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| 5/11/2011 4:00:00 PM

Reducen a 25 años el término de reserva de documentos de inteligencia

La plenaria de la Cámara aprobó en segundo debate el proyecto de ley de inteligencia, pero en esta instancia se redujo uno de los objetivos del gobierno, blindar los documentos clasificados por más de 50 años.

El gobierno avanzó en la aprobación de la ley de inteligencia. Este miércoles, la plenaria de la Cámara de Representantes dio segundo debate al proyecto que ahora pasará a la jurisdicción del Senado.
 
Sin embargo, en este segundo debate, el gobierno tuvo que ceder en una de sus pretensiones iniciales: el término de la reserva de los documentos clasificados y de inteligencia.
 
El gobierno propuso que todos los documentos e información recopilados por labores y tareas de inteligencia estuvieran cobijados por una reserva de 40 años. Incluso con la potestad que el presidente de la República ampliara este término por 15 años más, cuando esa información se tratara de la lucha contra los grupos armados ilegales.
 
Pero la plenaria de la Cámara acogió las apreciaciones del Polo Democrático, el Partido Liberal y el Partido Verde que calificaron de excesivo el término de reserva. Y aunque el proyecto de ley seguirá blindando la información clasificada, sólo tendrán reserva de 25 años.
 
En términos prácticos, dijo el representante del Polo Iván Cepeda, quitar 15 años de reserva significa que el país conocerá toda la verdad sobre las irregularidades de las ‘chuzadas’ en el DAS en 25 años y no en 40, como estaba en el proyecto que presentó el gobierno.
 
Lo que sí se mantuvo es la posibilidad de que el presidente de la República, en casos muy específicos, extienda en 15 años el término.
 
Según el gobierno, sólo la información sobre el conflicto armado interno podría estar sujeta a la ampliación de la reserva, y aquella que busque proteger a agentes de inteligencia encubiertos que hayan conseguido infiltrar organizaciones ilegales como las Farc o el ELN.
 
El ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, a su regreso de Francia, encontrará esta novedad en el texto inicial que había presentado al Congreso.
 
Según lo aprobado en segundo debate, serán sancionados, y con penas más elevadas, los servidores públicos que manejen información privilegiada y la filtren o trafiquen con ella. Las penas irían de cuatro a ocho años de prisión.

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