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| 5/18/2011 11:00:00 AM

Polo insiste en reparación desde 1980

El texto establece que sólo serán indemnizadas las víctimas desde el primero de enero de 1985 en adelante, y a los despojados desde 1991 se les restituirán las tierras.

Luis Carlos Avellaneda, senador del Polo Democrático, afirmó que el proyecto de ley de víctimas demuestra la “voluntad política” del Gobierno y del Congreso por “saldar una deuda con las víctimas”, pero que el texto que empezará a ser discutido en su cuarto y último debate “es insuficiente”.
 
Numerosos son los reparos que Avellaneda, a nombre del partido de oposición, tiene sobre el proyecto “bandera” del gobierno de Juan Manuel Santos. Por eso se atrevió a radicar una ponencia alternativa del texto concertado por el presidente con los partidos políticos.
 
Es consciente de que su ponencia será derrotada, pero por instrucción del Polo tiene cerca de 90 observaciones al texto oficial y hará sus proposiciones para modificarlo.
 
Una de ellas es que, según el texto que ha sido aprobado en tres debates, la ley de víctimas discriminaría a un universo de afectados por violaciones a los derechos humanos que hoy quedaría excluido de las medidas de reparación y restitución de tierras.
 
Según el texto, sólo las víctimas desde el primero de enero de 1985 podrán acceder a indemnización administrativa (cercana a 40 salarios mínimos mensuales vigentes) y aquellos que certifiquen que fueron desplazados desde el primero de enero de 1991 podrán ser restituidos de sus predios.
 
Para el vocero del Polo, esa fecha tiene que ser unificada, y propone que sea desde el primero de enero 1980. “Si no se establece ese término, quedarán discriminadas muchas víctimas que fueron objeto de desaparición, torturas, asesinatos y graves violaciones a los derechos humanos”, dice Avellaneda.
 
Según el senador, la década de los 80 registra 330.000 hectáreas objeto de despojo, de acuerdo con registros de la pastoral social de la Iglesia Católica, la misma fuente que ha utilizado el Gobierno.
 
Pero esa misma década se registraron crímenes como los genocidios del Nuevo Liberalismo -que no se reducen al homicidio de Luis Carlos Galán (agosto de 1989)-, la Unión Patriótica y de numerosos dirigentes sindicales.
 
Para Avellaneda, no sólo la fecha contemplada por el proyecto de ley, sino el reconocer el conflicto armado interno, también reduce el universo de beneficiarios por la ley.
 
“Al incluirse ese término (conflicto armado) se reducen las víctimas a aquellas con ocasión de la confrontación entre el Estado y los grupos armados ilegales. Quedarían fuera las víctimas de la violencia sociopolítica”.
 
Como violencia sociopolítica resalta crímenes del narcotráfico, por ejemplo el del ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla. “Episodios como ese tienen un contexto distinto al del conflicto armado interno”.
 
El coordinador ponente del proyecto, senador Juan fernando Cristo, controvierte la tesis planteada por el Polo. La califica como una "equivocación" al asegurar que el hecho de establecer la fecha del 1 de enero de 1985 como término para la indeminización administrativa incluye el llamado exterminio de la UP y la llamada época del "narcoterrorismo".   

Avellaneda dijo que el Polo defenderá estas tesis en el último debate de la ley de víctimas. Sabe que su ponencia alternativa será derrotada de forma abrumadora, pero anunció que presentará al menos 20 proposiciones para modificar esa ley.
 
El senador del Polo también insiste en que su propósito es defender lo que para su partido debería ser la ley ideal, y que sus observaciones no buscan dilatar el debate ni oponerse al proyecto.

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