Sábado, 10 de diciembre de 2016

| 2010/05/06 00:00

¿Qué sigue ahora?

Con la destitución del gobernador Juan Carlos Abadía el futuro del Valle podría seguir en manos del ex senador Juan Carlos Martínez Sinisterra, hoy preso por Parapolítica.

¿Qué sigue ahora?

Parafraseando un poco en torno al garrotazo político que acaban de recibir los vallecaucanos por cuenta del fallo de la Procuraduría en el que destituyó e inhabilitó por diez años al gobernador por participación indebida en política, podría decirse que el futuro de la región se definirá no sin la participación del ex senador Juan Carlos Martínez Sinisterra, quien hoy se encuentra detenido en la carcel La Picota.

La razón es sencilla. Según la Ley, el 30 de junio próximo es la fecha límite de los 18 meses restantes del periodo para el cual fue elegido un mandatario y que en la eventualidad de una insubsistencia del mismo, se debe convocar a nuevas elecciones.

Esto quiere decir que si el fallo es ratificado por la sala disciplinaria del Ministerio Público después de esa fecha, el reemplazo del gobernador tendrá que escogerse no por votación popular sino de una terna que se le presentará al presidente Álvaro Uribe. La terna debe ser elaborada por el movimiento político a través del cual se lanzó Abadía.

En efecto, Abadía fue avalado mediante firmas las cuales recolectó en un movimiento al que denominó ‘Por un Valle Seguro’ y los tres delegados de esa Organización eran Luis Felipe Campo Saavedra, primo del gobernador; Carlos Hernán Rodríguez, actual contralor del Valle, y el ex senador Juan Carlos Martínez Sinisterra, quien para entonces era líder de Convergencia Ciudadana en el Valle.
 
Como están las cosas y dada la estrecha relación de Abadía con el polémico ex senador Martínez Sinisterra, hoy preso en la cárcel La Picota y a la espera de un juicio ante la corte Suprema de Justicia, CSJ, por sus presuntos vínculos con paramilitares y narcotraficantes del sur occidente colombiano, nadie en la región duda que él será el encargado de formular la terna.

Cabe recordar que Martínez Sinisterra es ahijado político de Carlos Herney Abadía, padre del gobernador y bajo su amparo logró crecer electoralmente hasta llegar al Congreso en 2002 recogiendo las banderas del Movimiento Popular Unido, MPU, fundado por Abadía padre.

SEMANA consultó con expertos en el tema y aseguraron que si bien el ex congresista está preso, “no ha perdido sus derechos políticos y como tal puede participar en la elaboración de la terna”, dijo una procuradora del Valle, quien pidió omitir su nombre.

Y es que en materia política Abadía padre e hijo no dan espacio a la improvisación. Prueba de ello es que desde el pasado martes 4 de mayo en vísperas de conocerse el fallo de la Procuraduría, el gobernador pidió vacaciones y dejó como encargado a Raimundo Tello, su secretario jurídico.

Esa jugada es la que muchos en la región ya vaticinan como una manera anticipada de ternar el nombre de Tello como seguro reemplazo de Abadía, al primer cargo del departamento.

De hecho, con el simple encargo que ya se le asignó a Tello, no sólo se postula su nombre, sino que además se deja claro que él ya no será candidato en el 2011, puesto que lo cobijaría a partir de octubre la inhabilidad de un año en la que incurren los aspirantes a cargos de elección popular.

Si la publicación del fallo por parte de la Procuraduría paralizó al departamento y durante seis días tuvo en ascuas a los vallunos, la ratificación de ese mismo fallo será un tema de infarto por cuenta del reloj.

Analistas locales creen que una eventual elección popular en nada cambiaría el poder político que actualmente ostenta tanto el ex senador Martínez y los Abadía. Ese poder lo corroboraron en las pasadas elecciones al Congreso al convertirse en la segunda fuerza política de la región a través del polémico Partido de Integración Nacional, PIN, desplazando al tradicional partido Conservador.

Pero lo más grave es que en medio de este pulso de poderes, la interinidad administrativa a la que quedará abocado el Valle no será un buen síntoma y menos ahora que la gobernación se alista a invertir 650.000 millones de pesos de vigencias futuras que amarró durante los próximos diez años.

Esa es quizás la razón más fuerte que motivó a los líderes gremiales del departamento a lamentar la destitución del gobernador; porque para ellos, más allá de un hecho político lo que acaba de ocurrir es muy grave para el futuro del Valle.

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