¿Prosperará el proceso contra Luis Camilo Osorio?

El martes en la mañana, el presidente de la Comisión de Acusaciones citó a los medios de comunicación para anunciar una "decisión histórica".

Se trataba del llamado a indagatoria al exfiscal Luis Camilo Osorio, quien tiene, desde hace algo más de seis años, un voluminoso proceso que ha sido rotulado como "infiltración paramilitar en la Fiscalía".

La decisión, sin duda, es histórica. Porque la Comisión, que muchos quieren eliminar por su inoperancia, en década y media no había adoptado una determinación de fondo en los miles de procesos que adelanta y que por lo general terminan en archivo.

Desde el año 1996, cuando rindió indagatoria el expresidente Ernesto Samper por el 'proceso 8.000' (infiltración de dineros del Cartel de Cali en la política), no se había hecho una diligencia con semejantes implicaciones jurídicas.

Si Luis Camilo Osorio acude, el próximo 28 de marzo, día en que quedó pactada la diligencia, sería la segunda indagatoria que practicaría la Comisión en 16 años.

Primeros obstáculos

Pero esa indagatoria, tan anunciada, podría fracasar. No pasaron más de diez minutos del anuncio cuando el abogado Jaime Granados, apoderado de Luis Camilo Osorio, interpuso un recurso, con el que pretende la preclusión extraordinaria del proceso contra el exfiscal.

Granados tiene dos motivos. Primero, que hace tres años, presentó un escrito de 218 páginas, en el que argumentaba y probaba que el proceso debía ser precluido. Los congresistas investigadores de entonces no dieron respuesta y no calificaron el proceso. La investigación contra el exfiscal Osorio quedó en el olvido.

El otro motivo que argumenta el abogado, y que sustenta el recurso denominado "preclusión extraordinaria", es que los presuntos delitos por los que se denunció a Luis Camilo Osorio, prescribieron. "El fiscal (Osorio) terminó su periodo el 31 de julio de 2005. En virtud de esa culminación, no podía seguir cometiendo el delito de prevaricato por omisión, por el cual se investigaba. La prescripción de este delito es de 6 años y 6 meses", explica Granados, al señalar en su recurso que la acción penal está prescrita desde el 1 de enero de 2012, y que ningún ciudadano puede esperar indefinidamente sin que el operador judicial defina el caso.

Pero hay algo que el hábil abogado deja en el aire. Para él es "por lo menos extraño" que la Comisión de Acusaciones trate de demostrar celeridad en un caso en el que el denunciante fue el ciudadano Gustavo Petro Urrego, actual alcalde mayor de Bogotá.

"Me llama la atención que el proceso se reactiva cuando yo he denunciado a Petro por generar pánico económico, cuando la investigación marcha aceleradamente en contra de él, cuando hay evidencias de la Superintendencia Financiera de que él sí cometió ese delito. Ahora es que empieza a actuar la Comisión de Acusaciones, incluso antes de que empiece a sesionar", dice Granados.

Los méritos de la investigación

Germán Blanco, presidente de la Comisión de Acusaciones, defiende la actuación. Dice que el proceso tuvo "un nuevo impulso". Asegura que los representantes investigadores que ahora están a cargo, los liberales Jorge Gómez (Santander) y Javier Tato Álvarez (Nariño), "encontraron méritos" para llamarlo a indagatoria.

Varias irregularidades denunció Gustavo Petro (en ese entonces representante a la Cámara del Polo), con las que pretendía demostrar que las Autodefensas habían infiltrado la Fiscalía y que Osorio era el responsable.

Dice Germán Blanco que además de la indagatoria, este proceso tendrá otras diligencias.

Primero, el actual alcalde de Bogotá será citado para "ampliar la denuncia". También anunció el llamado a versión de dos testigos, dos exfuncionarios del CTI de la Fiscalía.

Y finalmente le pedirán a la Fiscalía que se compulse las actuaciones que ese organismo adoptó frente a los procesos de varias masacres de paramilitares. Las de La Gabarra (Norte de Santander), El Aro (Ituango – Antioquia), y Mapripán (Meta). Además la calificación de las investigaciones que hizo el exfiscal Osorio frente a procesos contra el general (r) del Ejército Rito Alejo del Río.

La expectativa empezó a crecer por la posibilidad que el exfiscal y exembajador de Colombia en México (en el segundo gobierno de Álvaro Uribe) entregue su indagatoria. El abogado Jaime Granados dice que Osorio "siempre ha estado pendiente de los llamados de la justicia". Blanco espera que la diligencia no se vea afectada y que no tenga que usar "los métodos coercitivos del Estado" para cumplirla.

Pero por razones de procedimiento, la indagatoria no podrá realizarse hasta que la Comisión resuelva los recursos interpuestos por la defensa de Osorio. Por eso, una decisión que fue vendida como histórica, y que demostraría que la célula judicial del Congreso es capaz de entregar resultados, probablemente pueda perder su impulso.