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| 10/10/2011 12:00:00 AM

Proyecto para la paz se raja por la izquierda y por la derecha

Si en algo coinciden dos espectros ideológicos opuestos, es en la inconveniencia del proyecto que busca un marco jurídico para la paz. Germán Navas y Miguel Gómez explican por qué la iniciativa es inoportuna y no es la forma para llegar a la paz, tal como lo cree el Gobierno.

El llamado marco jurídico para la paz, el proyecto que busca elevar a rango constitucional la justicia transicional para que Colombia supere el conflicto armado interno, tendrá su prueba de fuego este martes.
 
La Comisión Primera de la Cámara decidirá si avala o no esta iniciativa, que tiene el visto bueno del presidente Juan Manuel Santos, pero que desde muchos sectores, políticos y de opinión, ha sido controvertida por su inconveniencia.
 
El proyecto busca dos objetivos: resolver la crisis de la Ley de Justicia y Paz y despejar obstáculos jurídicos y constitucionales para futuros y eventuales procesos de paz. Por una parte, el gobierno sostiene que, con cuatro condenas en seis años y más de 1.800 de los 4.600 desmovilizados sin rendir versión libre, es urgente ofrecer claridad jurídica a las desmovilizaciones pasadas y futuras.
 
“La alternativa a ese proyecto es que podríamos ver a más de 25.000 personas reintegradas siendo nuevamente reclutadas por las bandas criminales o por la propia guerrilla, como ya en efecto están comenzando a hacer”, dijo el presidente Santos en una reciente defensa que hizo de la iniciativa.
 
Ante la imposibilidad de investigar y juzgar cientos de miles de crímenes cometidos en el conflicto, el proyecto también propone aplicar criterios de selección (al escoger qué casos se investigan y cuáles no) y de priorización, para privilegiar los procesos de los más responsables o los crímenes más emblemáticos.
 
Por otra parte, el proyecto eleva a rango constitucional la justicia transicional, el reconocimiento del conflicto armado interno y autoriza un tratamiento diferenciado para cada una de las distintas partes que hayan participado en las hostilidades, con lo cual incluye a los militares como actores del conflicto y sujetos de los beneficios de la justicia transicional.
 
La redacción del proyecto es tan difusa al punto que muchos, al tratar de interpretar la norma, dicen que el proyecto, más allá de corregir los errores de Justicia y Paz, podría permitirle a desmovilizados de la guerrilla y los paramilitares tener representación política; que los militares condenados por violación a los derechos humanos podrían beneficiarse de la pena alternativa de Justicia y Paz, y así ser sancionados a cinco años en lugar de 40; o que los crímenes de los grupos terroristas podrían quedar impunes, y las víctimas, sin accesos a los derechos de verdad justicia y reparación.
 
Esos son los principales argumentos de quienes consideran que el proyecto es “una caja de pandora”.
 
Lo particular es que frente a este proyecto -bien intencionado, pues su autor, el senador Roy Barreras (la U), lo califica como “la llave para alcanzar la paz”- tanto la derecha y la izquierda del espectro político colombiano coinciden en tales argumentos para oponerse a la aprobación de esta iniciativa.
 
Semana.com dialogó con los representantes Miguel Gómez (La U) y Germán Navas Talero (Polo) y encontró que estos dos políticos, con posiciones tan opuestas, coincidieron en que el mencionado proyecto, en realidad, no es la salida jurídica viable para que cualquier gobierno consiga la paz.
 
“Al toro no lo castran dos veces”: M. Gómez
 
El representante Miguel Gómez, de origen conservador, dice que el llamado marco legal para la paz significaría que el Estado “renunciaría a la acción penal” contra miembros de grupos ilegales que adelanten procesos de desmovilización con el gobierno.
 
“Eso, lo que propone el proyecto, no puede llamarse de otra forma que amnistía e indulto”, dice Gómez, quien advierte que los crímenes de lesa humanidad no pueden ser amnistiados.
 
También califica el proyecto como una ley para los victimarios. “Estoy seguro de que a los paramilitares les encanta este proyecto, porque les permitiría recuperar el poder político. Y a las guerrillas, porque sus cabecillas jamás van renunciar a tener espacios de representación política”.
 
Para Gómez el proyecto también envía “un mensaje difuso” pues daría a entender que “dejaremos de perseguir a ‘Alfonso Cano’ y suspender las penas impuestas por los tribunales judiciales”.
 
“El proyecto debilita a las Fuerzas Armadas. Porque el gobierno da la orden a los militares de perseguir a los terroristas, captúrenlos, que después nosotros los amnistiamos. Ese es un mensaje de debilidad”, considera.
 
Gómez también explica que este proyecto no es “la llave” para conseguir la paz, y sus alcances lo único que conseguirán es exponer y poner en la mira a Colombia ante la Corte Penal Internacional. Y asegura que esta ley es inconveniente porque las guerrillas no tienen, o no han mostrado, voluntad para hacer la paz. “Al toro no lo castran dos veces. A nosotros ya nos castraron en el Caguán”.
 
“Este no es el camino para la paz”: Germán Navas Talero
 
Para el representante Germán Navas Talero este proyecto trae propuestas tan amplias y tan difusas que por esa vía se pueden ‘colar’ muchos victimarios, delincuentes comunes y narcotraficantes, y eso “en nada va a ayudar a conseguir la paz”.
 
Por ejemplo, dice Navas, el proyecto habla de que pueden beneficiarse de la justicia transicional los miembros de grupos armados al margen de la ley. Y con esa redacción, señala, hasta las badas criminales, los sicarios y la delincuencia común se podrían beneficiar.
 
“Ese término da para todo. En ningún lugar del proyecto está la prohibición de que bandas criminales se beneficien de la justicia transicional”, explica Navas.
 
Para este representante del Polo los procesos deben conceder carácter político a los actores del conflicto, y circunscribir los procesos de paz a quienes hayan incurrido en cuatro delitos: rebelión, sedición, conspiración y asonada.
 
Pero asegura que las guerrillas, al incursionar en el negocio del narcotráfico y en delitos de lesa humanidad, perdieron su oportunidad de ser considerados delincuentes políticos.
 
Por eso considera inoportuno el proyecto. “Las guerrillas dejaron de ser rebeldes y los paramilitares no son sediciosos, pues la sedición es atacar al Estado, no suplir sus falencias”. Para Navas este proyecto sólo va a beneficiar a los victimarios, los paramilitares, las bacrim y las guerrillas.
 
Germán Navas también cuestiona el mensaje que enviaría el Congreso si decide aprobar este proyecto. Un mensaje, que a su juicio, redunda en la tesis que Colombia carece de una coherente política en materia criminal.
 
“Este Congreso, por un lado, propone aumentar las penas para conductores borrachos, y hasta la cadena perpetua para quienes atenten contra menores. Pero por otro lado se cambia la torta y no castiga a quienes delinquieron. Si se quiere hacer la paz, este no es el camino”.
 
El proyecto estuvo a punto de hundirse la semana pasada, pero fue salvado cuando varios representantes pidieron un lapso mayor de tiempo y consiguieron el aplazamiento del proyecto.

Pero este martes 11 de octubre no habrá otra salida. El Congreso, los partidos políticos, deberán fijar una posición. Y ante el cúmulo de dudas en todos los sectores, el presidente Juan Manuel Santos se vio obligado a convocar a la Comisión Primera a una reunión extraordinaria.
 
Allí Santos insistirá en que necesita de esos mecanismos para explorar eventuales escenarios de paz. Los congresistas, por su parte, explicarán por qué es inconveniente el proyecto.
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