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| 5/24/2012 12:00:00 AM

"Que el gobierno no haga los consejos de ministros en el Congreso": Comisión de Acusaciones

Germán Blanco, presidente de esa Comisión, dice que dará la pelea en la Cámara de Representantes por mantener la célula de investigación del Congreso. Le exige al Gobierno que no ejerza presión con los ministros de Estado en las votaciones.

La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, reconocida en el país por su histórica inoperancia, es otra de las instituciones que tiene sus días contados, según la forma como el Senado aprobó la reforma a la Justicia.

Germán Blanco (P. Conservador), su actual presidente, también inició el lobby respectivo para que la Cámara de Representantes modifique la decisión del Senado y decida mantenerla vigente.

Blanco confía en que, como la Comisión está en el seno de la Cámara, y cinco de sus miembros tendrán que votar el proyecto en su séptimo debate, la célula judicial del Congreso se fortalezca, pero no se suprima.

El Senado decidió reemplazar la Comisión por otra integrada por magistrados que investigarán conductas irregulares de los aforados como el presidente de la República, el fiscal general, el procurador, el contralor y magistrados de las altas Cortes, pero sin ninguna función de carácter judicial.

El presidente de esta cuestionada Comisión tiene un temor. Que el Gobierno imponga su voluntad con la presión que puedan ejercer los ministros en el momento de las votaciones. Le reclama al Ejecutivo respetar la autonomía e independencia en las decisiones del Congreso.

SEMANA.COM: Ustedes llegan eliminados según el sexto debate de la reforma a la Justicia. ¿Qué van a hacer para revertir esa decisión?

Germán Blanco: Al proyecto le faltan dos debates. El Senado consideró que la Comisión de Acusaciones de la Cámara no debe existir, pero en la Cámara confiamos en que el criterio sea absolutamente distinto. Venimos reuniéndonos con las bancadas de los distintos partidos, demostrándoles que la cura no puede ser peor que la enfermedad.
 
Si bien la Comisión de acusaciones se debe modificar para ser más eficiente, no creemos que esa nueva comisión para aforados sea la solución. Porque genera más recursos para su funcionamiento y se dedicaría solamente a juicios de tipo político. Perderíamos como Congreso de la República facultades disciplinarias y penales, y esto no es más que afectar el sistema de pesos y contrapesos que existe en las democracias de todo el mundo, y estaríamos entregando, como congresistas, una función judicial que es fundamental en los Estados de Derecho.

SEMANA.COM: En la Comisión Primera hay cinco representantes que hacen parte de la Comisión de Acusaciones, pero ellos tendrán que actuar como les ordenen sus respectivos partidos políticos. ¿Cree que podrán defender una postura independiente?

G.B.: Los cinco miembros de la Comisión Primera, que a su vez pertenecen a la Comisión de Acusaciones, han sido enfáticos en decir que defienden la existencia de la Comisión de Acusaciones. No creemos en su supresión sino en su fortalecimiento, es la pelea que estamos dando. Esperamos que en el séptimo debate ese criterio sea atendido, a diferencia del Senado que no quiso escucharnos.

SEMANA.COM: Pero ya hay un supuesto 'acuerdo de poderes' en torno a la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura y la Comisión de Acusaciones. ¿Ve posible que en la Cámara se modifique ese acuerdo?

G.B.: El famoso acuerdo de conciliación del Gobierno, el Congreso y el poder judicial no es tal. Basta que les pregunten a los magistrados del Consejo de Estado, que indaguen en las altas Cortes para conocer que el Ejecutivo, por su cuenta, presentó un proyecto de reforma a la justicia que más bien parece una reforma política.
 
En esa mesa de concertación no hubo unanimidad. Ni entre los magistrados de las altas Cortes, ni en el Congreso, que está dividido absolutamente en cada uno de los artículos de la reforma. Ahí no hay plena conciliación. El criterio de los congresistas en la Cámara va a ser de gran altura y va a permitir que se mantenga esa herramienta que se ha tenido por más de 60 años, a pesar de su inoperancia, porque lo que necesita la Comisión de Acusaciones son instrumentos, que hoy no los tiene, para entregar verdaderos resultados.

SEMANA.COM: La semana pasada, un 'opinador' como el expresidente Álvaro Uribe insinuó que el Gobierno impuso una artillería burocrática para aprobar algunos proyectos. ¿Cree que eso se va a ver en los próximos debates de la reforma a la Justicia?

G.B:
A mí me da temor que, como ha sucedido con otros proyectos, lleguen todos los ministros a la plenaria como si se tratara de un consejo ministerial. No porque con sus palabras, o con sus acciones repriman a los congresistas, porque no lo hacen. Pero en proyectos tan importantes para el Congreso, esos Consejos de ministros no se deben hacer en el Capitolio el mismo día de las votaciones.
 
Los congresistas debemos ser tenidos en cuenta en el momento oportuno. Los integrantes de la Comisión de Acusaciones nunca hemos sido tenidos en cuenta para participar en ninguna de las discusiones que se tuvieron en todo el proceso de la reforma a la justicia. Por eso no vayan a pretender que por la presencia de esos ministros vamos a modificar la forma que pensamos y votamos.
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