Ocho leyes, la apuesta del Gobierno en las sesiones extras

Si el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, calificó el pasado periodo legislativo como “ejemplar y sin antecedentes”, las cinco semanas de sesiones extraordinarias que tendrá el Congreso entre febrero y marzo podrían romper todos los récord.
 
Porque el Gobierno, en el decreto en el que convocó las sesiones extras desde el 7 de febrero, trazó una agenda compleja, pero muy ambiciosa, tal como la definió el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Alberto Zuluaga.
 
Ambiciosa, porque el presidente Juan Manuel Santos y su gabinete ministerial incluyó ocho proyectos de ley para su estudio, con el objetivo de que el 15 de marzo pasen a sanción presidencial.

Y compleja, porque esos ocho proyectos, aunque hacen parte de la agenda de la Unidad Nacional, no han estado exentos de controversia en su trámite en el Congreso.

“El propósito es que el Legislativo aborde la discusión de una serie de proyectos que aún no terminaron su trámite en el periodo de sesiones anterior”, dice el ministro Germán Vargas Lleras. Si lo consigue, el Gobierno tendrá vía libre para cambiar la agenda, por una “con mayor énfasis en lo social”, como advierte el presidente de La U, Juan Lozano, y que fue originada por los efectos de la tragedia invernal.

En consecuencia serán cinco semanas cruciales para el gobierno Santos y su coalición. Si los ocho proyectos que serán estudiados tuvieron una dilatada discusión en casi cuatro meses, ¿cómo hará el Ministro del Interior para sacarlos en cinco semanas?
 
Vargas Lleras, y el propio presidente Santos convocaron a la Mesa de la Unidad, integrada por los presidentes de La U, Partido Conservador, Partido Liberal y Cambio Radical, con un sólo propósito. Llegar con los proyectos plenamente concertados.
 
La primera reunión de la coalición del presente año será el próximo miércoles 19 de enero.
 
Las leyes que tendría el Gobierno

Aunque el decreto que convocó a sesiones extras prioriza el estudio del Plan de Desarrollo, no menos significativos resultan los otros proyectos incluidos en la agenda, con la particularidad que todos están a dos debates de pasar a sanción presidencial.

De pasar ese trámite, el 15 de marzo el presidente Santos tendría:

1. La ley de reparación a las víctimas y restitución de tierras.
2. El estatuto anticorrupción
3. El conjunto de reformas al código penal, a la ley de infancia y adolescencia, y a las reglas de extinción de dominio, todas ellas agrupadas por el Gobierno en lo que ha llamado la política de seguridad ciudadana.
4. La ley de delitos menores.
5. La ley que permitiría la transición de equipos de fútbol de corporaciones sin ánimo de lucro a sociedades anónimas.
6. Un nuevo código de Policía.
7. La ley de ordenamiento territorial.
8. La ley que otorga facultades extraordinarias para escindir ministerios y modificar departamentos administrativos.

Este último proyecto es el que tendrá un trámite menos dilatado, pues tan solo le falta un debate en la plenaria del Senado.

Y a causa de los efectos de la ola invernal cobra importancia, porque permite la creación del ministerio de vivienda, que será clave en la política de reconstrucción y también permite al Gobierno central hacer ajustes a las Corporaciones Autónomas Regionales, que han sido blanco de muchas críticas en esta tragedia invernal.
 
Cambio de agenda en 2011

El propósito de las sesiones extras es poner al día la agenda de iniciativas que quedaron rezagadas el semestre pasado, para que la primera mitad del 2011 terminen los actos legislativos, como la reforma a las regalías, pero sobre todo para los proyectos de reconstrucción del país.

Por eso, el senador Juan Lozano dice que el presente será el semestre de la agenda social, y el proyecto que será subrayado por el Gobierno será la política de vivienda, que deberá ser modificada pues la que presentó Santos como candidato respondía a otras necesidades, muy distintas a las que hoy deja el paso del invierno.

Además, el Ministro del Interior se comprometió a que este semestre llegarán una reforma política integral y la reforma a la justicia, dos proyectos que también suelen ser muy controvertidos.