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| 12/16/2010 12:00:00 AM

Nueva ley evita que revelaciones de desmovilizados sean prueba en procesos judiciales

A sanción presidencial pasó el proyecto con el que el Gobierno resolvería la situación jurídica de cerca de 30 mil desmovilizados de las autodefensas y las guerrillas. El Polo Democrático la definió como una ley de "perdón y olvido".

En tiempo record -apenas 15 días- el Congreso le entregó al Gobierno la fórmula para resolver el limbo jurídico de exparas y exguerrilleros rasos a los que, por decisión de la Corte Constitucional, no los podía cobijar con la figura del principio de oportunidad.
 
La nueva ley, que pretende cumplir con los compromisos pactados para desmovilizaciones colectivas o individuales, establece un nuevo pacto entre Gobierno y excombatientes.
 
Estos últimos, si no han incurrido en delitos de lesa humanidad, deberán suscribir un nuevo acuerdo con el Gobierno para cumplir los derechos que las víctimas tienen a conocer la verdad.´
 
Para que no sean juzgados por concierto para delinquir agravado, los desmovilizados deberán contribuir a la reconstrucción de la memoria histórica, mediante el esclarecimiento del contexto en el que cada uno participó, la conformación del grupo organizado al margen de la ley al que perteneció y en general sobre todos los hechos o actuaciones de que tenga conocimiento en relación con su participación en el grupo.
 
Eso para cumplir con la jurisprudencia de la Corte Constitucional que en reciente fallo había advertido que el principio de oportunidad para los desmovilizados violaba los derechos de las víctimas.
 
Sin embargo, los desmovilizados deberán entregar esa información ante un organismo no judicial. Según la nueva ley, la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación será la encargada de recibirla.
 
Pero lo que un sector del Congreso cuestionó con preocupación fue una especie de letra menuda de esta ley, que establece que la información de los desmovilizados no podrá servir como prueba para procesos judiciales contra terceros.
 
Por eso la bancada del Polo Democrático, tanto en Senado como en la Cámara de Representantes, se opuso al proyecto, y dijo que si la información de exparas y exguerrilleros no sirve como prueba sería lo mismo que decir que el Estado renunciará a investigar posibles delitos de aquellos particulares o servidores públicos que promovieron o tuvieron connivencia con los grupos ilegales.
 
“Esto es una ley de perdón y olvido” –dijo el representante Germán Navas Talero–. “El gobierno dice que busca la paz y la justicia, pero esta ley lo que dice es que si el Estado se entera de quiénes cometieron delitos tendrá que quedarse callado”.
 
La representante del Polo Alba Luz Pinilla fue más allá. “Esto es una ley de impunidad”.
 
El ponente del proyecto en la Cámara de representantes, donde se surtió el último debate de la iniciativa, Carlos Edwar Osorio (La U), dijo que el motivo de esta especie de cláusula es que se trata de mecanismos no judiciales “que no pretende otra cosa que hacer efectivos los procesos de reconciliación nacional, los cuales no son obstáculo para la recepción de la verdad dentro de los procesos judiciales”.
 
La ‘aplanadora santista’
 
En la jornada del miércoles, este proyecto surtió los dos debates que le restaban tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado. En ambas corporaciones la bancada de la ‘Unidad Nacional’ fue más aplanadora que nunca.
 
Incluso, el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, pidió a los representantes a la Cámara que aprobaran el proyecto sin tener en cuenta las proposiciones que se le habían incluido, tres en total, y todas ellas de autoría del Polo Democrático.
 
Eso motivó el malestar de la bancada de este partido, que consiguió que se debatieran estas observaciones pero fueron derrotados de forma implacable. La aprobación de esta ley contó con el respaldo de 100 parlamentarios en contra de los ocho del Polo.
 
La llamada ley que resolverá el limbo jurídico de exparas y exguerrilleros rasos pasará a sanción del presidente Juan Manuel Santos. Y cuando lo haga quedarán suspendidas las órdenes de captura que había por concierto para delinquir agravado contra casi un millar de desmovilizados.
 
El único artículo incluido a última hora es el que le da facultades al Gobierno para determinar qué desmovilizados serían excluidos de los beneficios de esta ley, en caso de que incumplan los compromisos adquiridos al momento de su desmovilización, como son no volver a delinquir y cumplir con los programas de reintegración a la sociedad civil.
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