Proponen que congresistas solo sean detenidos si son condenados

Tres serán los proyectos de reforma a la justicia que el Legislativo deberá discutir. Además de los propuestos por el Gobierno y el Consejo de Estado, el debate tendrá que contemplar la propuesta del propio Congreso.

Este jueves, 18 parlamentarios, liderados por los representantes que integran la Comisión de Acusaciones de la Cámara, radicaron una reforma a la justicia que será muy controvertida.

Con el argumento de reformar los procesos que adelanta esta Comisión a presidentes, magistrados y fiscales generales, así como quitarse el lastre de la ‘comisión de absoluciones’, el proyecto propone que ningún funcionario con fuero pueda ser detenido, ni siquiera en flagrancia.

Esto significa que así como presidentes o expresidentes, magistrados de las altas cortes y fiscales generales no pueden ser detenidos por la Comisión de Acusaciones, los congresistas tampoco pierdan su libertad por orden de la Corte Suprema de Justicia.
Estos funcionarios sólo perderían la libertad siempre y cuando haya una sentencia judicial que los condene por cualquier delito.

Actualmente, los parlamentarios pueden ser detenidos por orden de la Corte Suprema de Justicia, incluso desde la etapa de investigación. Así se ha procedido, por ejemplo, con los vinculados al escándalo de la parapolítica, que han sido capturados para rendir indagatorias y luego han afrontado los juicios en condición de detenidos.

Lo que propone el Congreso es que los parlamentarios no pierdan su libertad solo después de un juicio penal.

“El proyecto pretende equidad en el juzgamiento de todos los funcionarios aforados. Tanto los que investiga el Congreso, como los que investiga la Corte Suprema de Justicia”, explica el representante Germán Blanco (P. Conservador), presidente de la Comisión de Acusaciones.

Sin embargo, el proyecto ha sido interpretado por varios sectores como una especie de reencauche de la propuesta del presidente del Congreso, Juan Manuel Corzo, quien propuso revivir la figura de la inmunidad parlamentaria.

La idea de Corzo era que los congresistas sólo podrían ser capturados si el propio Congreso, en sesión plenaria, decidía levantar la inmunidad a cualquier congresista que fuera investigado.

‘Supertribunal’ de segunda instancia

Pero el proyecto de reforma a la justicia de la Comisión de Acusaciones también tiene una fórmula para garantizar la segunda instancia a los parlamentarios.

La propuesta es crear la llamada Sala Especial Juzgamiento, que estaría integrada por nueve conjueces designados por las altas cortes, y que conocería los procesos contra congresistas en segunda instancia. La primera instancia seguiría a cargo de la Corte Suprema de Justicia.

La fórmula difiere a la propuesta presentada por el Gobierno que plantea que la sala penal de la Corte Suprema de Justicia se divida en dos secciones: una juzgaría en primera instancia, y la otra garantizaría la segunda.

El proyecto de la Comisión de Acusaciones también propone garantizar la segunda instancia para procesos contra presidentes y magistrados. La plenaria de la Cámara sería la primera, y la del senado la segunda.

La autoreforma

El proyecto modifica también la naturaleza de la Comisión de Acusaciones. Primero, cambiaría su nombre. Sería Comisión de Investigación, y pasaría constituirse en una comisión constitucional y no legal como actualmente lo es.

¿Qué significa? Que los representantes que la integren sólo pertenecerían a esa comisión. A diferencia de lo que hoy ocurre: los 15 miembros pertenecen a distintas comisiones y paralelamente prestan sus servicios a esta comisión.
 
El proyecto de reforma a la justicia radicado por la Comisión de Acusaciones deberá ser acumulado con los presentados por el Gobierno y el Consejo de Estado.