Home

Política

Artículo

Los precandidatos uribistas, entre ellos Francisco Santos (en la imagen), reclaman a la CIDH medidas cautelares por las "calumnias" en su contra del presidente de Venezuela Nicolás Maduro. | Foto: Carlos Julio Martínez

NACIÓN

“Protección internacional” a Uribe, piden sus precandidatos

Denuncian campaña de “criminalización” desde Venezuela y “silencio cómplice” del gobierno colombiano.

5 de agosto de 2013

Los cinco precandidatos presidenciales del Centro Democrático decidieron acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que le otorgue “medidas cautelares” de protección al expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Los hechos que motivaron a Francisco Santos, Óscar Iván Zuluaga, Juan Carlos Vélez, Luis Alfredo Ramos y Carlos Holmes Trujillo a semejante petición no son otros que las reiteradas afirmaciones de “altas autoridades venezolanas”, desde el presidente Nicolás Maduro, el presidente de la asamblea Diosdado Cabello y el ministro Miguel Rodríguez, quienes desde el mes de mayo han reiterado que el expresidente Uribe planea un atentado contra Maduro, e incluso que habría estado detrás de la muerte de un periodista venezolano.

Tales afirmaciones no sólo fueron rechazadas por los cinco precandidatos del Centro Democrático, sino calificadas como una campaña de “criminalización” contra al expresidente Uribe por haber “denunciado al mundo el fracaso del modelo chavista y el apoyo que por muchos años se le brindó, en territorio venezolano, al grupo terrorista de las FARC, responsable de graves violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario”.

Pero también -aseguran los dirigentes uribistas- las medidas cautelares de protección al expresidente son reclamadas por el “silencio cómplice” del gobierno de Juan Manuel Santos, según palabras de Óscar Iván Zuluaga.

En la comunicación dirigida a Emilio Álvarez Icaza, secretario de la CIDH, los precandidatos uribistas dicen que “causa profunda preocupación la actitud complaciente que ha asumido el gobierno colombiano” frente a estos señalamientos, “pues no sólo no ha existido un pronunciamiento de rechazo y reclamo a Venezuela, sino que, por el contrario, estas calumnias se reciben en medio de abrazos y aplausos entre los cancilleres de los dos países”.

También aseguran que ante la ausencia de un sistema judicial imparcial en Venezuela que pueda “poner freno a estos actos”, se ven obligados a que la CIDH adopte las medidas procedentes y necesarias, pues las afirmaciones de Maduro “constituyen un grave riesgo para derechos como la vida e integridad física, la honra y el buen nombre” del expresidente Uribe.

Aunque para muchos el reclamo de los uribistas se puede advertir exagerado, Carlos Holmes dijo que ante esta situación se cumplen los tres presupuestos para que la CIDH acepte esta solicitud. La gravedad de los hechos, el carácter urgente y el eventual daño irreparable.

Al hacer pública esta petición, los precandidatos uribistas no perdieron oportunidad para cuestionar al presidente Juan Manuel Santos.

Francisco Santos le recordó al mandatario que cuando un juez de la provincia ecuatoriana de Sucumbíos ordenó su captura (por el bombardeo al campamento de Raúl Reyes), el entonces presidente Uribe dijo que “sobre su cadáver” iba a permitir que se ejecutará dicha sentencia judicial. “Ese talante de reacción y de lealtad frente a exfuncionarios no está presente en el actual gobierno”.

Óscar Iván Zuluaga, quien reclamó del gobierno colombiano una nota de protesta diplomática por las palabras de Maduro contra Uribe, dice que a “Santos le da miedo” todo lo que tenga relación con Venezuela y no actúa como lo señala la diplomacia en este tipo de circunstancias por temor a que se afecte el proceso de paz con las FARC que se adelanta en La Habana, Cuba. “Santos le entregó las llaves de la paz al presidente Chávez en agosto del 2010. Condicionó la agenda del país a todo cuanto suceda en La Habana”.

Francisco Santos además reclamó a la CIDH que otorgue estas medidas cautelares de la misma manera como se las ha otorgado a jueces y defensores de Derechos Humanos en Colombia. Lo paradójico de este asunto es que muchas de esas medidas de protección del organismo interamericano fueron concedidas mientras Álvaro Uribe era presidente de la República.