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| 9/26/2012 12:00:00 AM

Procesos que irán a la justicia militar preocupan en el Congreso

Comisión Primera de la Cámara aprueba la ampliación del fuero militar pero exige al gobierno revelar cuántos procesos contra militares pasarán a las cortes marciales gracias a esta reforma.

La presunción de que todos los actos cometidos por los militares corresponden a actos propios del servicio, tal como lo aprobó la Comisión Primera de la Cámara, sigue generando preocupación en el parlamento colombiano.
 
Congresistas como Germán Navas Talero e Iván Cepeda (Polo) insistieron en que el propósito del Gobierno de reformar los alcances del fuero militar sólo generará impunidad y violará los preceptos del Derecho Internacional Humanitario.
 
No fueron suficientes las cláusulas que le impuso el Congreso a esta reforma para despejar esos temores. La Comisión Primera estableció que la justicia penal militar conocerá todos los actos del servicio salvo los que constituyan delitos de lesa humanidad, desaparición forzada y genocidio.
 
Una Comisión judicial mixta, integrada por investigadores de la justicia penal militar y la ordinaria, será la que tendrá que establecer las competencias de las investigaciones. El proyecto fue respaldo de forma mayoritaria, pues solo contó con la oposición del Polo y algunos parlamentarios del partido Liberal expusieron algunas observaciones.
 
Pero la mayor inquietud que generó la aprobación de la reforma en quinto debate es que con la nueva norma, de forma inmediata, actuales procesos que adelanta la justicia ordinaria contra militares, podrían pasar al conocimiento de las cortes marciales.
 
Esa inquietud no fue del todo resuelta por el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón. Por eso, el ponente Alfonso Prada (Partido Verde), exigió al Gobierno que para el sexto debate revele cuántos procesos están siendo abordados por la justicia ordinaria y no tienen sentencia ejecutoriada. El propósito despejar los temores de que con la reforma se abrirá una puerta para que esos procesos queden impunes.
 
El ministro Pinzón, en todo caso, dio la garantía de que con esta reforma, por ejemplo, casos como los de los falsos positivos de Soacha, que aún no tienen sentencia ejecutoriada, no pasarán a la justicia especial de los militares.
 
Pinzón además recordó que en los últimos dos años el Gobierno ha destinado cerca de 26.000 millones de pesos para el fortalecimiento de la justicia penal militar para que esta jurisdicción responda a las expectativas.
 
La reforma al fuero militar, proyecto prioritario para el Gobierno, se produce por el reclamo de las propias fuerzas militares, aunque en el contexto de los diálogos de paz entre el Gobierno y las FARC. En el marco de la discusión, algunos afirmaron que la paz no se podía firmar a cualquier costo y pidieron seguridad jurídica para los miembros de la Fuerza Pública, pero también lo mencionaron quienes advirtieron que con este proyecto se estaba otorgando impunidad a uniformados que cometieron graves delitos.
 
Para el representante Miguel Gómez (la U) "el fuero militar no es un privilegio sino un derecho". Los opositores de la iniciativa dicen que este proyecto será excesivamente costoso y le brindará impunidad a quienes cometen delitos y se ocultan en sus emblemas y su uniforme, como asegura Navas Talero.
 
Durante el debate Gómez señaló: "con qué celeridad le damos salvoconductos a los guerrilleros de las FARC para que vayan y debatan en Cuba y Oslo y cómo arrastramos los pies para darle garantías a los miembros de la Fuerza Públicas". Por su parte, Navas expresó que le preocupa todo el proyecto y que "el ministro de Defensa parece estar en contra de Santos en el tema de la paz. Es inconcebible que las infracciones al DIH sean asumidas por los tribunales castrenses".
 
La reforma al fuero militar pasará ahora a conocimiento del pleno de la Cámara de Representantes.
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