Primeros apuntes del 'revolcón' al Estado

El presidente de la República tendrá seis meses para diseñar los decretos con los que reformará varias entidades de la administración central y que son adscritas a la rama ejecutiva. Sólo faltan las actas de conciliación entre Senado y Cámara para que ese periodo de tiempo empiece a cursar.
 
De momento, el ‘revolcón’ al Estado contempla intervención y transformación de casi una decena de entidades que, por estado crítico de corrupción o porque sencillamente no están cumpliendo a cabalidad con sus funciones, serán modernizadas.
 
Según el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, la reforma del Estado no tiene carácter fiscalista. Esto quiere decir que no se intervendrán entidades con el propósito de reducir costos de funcionamiento por cuenta de su planta de personal.
 
La promesa que el Gobierno le hizo al Congreso, al reclamar las facultades extraordinarias para poder crear, suprimir y escindir nuevas entidades, es que en aquellos casos en que la reforma determine la supresión o eliminación de determinados cargos, los funcionarios puedan ser reubicados en las nuevas entidades. Aunque todo conforme a las leyes vigentes en materia laboral, que, en algunos casos, contempla concurso de méritos.
 
“No habrá masacre laboral”, dice el Gobierno, aunque muchos sectores políticos aún tengan la duda.
 
El ministro del Interior, en la discusión del proyecto de facultades, delineó algunos detalles de la forma como será reestructurado el Estado. De la casi decena de entidades a intervenir, las cirugías al DAS y a la Dirección Nacional de Estupefacientes son las más avanzadas.
 
Así sería el revolcón al Estado:

Del DAS a la Agencia Nacional de Inteligencia
 
El Departamento Administrativo de Seguridad, probablemente en seis meses, cambiará de nombre. Se crearía la Agencia Nacional de Inteligencia, una entidad de carácter civil, adscrita a la Presidencia de la República, que sólo cumpliría con funciones de inteligencia y contrainteligencia.
 
Las actuales funciones complementarias que desempeña el DAS serán despojadas. La protección y los esquemas de seguridad serán asumidos, en adelante, por el Ministerio del Interior. Esta transformación ya se viene presentando.
 
Las funciones de extranjería serán, en adelante, competencia de la Cancillería. Las funciones de policía judicial también serán despojadas de la agencia de inteligencia. Esas funciones serán trasladadas a la Fiscalía General de la Nación.
 
Según la ley aprobada en cuarto debate, se ha facultado al Gobierno para reestructurar la planta de la Fiscalía e incorporar aquellos trabajadores del DAS que hoy cumplen funciones de policía judicial.
 
DNE, sin bienes
 
En el revolcón al Estado, la Dirección Nacional de Estupefacientes no cambiará de nombre, pero sí será despojada de una de sus principales funciones: la administración de los bienes incautados a las mafias y el narcotráfico.
 
En seis meses, esos bienes, que a través de procesos de extinción de dominio pasan a manos del Estado, serán administrados por una entidad adscrita al Ministerio de Hacienda.
 
La actual DNE se reducirá a cumplir las funciones del diseño y orientación de las políticas antidrogas.
 
INPEC, en evaluación
 
El Instituto Nacional Penitenciario, que tiene a su recaudo el manejo de las cárceles de todo el país, ha sido calificado por el propio Gobierno como “un despelote”. Aunque no será reformada, se entregarán mayores herramientas a futuros directores para reaccionar ante casos de corrupción interna.

Supernotariado, concurso de méritos
 
La Superintendencia de Notariado y Registro se ha convertido en una de las entidades cruciales para el actual gobierno. Por allí pasará parte de la política de restitución de tierras a los desplazados. Recientemente se han destapado casos de corrupción que comprometen a funcionarios de esa entidad en todo el país.
 
La reforma de la Superintendencia, más que modificar su naturaleza jurídica, pasa por una depuración interna. Se elevará el perfil de los 2.500 funcionarios, que en promedio ganan un millón de pesos, lo que los pone en alto riesgo de corrupción. Se creará una delegada para la Restitución.
 
Esta reforma se complementará con un proyecto de ley que el Gobierno presentará este semestre que pretende institucionalizar el concurso abierto y público, similar al de los notarios, para designar a los directores de todas las oficinas de notariado y registro en el país.
 
Del INCO a la Agencia nacional de Infraestrutura
 
El ministro de Transporte, Germán Cardona, pidió las facultades para reformar dos entidades adscritas a su cartera. INVÍAS y el Instituto Nacional de Concesiones. Sobre esta segunda recaen todos los procesos de licitación en materia de infraestructura.
 
Allí se han detectado irregularidades y por eso será objeto de reforma. Aún no hay una evaluación concreta sobre lo que allí se va a hacer, pero sí se creará, en su reemplazo, la Agencia Nacional de Infraestructura.
 
La nueva Agencia Nacional de Minerales
 
Por su parte, el ministro de Minas, Carlos Rodado Noriega, defendió las facultades al reclamar que en su cartera se debe reestructurar INGEOMINAS. Se crearía la Agencia nacional de Minerales, Minercol, que en adelante sería la que regule la explotación de minerales en el país.
 
Nueva agencia para defender a la Nación
 
Según el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, a más tardar en el mes de julio se separará el Ministerio de la Justicia y el derecho. Esa nueva cartera contempla la creación de un despacho con una jerarquía cercana a la de un viceministerio para que se ocupe de la defensa jurídica del Estado.
 
Se trataría de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica de la Nación, entidad que se encargará de evaluar los distintos aspectos que han ocasionado condenas judiciales contra el Estado, en Colombia y en el exterior, y que defienda los intereses de la Nación en futuros pleitos judiciales.
 
Germán Vargas Lleras dijo que las pretensiones económicas de las demandas al Estado superan 100 billones de pesos. La nueva agencia tendría juristas de elevadas calidades que afronten este tipo de demandas contra la Nación.
 
Aunque las facultades entregadas por el Congreso al Presidente contemplan la reestructuración de todas las entidades del Estado, el Gobierno también prometió que entidades como el SENA y el ICBF no serán objeto de reingeniería.