¿Por qué se rebelaron cinco alcaldes contra Fedemunicipios?

La pelea entre la Federación Colombiana de Municipios (Fedeminucipios) y algunas alcaldías es de años atrás. Sin embargo, esta semana tuvo comienzo un nuevo capítulo:  los alcaldes de grandes ciudades del país, Samuel Moreno, de Bogotá; Alonso Salzar de Medellín; Judith Pinedo de Cartagena; Alejandro Char, de Barranquilla y Juan Pablo Díaz Granados, de Santa Marta anunciaron que se retiraban de la organización.

En su criterio, la Federación perdió su norte cuando comenzó a entregar la administración del Sistema Integrado de Información de Multas y Sanciones por infracciones de Tránsito, Simit, a particulares.

Fedemunicipios recauda el 10 por ciento del valor de cada comparendo que pagan los ciudadanos en cualquier municipio por manejar la base de datos del Simit.

Además, cobra los comparendos y multas de infractores morosos. Los alcaldes argumentan que la Federación solo debe recibir el 10 por ciento del valor de los comparendos y multas que cobre y recupere, y no de los que paguen los ciudadanos en las secretarías de Tránsito de cada municipio.

“Deben excluirse las que recaudamos directamente las entidades territoriales o las que son pagadas directamente por los ciudadanos al Estado” dijeron los cinco alcaldes en su declaración.

Argumentaron que de lo contrario, el Estado le estaba entregando dineros a una empresa jurídica de derecho privado sin contraprestación alguna.

“No sólo se extralimitó, conforme lo ha expresado la Procuraduría General de la Nación, sino que prometió a su concesionario una multimillonaria remuneración, la cual recae sobre rentas que no han ingresado a los municipios y distritos por la gestión del Simit”, argumentaron los mandatarios.

Ellos consideran que una vez Fedemunicipios se convirtió en concesionaria de Servicios de Telemedicina y el Sistema Integral de Transporte Aéreo Medicalizado, “dejó de representar de manera imparcial los intereses de nuestras entidades territoriales”.

El presidente de la Federación Colombiana de Municipios (FCM), Gabriel Toro, respondió en Semana.com que es muy grave para el proceso de descentralización de los recursos el hecho de que dichas ciudades se aparten de la Federación, pues esta agrupa a todos los municipios para facilitrles las negociaciones con el gobierno central.

Sin embargo, aclaró que la pertenencia a Fedemuncipios “no es obligatoria. Lo que sé es obligatorio es el pago del porcentaje por concepto del Simit”, en la carta enviada por el alcalde Salazar, por ejemplo, dice que Medellín sí seguirá pagando.

Toro dijo que el sistema está generando soluciones tangibles y que por eso no se podía descalificar.
 
El origen de la  discordia

La discordia tiene su raíz en lo que dice el artículo 10 del Código de Tránsito que autorizó a “la Federación Colombiana de Municipios para implementar y mantener actualizado a nivel nacional, un sistema integrado de información sobre las multas y sanciones por infracciones de tránsito Simit, por lo cual percibirá el 10 por ciento de la administración del sistema cuando se cancele el valor adeudado. En ningún caso podrá ser inferior a medio salario mínimo diario legal vigente”, reza el artículo.

Este ha sido el caballo de batalla de Fedemuncipios con el cual ya le ganó una demanda al Distrito ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Sin embargo, la Procuraduría le pidió al Consejo de Estado que revise la decisión.

De todas maneras el Distrito deberá pagar el dinero que le adeuda a Fedemuncipios por concepto del recaudo del 10 por ciento de los comparendos. La que comenzó siendo una deuda de 41 mil millones de pesos, puede ascender a 80 mil por daños y perjuicios e intereses.

Toro explicó que Medellín hasta ahora no le adeuda nada a Fedemuncipios, salvo el pago de una cuota de sostenimiento que suma un poco más de 300 millones de pesos.
“El problema ha sido el recaudo del Simit en Bogotá. El Alcalde no quiere pagar algo que tiene el respaldo de los tribunales”, dijo Toro.

Con el paso del tiempo el detrimento para el patrimonio de la ciudad puede ser mayor. “Esta es la razón por la cual el alcalde Moreno está buscando un respaldo político de otros alcaldes para que se salgan de Fedemuncipios”.

Los cinco alcaldes, en su declaración le pidieron al Ministerio de Transporte que aclare cuál es el alcance del polémico artículo 10 del Código de Transporte que fue aprobado por el Congreso en 2002. También advirtieron que la administración de Bogotá “puso en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación el recaudo sin autorización legal de rentas y caudales públicos, provenientes de las multas e infracciones de tránsito”.

La pelea, sin embargo, va para rato. El dinero que está en juego es mucho, pues la Federación recibe anualmente 11 mil millones de pesos por administrar el Simit.

No obstante, salvo que se modifique el Código de Transporte o haya un pronunciamiento de fondo sobre su constitucionalidad, los municipios están sometidos a pagar el recaudo, y la renuncia a pertenecer a Fedemunicipios solo será un acto simbólico de protesta.