términos políticos, porque al dilatarse tanto la decisión, se mantendría por muchos meses un ambiente de incertidumbre que perjudica a los partidos y a las instituciones, y obviamente pondría a los candidatos presidenciales en abierta desventaja frente a la posible candidatura presidencial.

Pero como todo es posible, la propuesta podría enfrentarse a su última talanquera: que más de 7 millones de personas, la cuarta parte del censo electoral, acudan a las urnas. Pese a que la Registraduría está haciendo un esfuerzo por sacar del censo electoral 2 millones de cédulas de personas fallecidas que engrosan la cifra, anualmente entran 900 mil nuevas cédulas al censo. Esto quiere decir que el censo electoral se reducirá solo en un millon de personas.

El antecedente más reciente, que fue el referendo promovido por el gobierno en 2003, demostró que la gente no es amiga de acudir a las urnas en tiempos de referendo. En esa ocasión solo a la pregunta que mejor le fue obtuvo 6,3 millones de votos. En las últimas elecciones, Uribe obtuvo 7.397.000 votos. Sin embargo, no es lo mismo votar en elecciones presidenciales que en referendo.

Las elecciones presidenciales tendrán lugar en mayo de 2010, y para entonces ya se deben haber sorteado estas barreras. No obstante, el tiempo no va a alcanzar para expedir una norma que le den algún viso de competencia justa a los candidatos que se presenten contra Uribe. ¿No será que estamos ante una misión imposible?