La Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad al subintendente de Policía Guillermo Alexander Chacón López por supuestamente haber agredido a una patrullera en las instalaciones de la subestación de Policía de Zaragoza, en Cartago, Valle del Cauca, en 2024.
Se trata de un fallo en segunda instancia en el que la Procuraduría Regional de Juzgamiento del Valle del Cauca determinó que el uniformado habría incurrido en comportamientos agresivos “valiéndose de su superioridad jerárquica”.
Uno de los agravantes es que, según la Procuraduría, los hechos ocurrieron en un contexto privado, lo que para el Ministerio Público evidencia una ruptura de los valores del respeto e infringiría “los principios de legalidad, disciplina, moralidad, proporcionalidad y protección de los derechos humanos” que deben primar en las autoridades del país.
“El ente de control sostuvo que para analizar el caso se hizo una valoración probatoria con perspectiva de género que arrojó como resultado la ejecución de violencias basadas en la condición de mujer de la víctima, por lo que el disciplinado abusó de su cargo y de las funciones que tenía a su cargo, por lo que calificó la falta de manera definitiva como gravísima, cometida a título de dolo”, determinó el Ministerio Público.
No se trata de la primera decisión que toma la Procuraduría en este sentido. En 2025, sancionó con destitución e inhabilidad por 10 años a la patrullera Erika Judith Pérez Romero, esta vez, por actos de violencia contra un ciudadano.
En esa ocasión, el Ministerio Público verificó que la uniformada, en medio de un proceso de registro a un ciudadano, en las inmediaciones del humedal Juan Amarillo en Bogotá, abusó de su posición de autoridad y lo golpeó en su rostro con el arma de dotación, un bastón tonfa.
“El organismo de control corroboró que la servidora pública desconoció los límites y atribuciones establecidos por la ley para el ejercicio de sus funciones; vulnerando, asimismo, los principios de legalidad, proporcionalidad y necesidad. En consecuencia, a lo anterior, en fallo de primera instancia la Procuraduría Distrital de Juzgamiento calificó la conducta de la funcionaria como gravísima, a título de dolo”, informó en su momento la Procuraduría.
Los hechos ocurrieron en 2024 en la localidad de Suba. El ciudadano grabó lo sucedido, por lo que bastó con la contundencia de esa prueba para que fuera sancionada.
De otro lado, en los últimos días se conoció un video de un uniformado que grabó el momento en el que uno de sus superiores aparentemente lo estaría maltratando verbal y físicamente.