¿'Oxígeno' para la Unidad Nacional?

Nunca antes, en los 21 meses que está a punto de cumplir el gobierno de Juan Manuel Santos, la palabra "burocracia" había deambulado con tanta fuerza en el Capitolio.
Parecen lejanos los días en que el Congreso, sin mayores complicaciones, le entregaba una especie de hoja de ruta, o un "cheque en blanco", al presidente Santos, quien calificaba como un "valioso activo" la gobernabilidad que le entregaba el respaldo de los cinco partidos políticos, miembros de la Unidad Nacional.
 
Eran días en que proyectos como la ley de víctimas, el primer empleo, el Plan de desarrollo, la reforma al Estado, y hasta las leyes que le dieron vía libre al TLC, eran aprobados con relativa facilidad.
 
Hoy, iniciativas señaladas como la reforma a la Justicia, el marco para la paz, el fuero militar, por mencionar algunos, han atravesado un camino de espinas. Amagos de boicot, de operación tortuga y hasta intentos de sorpresiva oposición (o conatos de rebelión, como se advertía en varios medios de comunicación) han acompañado su trámite en el legislativo. ¿Qué hay detrás de este cambio de actitud? ¿Se rindió la Casa de Nariño a entregar más abiertamente puestos por respaldo parlamentario, el llamado ‘oxígeno’?
 
Nadie se atreve a sostenerlo públicamente en el Capitolio, pero recientes episodios que se han producido en el parlamento, sumados a los recientes movimientos del gabinete, podrían sustentar semejante teoría. Semana.com hace un recuento cronológico de estos pulsos:

18 de febrero. El giro de La U
 
El 18 de febrero bien podría ser el inicio del año político. Los ministros de Defensa (Juan Carlos Pinzón) y de Justicia (Juan Carlos Esguerra), por instrucción del presidente Santos, anuncian públicamente que el polémico artículo que pretendía reformar el fuero militar, sería excluido de la reforma a la justicia, pese a haber superado cuatro debates, por el propio reclamo del gobierno.
 
Los ministros, además, revelaron que por recomendación de una Comisión de Expertos, presentarían una reforma integral a la justicia penal militar, y en ese proyecto, resolverían los vacíos jurídicos (inseguridad para el accionar de las Fuerzas Militares en el conflicto) que podría generar la ausencia de regulación a los alcances del fuero militar.
 
Juan Lozano, presidente de La U, fue el primero en calificar esa decisión como "una señal equivocada" y sugiere la reflexión del gobierno.
 
Pocos días después, el propio Lozano, se convierte en el vocero del partido en las discusiones de la reforma a la Justicia. El 14 de marzo, 48 horas antes del reinicio de actividades legislativas, el presidente de La U dice públicamente, en un foro que las altas Cortes convocaron sobre la reforma a la justicia, que el proyecto es "inconveniente y sugiere ajustes". Por primera vez, el partido de gobierno anuncia una oposición al proyecto, aunque en palabras de Lozano, se buscaba enriquecer la iniciativa.
 
Lozano le reclamaba al gobierno claridad sobre la fórmula sobre el presupuesto de la rama judicial; cuestionaba la decisión de descongestionar la justicia a través de abogados particulares y notarios; y anunciaba que el partido no retiraría el fuero militar de la reforma a la justicia.
 
Sobre el fuero, Santos convoca a los parlamentarios de La U para explicarles porqué debía presentar un proyecto más integral. Pero Lozano, como conclusión de la reunión, anuncia que respalda el nuevo proyecto, pero que no renuncia a que se tramite en la reforma judicial. Acuña la expresión "trabajaremos en dos pistas", pero reitera que La U ha sido incondicional con el gobierno.
 
21 de marzo. La presión de los conservadores
 
La tercera semana de marzo, el Partido Conservador también se suma a la defensa del fuero militar dentro de la reforma a la justicia.
 
Su presidente, senador Efraín Cepeda, dice que se ganaría un año para entregarle un instrumento a las Fuerzas Armadas para combatir a la guerrilla. A pesar de someterse a una reunión en Palacio con el presidente Santos, los conservadores rechazan la posición
del gobierno.
 
El sexto debate de la reforma a la justicia se dilató más de la cuenta por la discusión del fuero militar.
 
El expresidente Álvaro Uribe le tira línea al Congreso para mantener el fuero militar. Se reúne con senadores de La U, que vivía días incómodos por la decisión de acoger la teoría de su fundador (Santos) o la de su inspirador (Uribe). No hay acuerdo en la bancada.
 
El sector uribista de La U y los conservadores en pleno, llegan hasta las últimas consecuencias. Las mayorías que representaban fueron una amenaza a la reforma a la justicia.
 
Quienes respaldaban la decisión del gobierno, el Partido Liberal, empiezan a denunciar reclamos burocráticos de La U y los Conservadores.
 
Pero ambos partidos son derrotados en la Comisión Primera del Senado mediante votación. La reforma a la justicia supera, por fin, su quinto debate.
 
