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A la izquierda el Presidente de la Cámara, Germán Varón Cotrino, a la derecha el representante conservador, Santiago Castro.

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¿Quién hundió el proyecto para prohibir que privados cobren impuestos?

Un trascendental proyecto que impide que terceros asuman una función esencial del Estado, como hoy ocurre en varias ciudades del país, se hundió en el Congreso. Un 'mico' por el que nadie responde enterró la importante iniciativa.

César Paredes, periodista de Semana.com
8 de mayo de 2009

El representante y presidente de la Cámara Germán Varón, del Partido Cambio Radical respondió a las afirmaciones que hizo el representante Santiago Castro, del Partido Conservador, quien lo acusó de ser el principal responsable de que el proyecto de Ley que busca prohibir que el recaudo de los impuestos quede en manos de privados se hubiera hundido. Dijo que Castro mentía al atribuirle la responsabilidad del archivo del proyecto.

Las aseveraciones de Castro fueron publicadas por Semana.com en el artículo “Detrás de este proyecto se mueven demasiados intereses”. En la entrevista el representante, quien fue el padre del proyecto, aseveró que Varón Cotrino se había mostrado contrario al proyecto “desde el principio, cuando nombró los ponentes, nombró a cinco que en su mayoría estaban en contra de la redacción en Senado”.

El proyecto de Ley es de especial trascendencia para impedir que empresas concesionarias cobren el dinero de los contribuyentes en las administraciones locales. No obstante, se hundió en la Cámara tras el debate de conciliación después de haber pasado por cuatro debates. Tras su hundimiento el Ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga dijo que “este es un proyecto medular… Si el Estado no es capaz de recaudar los tributos ¿en qué estamos? Tenemos que recuperar el monopolio del Estado en el recaudo de impuestos”. Por esta razón anunció que iba a solicitar a la Cámara la reapertura de la votación del proyecto de conciliación.

Debido a la falta de un proyecto para que el Estado sea el único encargado del cobro de los impuestos se han presentado problemas en Cali y Barranquilla, entre otras ciudades. En estas ciudades el manejo de los impuestos por parte de empresas privadas ha estado salpicado por denuncias de corrupción, sobrecostos, ineficiencia y mal manejo de información privada.

El argumento que dio lugar al entierro del proyecto fue que en los debates del Senado se incluyó un parágrafo que decía que “los contratos de concesión de infraestructura vial o los de servicios públicos no son objeto de la presente Ley”.

En respuesta a las declaraciones del representante Castro, el presidente de la Cámara dijo que lo “que hay que preguntarle al representante conservador es por qué apareció este parágrafo que no fue discutido ni en la plenaria ni en la Comisión Primera de la Cámara”. También se preguntó “¿por qué el representante Castro y el Ministro de Hacienda no fueron a defender el proyecto del día de la conciliación?”

Las implicaciones del 'parrafito'
La suspicacia por la aparición del parágrafo de la discordia en un proyecto de Ley de esta naturaleza despertó las suspicacias del Partido Liberal. El representante Germán Olano, de ese partido, fue uno de los que estudió las implicaciones que podía tener la mencionada excepción de los concesionarios que tienen contratos de infraestructura y de servicios públicos.

En su criterio el parágrafo se presta para proteger los contratos que empresas de alumbrado público tienen en el cobro del servicio. “El cobro del alumbrado público, según una sentencia de la Corte Constitucional y otra del Consejo de Estado, es considerado un impuesto. Entonces no tiene sentido que al lado de un propósito noble como es proteger el cobro de los impuestos se le cuelgue una medida que protege unas empresas que en este momento tienen contratos para el cobro del alumbrado”, advirtió Olano.

La preocupación del representante liberal no es infundada, pues en las regiones ha habido denuncias por irregularidades en el cobro del alumbrado público. En 2004 SEMANA publicó el artículo Corto Circuito en el que advertía el problema de esas concesiones. A la fecha las cosas no han cambiado mucho.

Olano, sin embargo aclaró que una cosa era el servicio de luz, que es un servicio público que puede ser prestado por empresas privadas y otra muy distinta el alumbrado público que fue elevado a la categoría de impuesto.

El proyecto contiene tres puntos centrales, en los que tanto Olano como Castro y Varón están de acuerdo:

Primero: prohibía que el recaudo de impuestos los hicieran empresas particulares. En el Senado la expresión “particulares” fue corregida por “terceros”. La razón para la corrección es que una administración podría entregar el recaudo de los impuestos a una entidad descentralizada del Estado y esta podía entregarlos a terceros. Entonces con la prohibición de la entrega del cobro de los impuestos a “terceros” queda restringida esta posibilidad.

Segundo: El proyecto advertía que las concesiones actuales debían ser revisadas y monitoreadas por los organismos de control. Y en tercer lugar, el proyecto prohibía la posibilidad de renovar las concesiones vigentes.

Para los opositores al parágrafo, exceptuar las concesiones de servicio público era exceptuar las empresas que cobran el alumbrado público (en muchos casos privadas) de estos tres puntos centrales de la iniciativa.

El presidente de la Cámara, el representante Varón, radicó un nuevo proyecto al otro día de que se hundiera la iniciativa en la conciliación. El texto que radicó era el mismo que salió de la Cámara: Prohíbe entregar la administración de los tributos a “particulares”.
En la entrevista con Semana.com Santiago Castro denunció que ese proyecto tenía un mico peor porque los municipios podían hacer una triangulación, “podían entregar la administración de los tributos a una entidad de su dependencia descentralizada y esta sí podía entregarla a un tercero”. Que lo apropiado era poner “tercero” en lugar de “particular”.

El representante Germán Varón reconoció que había sido un error de buena fe. Explicó que al pedirle a su secretario que radicara nuevamente el proyecto tomó el texto que había salido de la Cámara y lo copio y lo pegó sin advertir que hacía falta esa corrección. Dijo a Semana.com “yo me comprometo a defender la propuesta que impide el manejo de los impuestos de terceros. Quiero que eso quede claro.”

El representante Castro calificó como positiva la reacción de Varón y dijo que esperaba que por fin este proyecto pudiera ser aprobado para ahorrarle mucho dinero al Estado. No obstante insistió que detrás de este proyecto, que ha sido archivado dos veces, que en una de ellas duró tres meses engavetado hay muchos intereses. Mientras tanto el país sigue sin una Ley que prohíba explíctimente que las empresas privadas cobres los impuestos de los contribuyentes y tengan sus datos privados, que además podría ahorrarle, según Castro, un billón de pesos al Estado por el pago que tiene que hacer de comisiones con las concesiones vigentes.

La pregunta que sigue rondando es ¿quién metió el parágrafo de la discordia? ¿Lo haría con la intención de que el proyecto se hundiera?