Miércoles, 7 de diciembre de 2016

| 2008/11/12 00:00

Reconocerían víctimas sólo por dos años más

El único artículo de la Ley de Víctimas aprobado por la Comisión I de la Cámara estipula que apenas dará dos años, después de aprobada la ley para que una víctima se acredite. Después nadie será reparado como tal.

Representante liberal por el putumayo, Guillermo Rivera Flórez Foto: Foto: Daniel Reina

Tras una larga jornada de debate en la que la mayor parte del tiempo se fue en discutir los impedimentos de dos congresistas, fue aprobado solo el primer artículo de los 131 que contiene la Ley de Víctimas, en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. Después de más de cuatro horas de reunión, se levantó la sesión que continuará este miércoles en la mañana.

El primer artículo de la ponencia del Partido Liberal, que reconoce a las víctimas presumiendo su buena fe, es decir que no necesitan acreditarse como tales para poder acceder a la reparación integral, fue derrotado por 22 votos a 11.

En su lugar, ganó una artículo propuesto por el gobierno que aunque dice que el Estado reconoce el principio de buena fe de las víctimas, estipula que éste fijará los requisitos para que las víctimas se acrediten como tales. Además, el artículo aprobado da un plazo de dos años para que las víctimas se inscriban y accedan a la reparación.

“La aprobación de este artículo es inconstitucional, es una barbaridad”, dijo el representante liberal Guillermo Rivera, quien es el ponente de la iniciativa que ha sido discutida y construida conjuntamente entre varios congresistas, analistas y representantes de las víctimas.

Rivera explicó a Semana.com que es contradictorio que por un lado se acepte el principio de buena fe de las víctimas y por el otro el Estado sea quien fije las reglas de juego para que una víctima se acredite. También establece un máximo de dos años a partir de que entre en vigencia la Ley, el plazo para que las víctimas accedan a la reparación.

Hasta ahora el gobierno ha expresado su oposición a que las víctimas accedan a la reparación con una prueba sumaria (no necesariamente judicial), como lo había planteado la ponencia de los liberales. Previo al debate el Ministro del Interior, Fabio Valencia Cossio, dijo que había un “altísimo porcentaje de personas que quiere aprovechar y abusar de las condiciones expuestas en esta ley para fraudulentamente presentarse como víctima de la guerra en Colombia".

En otras ocasiones el gobierno ha insistido en que a las víctimas se les debe exigir una acreditación judicial y que no se debe aceptar dentro del universo de víctimas a las de agentes del Estado, argumentando que estas no se pueden comparar con las víctimas de grupos ilegales.

Para Patricia Buriticá, integrante de la Comisión Nacional de Reparación, no adoptar el principio de la buena fe es contraproducente. Pedir una prueba judicial “es invertir el principio de la buena fe en la víctima. Este principio, que es acogido internacionalmente, consiste en que la víctima no tiene que ponerse a recabar pruebas para demostrar su condición”, dijo Buriticá a Semana.com.

A la pregunta sobre cómo impedir que otras personas que quieran hacerse pasar como víctimas no puedan hacerlo, Buriticá respondió que era el Estado el que debía verificar la información que presente la víctima, no la víctima, que en la mayor parte de los casos es de escasos recursos, la que debía demostrar que estaba en esa condición. “Imagínese que una de las madres de Soacha, tenga que ponerse a demostrar judicialmente que efectivamente su hijo fue asesinado por un militar; que tenga que contratar un abogado y esperar un juicio para poder tener derecho a la reparación”, dijo.

Pero el artículo aprobado no solo es polémico por el punto que se refiere a la buena fe de la víctima. El punto que se refiere al plazo de dos años después de promulgada la ley, para que una víctima acceda a la reparación, también generó el rechazo de los representantes de las víctimas y de Rivera.

“Qué va a pasar si después de que pasen los dos años de aprobada la ley, una persona es victimizada por un grupo ilegal, la guerrilla o los agentes del Estado. ¿No va a poder acceder a la reparación?”, preguntó Rivera.

El debate de la Ley de Víctimas continuará este miércoles en la Comisión Primera de la Cámara. El pulso estará centrado en otros puntos que no son de agrado del gobierno como el universo de víctimas, que en la ponencia liberal incluye a las de víctimas de agentes de Estado.

El gobierno se ha negado a reconocer que las víctimas de agentes de Estado merecen el mismo trato y tiene los mismos derechos que las de grupos ilegales, a pesar de que suscribió un documento de la ONU que dice que víctima es toda persona a la que se le han vulnerado sus derechos independientemente de quién y en qué situación jurídica está su victimario.

Esta actitud del gobierno, en medio del escándalo de las ejecuciones extrajudiciales por parte de miembros de la Fuerza Pública, para algunos analistas y para las víctimas, es excluyente. Algunos han dicho que sería mejor que no se aprobara una Ley con estas características.




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