Presidente del Congreso propone revivir inmunidad parlamentaria

Juan Manuel Corzo, en uno de sus primeros actos como presidente del Congreso, radicó un proyecto de reforma constitucional que pretende establecer la doble instancia para los parlamentarios. Un tema en el que tanto el Gobierno como la rama Judicial están de acuerdo, y que lo analizarían dentro de la reforma a la justicia.
 
Sin embargo, Corzo no esperó al debate de la reforma y decidió radicar su propia iniciativa. Pero en ella, que busca modificar varios artículos de la Constitución, hay una sorpresa. Un artículo que busca revivir la inmunidad parlamentaria
 
La llamada ‘reforma Corzo’ propone que los congresistas no podrán ser inculpados, procesados, capturados, detenidos o privados de la libertad sin la previa autorización de la Cámara respectiva, salvo flagrante delito”.
 
Esto quiere decir que si la Corte Suprema de Justicia, que investiga a los parlamentarios, dicta una orden de captura contra un senador o un representante, no se podrá hacer efectiva. Para ello la plenaria de Senado o de la Cámara deberá votar por mayoría si levanta o no la inmunidad.
 
Pero la propuesta también señala que si la plenaria de la respectiva Cámara decide negar el levantamiento de la inmunidad, el congresista sólo podrá ser procesado y juzgado hasta la terminación de su período o hasta la terminación de su investidura.
 
Juan Manuel Corzo dice que este proyecto no pretende revivir la inmunidad, sino mantener los principios del derecho internacional y las garantías “que todos los parlamentarios en el mundo tienen”.
 
“Lo que buscamos es fortalecer la rama legislativa. Buscamos la inmunidad pero no la impunidad. La inmunidad será levantada en cualquiera de los casos, por ejemplo en que el delito sea flagrante, que las pruebas sean tan contundentes que ameriten que la inmunidad se levante. Hoy tenemos es un Congreso asustado que se declara impedido para pronunciarse sobre cualquier tema”, explica Corzo.

El presidente del Senado dice que ha venido socializando su propuesta con las demás ramas del poder público y habría un acuerdo al respecto.
 
"Este no es un capricho personal. Muchos me han dado mensajes de que están de acuerdo. Yo no estoy legislando en causa propia. Es una iniciativa en causa general, en una forma superior”, afirmó este jueves, en diálogo con Caracol Radio, el legislador conservador.

Sin embargo, en el propio parlamento, varios sectores políticos están en contra de esta iniciativa.
 
Simón Gaviria, presidente de la Cámara de Representantes, considera que los congresistas deben tener inmunidad cuando expresan opiniones en la plenaria sin ningún tipo de restricción. Pero en materia de procesos penales “esto llevaría a que los congresistas se autojuzguen, y el autojuzgamientro podrían romper el equilibrio de poderes”.
 
Otro liberal, el senador Juan Fernando Cristo, calificó la propuesta de inconveniente e inoportuna. “La inmunidad parlamentaria fue un tema superado, sería un retroceso y tendría un mensaje de retaliación contra la rama judicial”. Cristo también considera que la ‘reforma Corzo’ es inoportuna porque “no permitirá ahondar el debate de la reforma a la justicia”.
 
Alexánder López Maya, senador del Polo y vicepresidente del Senado, dice que los parlamentarios deben garantizar su derecho, como el que tienen todos los ciudadanos, al establecimiento de la doble instancia. Pero otra cosa es que sea pretexto para revivir la inmunidad parlamentaria
 
“Determinar que el Congreso sea el que decida en qué momento se debe abrir un proceso es una forma de autoprotegerse y de deslegitimación de la justicia que no se puede permitir (…) Esto, más allá de inmunidad, es buscar impunidad parlamentaria”, considera López Maya.
 
La inmunidad parlamentaria fue uno de los más intensos debates de la Asamblea Nacional Constituyente en 1991. Allí se decidió levantarla porque impedía que jueces de la República adelantaran procesos penales mientras la respectiva cámara legislativa no diera la autorización, lo cual politizaba el debate.
 
En ese entonces, el ejemplo del debate era el del capo del cartel de Medellín Pablo Escobar, quien, por haber sido parlamentario, no podía ser capturado porque gozaba de esa inmunidad.
 
Si esta figura no se hubiese eliminado del marco jurídico colombiano, procesos como los del parapolítica probablemente no habrían desembocado en capturas, y el Congreso, gracias a las investigaciones de la justicia, no hubiese adelantado la depuración a la que se vio obligado.
 
Por eso, la llamada ‘reforma Corzo’, que tiene el espíritu de “fortalecer la rama legislativa”, ha sido calificada como un retroceso que podría desembocar en un desequilibrio de los poderes.