Reclutamiento de menores, ausente en los diálogos con las FARC

Las críticas que este martes se escucharon a la agenda de las negociaciones entre Gobierno y FARC para poner fin al conflicto se concentraron en un tema concreto: el reclutamiento de menores.

Congresistas de varios partidos le pidieron al Gobierno que la situación sobre los menores que han sido reclutados para la guerra sea aclarada por las FARC en los diálogos de paz, al considerar que un punto determinante para poner fin al conflicto es la condición para la guerrilla de acabar con esta conducta.

Una de las más críticas fue la representante a la Cámara Victoria Eugenia Vargas (P. Liberal), quien asegura que “alrededor de 18.000 menores de edad pertenecen a las filas de los grupos armados ilegales”.

Vargas pidió al Gobierno que el primer tema de la agenda de diálogo sea la desvinculación de los menores de edad que han sido reclutados forzosamente. Además, sostiene que el 50 por ciento de los miembros de estos grupos ilegales ingresó a las filas de la subversión cuando tenían entre 10 y 12 años.

La congresista, en un debate en la Comisión Primera de la Cámara, sostuvo que sólo el 2 por ciento de los casos de reclutamiento de menores de edad es denunciado ante las autoridades correspondientes. “Anteriormente la mayoría de casos se registraba en las zonas rurales, ahora más del 17 por ciento de los menores que ingresan forzosamente a las filas de estas agrupaciones pertenecen a las áreas urbanas”, dice la parlamentaria.

La exigencia fue respaldada por el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, quien alertó sobre el riesgo de reclutamiento ilegal de menores de edad en la cuenca del río Guaviare por parte de las FARC.

Según el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo, se han recibido informaciones que advierten que presuntos miembros de las FARC “pretenden reclutar a los niños, niñas y adolescentes escolarizados y no escolarizados en la zona rural del corregimiento Barrancominas, Guainía, y lo mismo en el municipio Cumaribo, en Vichada”.

El defensor del Pueblo advierte la situación de riesgo de reclutamiento en que se encuentran los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes que habitan en la cuenca del rio Guaviare, debido a la presencia de las FARC en el centro poblado del corregimiento departamental Barrancominas, en las inspecciones de Mapiripana, Sapuara y Arrecifal (Guainía) y en algunas comunidades del municipio de Cumaribo (Vichada).

De acuerdo con la información recaudada por la Defensoría del Pueblo, se conoció que presuntos integrantes del frente 16 de las FARC están realizando una campaña de reclutamiento con el propósito de fortalecer su estructura armada.

“El día martes 28 de agosto del 2012, establecieron contacto con 12 adolescentes y jóvenes, de entre 14 y 17 años de edad, que están dentro del sistema escolar y quienes viven en difíciles situaciones económicas, con la intención de vincularlos a las filas de la subversión”, explicó Otálora.

La Defensoría del Pueblo, ante la alta probabilidad de que las FARC materialicen actos de reclutamiento de adolescentes y jóvenes en el corregimiento departamental de Barrancominas (Guainía) y en algunas comunidades rurales de la cuenca del río Guaviare, solicitó de las autoridades, especialmente a la Vicepresidencia y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la activación de la ruta de protección en prevención, para disminuir los factores de riesgo y de vulnerabilidad que induzcan a los niños a vincularse con actividades ilícitas e ilegales o a integrarse a grupos armados ilegales.

Otálora también hizo un llamado a los grupos armados al margen de la ley “para que no involucren a la población civil en el conflicto armado y, en especial, a garantizar que los niños, niñas y adolescentes sean protegidos de todo tipo de agresión contra sus derechos fundamentales, y evitar el reclutamiento y la utilización ilícita de los menores de edad”.

El SAT de la Defensoría del Pueblo, recordó Otálora, en los recientes dos años ha advertido 72 situaciones de riesgo de reclutamiento y utilización ilícita de menores en 138 municipios de 20 departamentos del país. Las FARC son responsables de 56 de las 72 situaciones de riesgo advertidas. Les siguen las estructuras armadas ilegales, entre las cuales se encuentran las que se autodenominan los Paisas, los Urabeños o Autodefensas Gaitanistas de Colombia, El Ejército Popular Antiterrorista de Colombia (ERPAC), las Águilas Negras y los Rastrojos, que han sido identificadas como fuente de riesgo en 55 casos; el ELN es fuente de riesgo en 15 de las situaciones.

Los principales departamentos donde el SAT ha identificado el riesgo por reclutamiento de menores son Meta, Caquetá, Guaviare, Vichada, Guainía, Putumayo, Arauca, Norte de Santander, Nariño, Cauca, Córdoba, Valle del Cauca, Chocó, Antioquia, Bolívar, Sucre, Tolima y Huila.

En el mismo debate, el Gobierno reveló que en el presente año 110 menores se han desmovilizado de las FARC y que desde el año 2002, 3.400 menores abandonaron las ramas.

Esa información fue socializada por el propio ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, quien además advirtió que así como las FARC, el ELN y las bandas criminales han recurrido a esta práctica.

Pinzón dijo que los grupos ilegales ofrecen dinero, ropa, teléfonos celulares y hasta recurren a “la seducción y el enamoramiento de menores”.

"Lo que no se puede desconocer es que aquí hay unas organizaciones terroristas que hacen actividades terroristas y que hay unas organizaciones criminales que hacen actos criminales y que encuentran en los menores una opción ideal para vincularlos a la actividad criminal, calculada y pensada por sus jefes y por sus líderes, quienes tienen la intención de causar daño", dijo al admitir que también hay causas sociales que ponen a los menores en situación vulnerable ante el reclutamiento forzoso e ilegal.

Pero el otro ángulo del debate, y en el marco de las negociaciones de paz, el Gobierno tampoco tiene claridad sobre la suerte de los menores que se desmovilicen si el proceso concluye exitosamente.

Porque, según lo establece la Ley de Víctimas, los menores de 18 años que estén en las filas de grupos armados ilegales serán considerados víctimas del conflicto, pero la norma no establece si ellos deben ayudar a los presupuestos de verdad, justicia y reparación de las víctimas.

Diego Molano, director del ICBF, manifestó que “eventualmente” si se desmovilizan menores guerrilleros en el marco de un proceso de paz, “tendrán derecho a todas las medidas que aplica la Ley de víctimas, de reparación, de no repetición”, pero sólo en la mesa de negociación se discutirá si deben declarar contra sus captores o tomarse responsabilidades de los delitos que cometieron en las filas de la subversión.

Molano tampoco se atrevió a mencionar una cifra sobre el número de menores que actualmente están en las filas de los grupos ilegales, pero dijo que el ICBF tiene bajo protección a 4.000 niños de entre 14 y 17 años.

Durante el debate varios congresistas recordaron que el marco para la paz que aprobó el parlamento el semestre pasado, y que significa el marco jurídico para poner fin al conflicto y garantizar la dejación de armas por parte de las guerrillas, exige dos condiciones para ser activado: el fin del secuestro y del reclutamiento de menores.