23 de abril. Primeros movimientos del gabinete
 
Una semana después de la Cumbre de las Américas (que supuso una especie de receso en el Legislativo), y tras conocerse los resultados de la encuesta bimensual de Ipsos – Napoleón Franco (publicada por SEMANA) en la que la imagen favorable de Santos descendió del 73 % al 58 %, el presidente lanza su política de vivienda, con el objetivo de entregar 100 mil techos gratis el próximo año.
 
Santos, ese mismo día, anuncia que quien liderará esa política de vivienda será su ministro del Interior Germán Vargas Lleras.
 
El anuncio genera una catarata de reacciones políticas. La U, en voz de Juan Lozano, apoya la decisión pero reclama que esa política no se desvíe por el camino de la politiquería. Un grupo de parlamentarios conservadores, como Luis Emilio Sierra, temen que el gobierno rebaje su promesa de construir un millón de viviendas, entre ellas las de
interés prioritario.
 
Pero quizás la reacción que más sorprende fue la del presidente de los conservadores. El 24 de abril, y en diálogo con Semana.com, Efraín Cepeda considera que los recientes movimientos de funcionarios del Ejecutivo disminuyeron la presencia del partido en el gobierno. "(…) han salido Hernando José Gómez, de la Dirección de Planeación; Juan Manuel Ospina, del Incoder, y Beatriz Uribe, del Ministerio de Vivienda. Ojalá el Gobierno piense en los conservadores en sus próximos movimientos del gabinete".
 
Tras esa decisión, la plenaria del Senado vuelve a ocuparse de la reforma a la justicia. Y casi que se tarda un mes en resolver la suerte del proyecto. El gobierno encuentra un camino de obstáculos para superar el sexto debate, y trata de conseguir el respaldo mediante un acuerdo con el poder judicial y el legislativo.
 
El 3 de mayo llega ese acuerdo. El fiscal general, Eduardo Montealegre, denuncia la presunta falsificación de actas en el Consejo Superior de la Judicatura y motiva a un acuerdo para eliminar esa corporación.
 
Mientras eso sucedía, el sonajero por el nombramiento del nuevo ministro del Interior se agitaba. Los candidatos que sonaban con más fuerza se relacionaban al Partido de La U.
Hasta el 10 de mayo los partidos políticos llegan al Senado para honrar ese acuerdo de poderes. Pero en esa plenaria, algunos parlamentarios de La U, y casi toda la bancada de senadores conservadores, pronuncian argumentos en defensa del Consejo Superior de la Judicatura.
 
Con el presidente Santos de gira en China y Singapur, el gobierno se ve en aprietos para honrar el acuerdo. La reforma a la Justicia estaba amenazada, y el ministro Esguerra es rodeado por varios de sus compañeros de gabinete, titulares o designados.
 
Federico Renjifo, quien había sido designado ministro del Interior ( y que en una entrevista a caracol radio dijo “soy de La U”) tuvo que llegar a la plenaria del Senado. Juan Lozano decidió llamar al orden a sus congresistas y anuncia que a pesar de la división, La U votará para eliminar el Consejo Superior de la Judicatura. Así pasó.
 
Los conservadores parecen mantenerse firmes en su decisión, pero deciden acompañar al gobierno. Ese día, cuando la reforma a la Justicia superó su sexto debate, varios congresistas, que pidieron mantener su nombre en reserva, le dijeron a Semana.com que la actitud de los conservadores obedecía a que estaban reclamando el ministerio de Transporte, pues ya se venía cocinando la renuncia del titular, Germán Cardona.
 
15 de mayo. Las presiones al marco para la paz
 
Tras varias semanas de aplazamiento en la plenaria de la Cámara de Representantes, por cuenta de los reparos que José Miguel Vivanco y Álvaro Uribe, el marco para la paz, reclamado por el gobierno como la fórmula legal para utilizar la llave de la paz que el presidente Santos dice mantener en su bolsillo, debía ser debatido sí o sí.
 
Ese día una bomba contra el exministro Fernando Londoño estalló en el norte de Bogotá. Algunos parlamentarios de La U, como Miguel Gómez, y conservadores, como Alfredo Bocanegra, sugieren que no es el momento para discutir el proyecto.
 
El expresidente Álvaro Uribe se pronuncia en twitter y propicia el ambiente para ponerle dos "salvaguardas" al proyecto, pero en esencia sus comentrios se advierten como oposición a la iniciativa.
 
Los partidos políticos de la Unidad nacional expiden un comunicado conjunto en el que rodean al gobierno y deciden "seguir adelante con la agenda legislativa". Juan Lozano es el primero en advertir las conclusiones de dicho pronunciamiento.
 
A la plenaria de la Cámara llega un séquito de ministros y funcionarios del gobierno para acompañar la aprobación del marco para la paz. Entre ese séquito aparece Juan Camilo Restrepo, secretario del Partido de La U. Minutos antes se había filtrado la información de que sería nombrado viceministro del Interior.
 
