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| 8/23/2011 12:00:00 AM

Primer pulso entre Gobierno y cortes por presupuesto de la justicia

Gobierno y cortes destaparon en el Congreso sus cartas sobre la reforma a la justicia. El primer pulso, el presupuesto de la rama judicial. Los magistrados lo califican de insuficiente, mientras el ministro del Interior dice que el problema es estructural y no sólo de plata.

El ministro de Justicia Juan Carlos Esguerra debutó en el Congreso. Presentó ante la Comisión Primera del Senado los alcances de la reforma a la justicia propuesta por el gobierno. El proyecto, que calificó de “sesudo y nada improvisado”, fue blanco de muchas observaciones por los presidentes de las altas cortes.

Precisamente, el Consejo de Estado también expuso los alcances de su propia reforma. Además fue respaldado por la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Superior de la Judicatura.

Los presidentes de estas corporaciones acompañaron al presidente del Consejo de Estado, Mauricio Fajardo, y no sólo cerraron filas en torno a la propuesta que nació del seno de la rama judicial. También coincidieron en afirmar que el proyecto del gobierno no resuelve los “verdaderos” problemas de la administración de justicia.

Tanto el Consejo de Estado, como la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Superior de la Judicatura le lanzaron una fuerte advertencia al gobierno. De nada servirán los ajustes planteados si no se aumenta el presupuesto de la rama judicial.

“Los problemas de la justicia no sólo son responsabilidad de los jueces. Es responsabilidad del Estado que no ha suministrado los recursos suficientes para que la justicia sea pronta y eficaz y accesible al ciudadano”. Esa fue la advertencia del magistrado Camilo Tarquino, presidente de la Corte Suprema de Justicia.

Necesitamos cinco por ciento del presupuesto nacional: cortes

Mauricio Fajardo, presidente del Consejo de Estado, fue el encargado de proponer que, por vía constitucional, a la rama judicial se le garantice mínimo el 5 por ciento del presupuesto nacional, y que este excluya la partida destinada para el funcionamiento de la Fiscalía.

La audaz propuesta significa que a la rama judicial se le asigne 8,8 billones de pesos anuales. El actual presupuesto para la justicia no supera los 2,4 billones de pesos.

“Necesitamos una política de Estado que establezca que la administración de justicia siempre debe mantenerse al día. No se puede garantizar la autonomía de la rama judicial cuando cada año hay que estar rogando que se le giren los recursos necesarios”, explicó Fajardo.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia dijo que reclamar el 5 por ciento “no es una cifra caprichosa” y que está sustentada en estudios técnicos adelantados por el Consejo Superior de la Judicatura.

Según el magistrado Camilo Tarquino, el gobierno destina el 5,6 por ciento del presupuesto al Ministerio de Hacienda; el 4,1 a la Policía, el 14,4 a la educación y el 16, 6 por ciento exclusivamente al ministerio de Protección Social. “Sólo el ICBF se lleva el 2 por ciento del presupuesto”, rubro similar al de la rama judicial.

“Nos hacen falta mínimo dos billones para el presupuesto de la rama judicial. Los jueces tenemos que multiplicarnos. Hoy estamos rindiendo a más del 111 por ciento para descongestionar la justicia”, explicó el presidente de la Corte Suprema de Justicia.

Por eso, el primer debate de la reforma a la justicia se concentró en esta discusión. Angelino Lizcano, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, lanzó varios dardos al gobierno y descalificó el proyecto presentado por el Ejecutivo al afirmar que “una verdadera reforma a la justicia” no pasa por eliminar la Judicatura.

“No entendemos por qué el ministro de Hacienda sólo otorgó 24.000 mil millones de pesos como aumento de presupuesto cuando las necesidades ascienden a dos billones”, explicó Lizcano.

La exigencia es “inviable”: Gobierno

El Gobierno, en voz del ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, consideró que los problemas de la justicia son estructurales y van más allá del tema presupuestal. Además calificó de “imposibles” e “inviables” las exigencias de las altas cortes.

Vargas Lleras consideró que las peticiones de las altas Cortes significan un aumento para la rama del 500 por ciento, en su presupuesto entre un año y otro.

"Uno de los asuntos centrales, a lo largo de este año, ha sido garantizar un mayor presupuesto para la rama judicial. El Gobierno es consciente y por eso trajo a consideración del Congreso el proyecto que reglamenta la tarifa del arancel judicial y para el proyecto de prepuesto del año 2012 se va hacer un esfuerzo sin precedentes”, explicó Vargas Lleras.

Angelino Lizcano dijo que el Congreso “no puede hacerle el quite” a la discusión de la rama. Y refiriéndose a Vargas Lleras dijo que las cortes no sólo están peleando por plata. “No todo es dinero, pero es un elemento fundamental”.

La polémica de la doble instancia

Otro de los puntos de la reforma a la justicia que generó un choque de criterios entre el Gobierno y las cortes fue la garantía de la doble instancia en procesos penales para congresistas.

Las cortes consideran necesario e indispensable garantizarles a los aforados ese derecho, pero cuestionan que el Gobierno proponga que sea la Fiscalía y no la Corte Suprema de Justicia la que investigue a los congresistas.

“Fue una sorpresa” la propuesta, admitió Camilo Tarquino, pues aseguró que un año de discusiones el gobierno jamás habló de esa fórmula.

Para la rama judicial, la propuesta solo busca retirarle a la Corte Suprema de Justicia sus facultades de investigar.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, rechazó la tesis de que se quiera gubernamentalizar la investigación a los congresistas. “Es falso. La Fiscalía pertenece a la rama judicial y fue creada como el máximo organismo investigador”.

La doble instancia se garantizará, según Esguerra, dividiendo la sala penal de la corte en dos secciones. Una valorará el proceso en primera instancia y la restante hará la segunda instancia.
La reforma a la justicia empezó su discusión. La audiencia de este martes sirvió para que el Gobierno y las cortes destaparan sus cartas. Pero el consenso está aún muy lejano y el proyecto debe superar cuatro debates antes del 16 de diciembre.

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