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El PIN, otro de los partidos políticos que aseguró no tener responsabilidades en la reforma a la Justicia. | Foto: Ilustración Javier de la Torre / SEMANA

CONGRESO

¿Qué pasó con el PIN en el escándalo de la reforma a la Justicia?

Paradójicamente, el partido político más cuestionado e indeseado en el Congreso no fue salpicado por la reforma a la Justicia. No hizo parte de la conciliación y asegura que si votó a favor fue por su "fidelidad" al gobierno de Santos.

29 de junio de 2012

Está claro que los cinco partidos políticos de la Unidad Nacional (La U, Conservador, Liberal, Cambio Radical y Verdes) tuvieron que decirle al país cuáles fueron sus responsabilidades en el descalabro de la reforma a la Justicia. Y no cabe duda de que el Polo se reivindicó como el que había alertado de forma temprana sobre el fracaso del proyecto. A la vez, el MIRA presentó las actas para certificar que había votado en contra de la conciliación de la reforma. Pero, ¿qué pasó con el PIN, uno de los partidos más cuestionados por la opinión pública?

Pues que guardó silencio.

Y lo hizo porque, de momento, no se le encuentran responsabilidades directas en este escándalo. De momento, lo único que se le puede endilgar al Partido de Integración Nacional es que, durante ocho debates y en la conciliación del proyecto, votó a favor de la reforma. Ahora bien, el PIN atribuye ese voto a una razón política: su “fidelidad” al gobierno de Juan Manuel Santos.

Incluso, durante las sesiones extras lo reivindicaron. En la constancia que radicaron en las plenarias del Senado y la Cámara, sus integrantes recordaron que “hemos sido una bancada firme, aunque no reconocida dentro de la Unidad Nacional (…)que ha apoyado al Gobierno nacional en todas sus iniciativas, confiada en la buena voluntad que tiene el Presidente de la República en pro de la garantía de los intereses de los colombianos”.

Pero el PIN no tuvo ninguna participación en la famosa Comisión de Conciliación, señalada por el propio Santos como la principal responsable de haberle colgado “verdaderos micos” a la reforma.

Por eso, este partido aprovechó para librarse de cualquier responsabilidad al señalar que “fuimos proscritos en la Comisión de Conciliación, a sabiendas que como ponentes en los ocho debates debíamos tener representación en esa comisión”.

Esa comisión, nombrada por los presidentes del Senado y la Cámara, quedó conformada por 12 congresistas que representaban a La U, P. Conservador, P. Liberal, y Cambio Radical. Los ponentes del PIN en los ocho debates, el representante Juan Carlos Salazar y el senador Hemel Hurtado, quedaron excluidos. Un argumento más para librarse de cualquier responsabilidad directa.

En las sesiones extras en las que se hundió la reforma a la Justicia, el PIN tuvo un rol secundario. Las noticias las producían los partidos de la Unidad Nacional respecto a las posiciones que asumirían.

Y, además, el PIN logró demostrar que, en los ocho debates, los congresistas del partido que tenían un conflicto de interés en las nuevas normas diseñadas en la reforma a la Justicia, presentaron impedimentos, los cuales fueron negados por ser improcedentes para los llamados actos legislativos. Este partido, integrado por ocho senadores y 11 representantes a la Cámara, tiene en sus filas congresistas que han sido objeto de señalamientos como Héctor Julio Alfonso (hijo de la empresaria Enilce López ‘La Gata’), Doris Vega (esposa del exsenador Luis Alberto Gil, condenado por parapolítica), Nerthink Mauricio Aguilar (hijo del exgobernador de Santander Hugo Aguilar, detenido y llamado a juicio por parapolítica).

El origen político del PIN, en el que tuvo parte el hoy detenido exsenador Juan Carlos Martínez, ha sido la razón de los señalamientos. Pero paradójicamente, en el escándalo político de la reforma a la Justicia, encontró la fórmula para salir sin ser salpicado.

Lo único cierto es que mientras los demás partidos políticos tenían la mente puesta en las sesiones extras, el PIN estaba concentrado en otra votación: las elecciones atípicas del Valle del Cauca, donde se juega el poder que tenía con el destituido gobernador Héctor Fabio Useche.