Miércoles, 27 de agosto de 2014

| 2013/09/04 00:00

Piden investigar a jueza que realiza matrimonios gais

Detractores de estas uniones exigen investigación por prevaricato a jueces que las realicen.

No es la primera vez que Carmen Lucía Rodríguez, jueza 67 de Bogotá, es centro de controversia.

El pasado mes de julio, el concejal Marco Fidel Ramírez le solicitó al procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, y al Consejo Superior de la Judicatura, que investigaran si la funcionara habría incurrido en alguna falta: “Se ha aventurado a formalizar la unión matrimonial de una pareja... entre dos varones”, violando -según la queja del concejal del PIN- los mandatos constitucionales y del Código Civil.

En esta ocasión, el abogado Javier Suárez, director de la Fundación Marido y Mujer, anunció que interpondrá acciones judiciales contra Rodríguez debido a que “la Corte nunca ha dicho que se puede declarar el matrimonio entre homosexuales, solo el civil, y la interpretación de la ley no puede imperar por encima de la Constitución”, le dijo a Semana.com.

“La juez negó el recurso de oposición que puse el 23 julio, un día antes de que se celebrara el primero de estos matrimonios. Esto viola el debido proceso porque no pude entrar a los juzgados a oponerme. Solo dejó ingresar a la pareja de homosexuales y a sus testigos, y tampoco dejó hablar al representante de la Procuraduría quien presentó un recurso de apelación”, señaló Suárez, y sostiene que la jueza lo amenazó con actuar contra la fundación que lidera.

“(La pareja) pidió un matrimonio y ella les dio casamiento civil, por tanto hay un vicio de nulidad; metió ‘mico’ porque usó una palabra ambigua. También solicitamos investigar al abogado de Colombia Diversa que representó a la pareja”, afirmó.

Por su parte, el jefe de prensa de la Fundación, Andrés Rincón, señala que Suárez ha interpuesto demandas para que estos jueces sean acusados de prevaricato, figura usada cuando un servidor público dicta una resolución arbitraria a sabiendas de que esta es injusta.

Vacío legal

Entre los argumentos que tuvo en cuenta la jueza Rodríguez para reconocer este tipo de uniones se encuentra el vacío en la legislación colombiana para reconocer el matrimonio a parejas del mismo sexo, por lo cual se deben aplicar, por analogía, las normas previstas en el Código Civil para las parejas heterosexuales.

Dicha conducta se basa en el artículo 5o. del Código de Procedimiento Civil, según el cual “cualquier vacío en las disposiciones del presente código se llenará con las normas que regulen casos análogos y a falta de estas con los principios constitucionales y los generales del derecho procesal”.

Pero el concejal Ramírez no es el único que apoya la causa del abogado. La Procuraduría, ente al cual Suárez le solicitó investigar a la Corte Constitucional por “legislar en decisiones que le competen al Congreso de la República”, también ha manifestado que “las normas que definen al matrimonio como un contrato celebrado entre un hombre y una mujer reconocen que la procreación es uno de sus fines”, afirmó en su momento Alejandro Ordóñez.

Pero las quejas no acaban ahí. Suárez, además, le solicitó al Ministerio Público que investigue al fiscal general de la Nación, Luis Eduardo Montealegre, “porque salió a decir a los medios que se pueden hacer matrimonios (entre parejas del mismo sexo). Además, solicité que investigue por prevaricato al juez o notario que lleve a cabo matrimonios (homosexuales)”, y agregó que “pretenden engrandecer al fiscal como hombre que está dando debates nacionales, pero debemos someternos a la Constitución, no interpretarla”.

Siguiente paso: ¿adopción?

Marido y Mujer también impugnó el fallo contra la orden de casamiento pronunciada por el juez civil 11 de la ciudad de Cali: “Estamos esperando a que procedan a ver si ratifican o revocan la decisión”, dice Suárez.

“Debemos evitar a toda costa que la unión de parejas homosexuales se haga bajo el término de matrimonio porque eso va a llevar a la adopción, a la cual me opongo”, y agregó que “hay un auge de la homosexualidad y lo presentan como lo actual y lo lindo. Nosotros estamos dando el debate porque apoyamos la unión civil, pero también debe haber tratamientos psicológicos, médicos y religiosos a quienes los soliciten”.

Acerca de por qué se opone a estas uniones, el director de la fundación argumenta que “no poder procrear los pone en desventaja. (El hombre y la mujer) están estructurados para complementarse psicológicamente. Dos hombres o dos mujeres no pueden hacerlo. Es tolerable que se acompañen, pero no que se casen. El matrimonio es entre varón y mujer”.

En la misma línea, el concejal del PIN Marco Fidel Ramírez afirmó que es su “deber delante de Dios, delante de su conciencia y delante de la gente que lo eligió defender con valentía la vida, la familia y el carácter moral de nuestros hijos”.

La laicicidad y pluralidad del Estado, también proclamadas en la Carta Magna, alimentan una polémica que conducirá ya sea a que la ley se regule paralelamente a la terminología de la Constitución de 1991, o a un nuevo cambio que elimine el “candado” constitucional que motiva el debate.

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