El expresidente Uribe, desde la clínica Marly, donde visitaba a Fernando Londoño, lanza un fuerte ‘twitterazo’ "Bogotá en sangre y el Gbno clientelista presionando a la Cámara para aprobar la impunidad y elegibilidad de los delitos atroces".
 
Y remitió, a través de Miguel Gómez, una propuesta que pretendía prohibir cualquier tipo de amnistía e indulto, y futuros escenarios de elegibilidad a desmovilizados de las guerrillas.
 
Esa idea, que se debatió con la presencia de los pesos pesados del gabinete, no fue acogida por los representantes de La U (13 respaldaron la tesis de Uribe, 23 las de Santos), pero sí por los conservadores (18 representantes la acogieron, 9 la rechazaron).
Finalmente, el marco para la paz fue aprobado y con una votación récord: 125 a favor, 7 en contra.
 
20 de mayo. El ministro de Transporte
 
Cinco días después de la aprobación del sexto debate del marco para la paz, el presidente Santos designa a Miguel Peñaloza (quien se desempeñaba desde agosto de 2010 como Alto Consejero Presidencial para las Regiones y la Participación Ciudadana) como ministro de Transporte.
 
Como en todo nombramiento, el origen político del designado fue puesto a escrutinio público. Juan Fernando Cristo, quien conoce a Peñaloza por ser cucuteño, le dijo a la revista DINERO que el nuevo ministro, sin ser activista, tiene origen conservador. Pero admite que puede representar a La U.
 
23 de mayo. Un comentario liberal
 
Parecía que el Congreso había retornado a la calma, más aún tras los movimientos del gabinete a los que Santos los calificó, en una analogía futbolística, como los relevos para afrontar el segundo tiempo de su gobierno.
 
Una calma que se reflejó, primero, con el respaldo de la Comisión Primera del Senado al proyecto de fuero militar (14 votos a favor por ninguno en contra), y luego con la decisión unánime de las comisiones séptimas de respaldar el proyecto para las 100 mil viviendas gratis. La Unidad Nacional volvía a tener aires de aplanadora.
 
Pero en una reunión de la bancada de parlamentarios liberales, se conoció que este partido mencionó se refirió al tema de la burocracia. Semana.com conoció que el senador Luis Fernando Velasco, le reclamó a Simón Gaviria (presidente de la colectividad) por la representación del partido en el gabinete. Insinuó que los ministros Rafael Pardo y Juan
 
Carlos Esguerra no representaban al partido y se advirtió que La U se estaba fortaleciendo en el gabinete. El tema, de momento, no ha pasado de ese comentario.
 
23 de mayo. Aparecen los verdes
 
En la tarde de ese miércoles, el presidente vocero del Partido Verde, Luis Eduardo Garzón, reaparece en la arena política al ingresar, con la bancada de parlamentarios, a la Casa de Nariño.
 
Tras un diálogo con el presidente Juan Manuel Santos, Garzón difunde un comunicado en el que le reitera, una vez más, el respaldo de los verdes al gobierno, pero en el que advierte que no es incondicional: "nuestra permanencia en la Mesa de Unidad Nacional no significa incondicionalidad a ninguna de sus políticas. Tampoco un apoyo anticipado a su eventual reelección. Ese tema será debatido por el Partido una vez el Jefe del Estado exprese su eventual decisión de participar en el debate electoral de 2014".
 
Fueron los Verdes los que se vieron enredados, a comienzos de febrero, en un debate burocrático. Se conocieron sugerencias de que el partido tendría nombres para integrar el gabinete. Desde ese entonces se publicaron informaciones de que Enrique Peñalosa podría ingresar a la cartera de vivienda o la de Transporte, o que Lucho Garzón podrían ser el comisionado para la paz. Un cargo que tuvieron otros gobiernos, pero que el de Santos nunca se ocupó.

El nuevo gabinete
 
Tras los nuevos movimientos, La U se siente con mayor representación, más aún con la presencia de Renjifo y Restrepo en el ministerio del Interior, y su actitud en el parlamento ha dejado de ser tan crítica a como lo era en los primeros días de la legislatura.
 
Los conservadores se sienten diezmados, pero el ministerio de Transporte podría ser un nuevo endulce. Sin embargo, mantienen su postura crítica a varios proyectos, aunque al final los aprueban. Los liberales se quedan con Pardo y Esguerra, de momento han mentenido su incondicionalidad al gobierno, pero en estos días se han opuesto sistemáticamente al borrador de la reforma tributaria. Y Cambio Radical guarda silencio, pues quien los representa, Germán Vargas Lleras pasó al ministerio de Vivienda, para liderar la política social más ambiciosa del gobierno.
 
Los nuevos nombramientos parecen haber llevado la calma al Congreso, donde el presidente Santos busca mantener la misma gobernabilidad. La U y los partidos políticos aún tendrán que sentar sus posiciones definitivas en los proyectos señalados por el gobierno.