Principio de acuerdo sin cese al fuego: primera controversia

Las ‘reencauchadas’ comisiones de paz del Congreso no fueron indiferentes al posible acuerdo que habrían suscrito el Gobierno y las FARC durante la fase de “conversaciones exploratorias” que confirmó el presidente Juan Manuel Santos.
 
Luego de que el exvicepresidente de la República Francisco Santos revelara en RCN Radio (emisora que dirige) los alcances del presunto acuerdo, consignado en 6 puntos y unas reglas de juego, la sensación que reina en el ambiente del Capitolio es que Gobierno y FARC aún no tienen en mente fumar la ‘pipa de la paz’, pero sí generar las condiciones para hacerlo.
 
La razón, en ninguno de los puntos de acuerdo de dicho documento, que el Gobierno no ha salido a desmentir, se habla del “cese al fuego”, uno de los escenarios que el Congreso definió como uno de los “errores del pasado” y que el presidente Santos se comprometió a “no volver a cometer”, en el propósito de dar “plena confianza a los colombianos” en el actual proceso.
 
Por eso, la Comisión de Paz del Senado se sorprendió al conocer que la segunda fase de este proceso, la negociación de un acuerdo, no se producirá en medio del escenario que muchos han calificado de ideal, sin que las Farc hayan entregado las armas.
 
Hubo controversia en la Comisión de Paz, pues algunos de sus integrantes opinaban que los diálogos en medio de las armas podrían significar que la guerrilla no tiene plena voluntad de paz o utilicen este escenario para fortalecerse, como sucedió en el Caguán.
 
Por eso, cuando se esperaban “posturas definidas” de la Comisión de Paz frente a los alcances del presunto acuerdo, estas no llegaron.
 
Por el contrario, frente a la primera controversia que tuvieron los integrantes de esta comisión, la del cese de hostilidades, el presidente de la sala y el presidente del Senado, Roy Barreras (la U), prefirieron decir “no opino”.
 
El senador Carlos Baena sí se mojó en el tema y consideró que “desde el principio se debería definir cese de hostilidades” porque eso “generaría confianza en todo el pueblo colombiano”.
 
Incluso, la representante Ángela María Robledo (Partido Verde) consideró que las exigencias en esta controversia no son exclusivas para la guerrilla, sino que el Gobierno también debería contemplar un escenario similar para ambientar la paz.
 
La postura de la congresista hacía referencia en concreto a las recientes declaraciones del ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, quien en las horas posteriores a la confirmación de las “conversaciones exploratorias” reiteró la disposición de arreciar contra las Farc.
 
“Yo le pregunto al presidente Santos, ¿con un ministro como (Juan Carlos) Pinzón se va a alcanzar la paz? Aquí hay que empezar a cambiar no solo las prácticas, también el lenguaje. Y no solo hay que exigirle gestos de confianza a la guerrilla, también al Gobierno”. 
 
El congresista Iván Cepeda (Polo) considera que en el proceso de paz con las Farc “es necesario, en algún momento, declarar un cese de hostilidades bilateral, que garantice la confianza y el cumplimiento de compromisos puntuales, así como para proteger a la población civil y a los propios combatientes”.
 
Cepeda también dijo que los errores del pasado no pueden reducirse al proceso del Caguán: “es cierto que en el Caguán primó el maximalismo y el irrespeto a las reglas de juego, y tampoco es menos cierto que la experiencia de los acuerdos en Uribe (Meta) y el exterminio de la Unión Patriótica (UP), nos enseñan que la paz se construye respetando la palabra empeñada y garantizando la participación democrática”.
 
Ante esta controversia, el presidente del Senado dejó en manos del presidente Juan Manuel Santos la decisión de que su gobierno dialogue con las Farc en medio de la confrontación. Roy Barreras tiene la conciencia de que el acuerdo que suscriban las partes es “apenas para terminar el conflicto. La Paz vendrá después”, admitió.
 
Por eso, las intenciones de tramitar el proyecto de ley para reglamentar el marco para la paz y ponerlo en marcha hoy se advierten “muy precipitadas”, tras conocerse la presunta carta de navegación que tendrían el Gobierno y las Farc en Cuba, donde según el presunto acuerdo, se llevarían las mesas de trabajo.
 
Barreras considera que la ley que reglamente ese marco para la paz podría producirse después de ponerle punto final a más de 50 años de conflicto, y precisamente para certificar los acuerdos que lleven a la desmovilización de los alzados en armas. Por eso, el llamado de las comisiones de paz es a la “prudencia”, porque esta primera fase, antes de alcanzar la paz, se debe desarrollar en “absoluta discreción”.

La participación de la sociedad civil
 
En lo que sí hay acuerdo político en el Congreso es que estas negociaciones para “acabar el conflicto y ambientar las condiciones para la paz” no se deben hacer a espaldas del país, por lo que plantean la “participación activa” de la sociedad civil en el proceso, y en el consenso de los acuerdos. El senador Carlos Baena le insiste al presidente Santos “reactivar” el Consejo Nacional de Paz, como mecanismo para garantizar la participación de la sociedad civil en las deliberaciones.

Pero la mayor exigencia que el Congreso le hace al Gobierno es que las víctimas tengan presencia en las mesas de negociación. Una exigencia que el presidente del Senado calificó de “inalienable e innegociable”.
 
Y el papel de Hugo Chávez

En el Congreso también hay un creciente consenso en la necesaria participación de la comunidad internacional en el proceso, aunque haya ciertos sectores que hagan reparos en la presencia del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, en esta fase de negociación.
 
La participación de Venezuela “ayuda a legitimar el proceso”, considera el senador Luis Carlos avellaneda (Polo – Progresistas), otro de los integrantes de la Comisión de Paz. “A título personal preferiría que los países vecinos no intervengan. Otros países amigos pueden hacer la mediación”, dice el senador José Francisco Herrera (Cambio Radical). Dos posiciones que dejan percibir que sobre la presencia del gobierno de Hugo Chávez no hay consenso político.